por Redacción NewsDigitales
Los gremios universitarios volvieron a movilizarse este martes para reclamar al Gobierno nacional la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, en una jornada que tuvo como escenario principal a la Plaza de Mayo.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) llevó adelante clases públicas y actividades abiertas a la comunidad frente a la Casa Rosada, con la participación de docentes, estudiantes y autoridades de las distintas facultades.
El reclamo también estuvo dirigido al cumplimiento de los fallos judiciales que ordenaron al Poder Ejecutivo avanzar con la aplicación de distintos artículos de la normativa.
Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) señalaron que, a pocos días de cumplirse un año de la sanción de la ley, el Gobierno de Javier Milei continúa sin aplicar la totalidad de sus disposiciones.
“El Gobierno nacional sigue en falta y el sistema judicial se lo permite”, cuestionaron desde el gremio.
Durante la jornada, el secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo que la protesta buscó mostrar el impacto de la situación presupuestaria sobre el sistema universitario.
“Hoy la universidad pública sale a la calle para mostrarle a toda la sociedad una realidad que el Gobierno pretende ignorar”, afirmó. El dirigente reclamó una recomposición salarial y actualización de las becas estudiantiles.
“Hay una ley vigente que debe cumplirse, salarios que necesitan una recomposición del 33,4% y estudiantes cuyas becas también deben actualizarse”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que el reclamo no apunta a obtener un beneficio particular para el sector, sino a garantizar las condiciones de funcionamiento del sistema universitario.
“No estamos pidiendo privilegios: estamos exigiendo que se cumpla la ley y que existan las condiciones necesarias para sostener una universidad pública de calidad”, expresó.
Las actividades comenzaron durante la mañana y se extendieron hasta la medianoche, con la participación de los 13 decanos de la UBA, quienes dictaron clases magistrales abiertas al público.
Además de las actividades académicas, se instalaron espacios destinados a mostrar proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico realizados en la universidad.

La jornada también incluyó servicios gratuitos para la comunidad en distintas áreas, entre ellas odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, además de asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.
De esta manera, la comunidad universitaria buscó visibilizar el impacto del financiamiento en la educación, la investigación científica y la atención de distintas demandas sociales.
El conflicto entre las universidades y el Gobierno se intensificó a partir del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso que la Ley 27.795 quedara sujeta a la determinación de las fuentes específicas de financiamiento y a la inclusión de las partidas correspondientes en el Presupuesto.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades recurrieron a la Justicia para reclamar la aplicación de la normativa. La Corte Suprema intervino posteriormente en el expediente y dejó firme una medida cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la recomposición salarial y las becas.
Más recientemente, el juez federal Martín Cormick ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar de manera inmediata partidas contempladas en distintos artículos de la ley, destinadas a gastos de funcionamiento, salarios, becas e investigación.
Los gremios sostienen que el Gobierno todavía no cumplió integralmente con esas disposiciones.
Ante la falta de acuerdo, las organizaciones sindicales universitarias anticiparon que profundizarán las medidas de fuerza.
Según plantearon, si el Gobierno no cumple con la Ley de Financiamiento antes de la primera semana de octubre, convocarán a una quinta Marcha Federal Universitaria.

La eventual movilización se sumaría a las distintas protestas y paros realizados durante el conflicto por el presupuesto y los salarios universitarios.
En ese marco, desde la AGD-UBA cuestionaron la postura del Ejecutivo y acusaron al Gobierno de responder con “mentiras y dilaciones” frente a las intimaciones judiciales.
El Gobierno nacional rechazó las acusaciones de desfinanciamiento y defendió su política hacia las universidades públicas.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que “para el Gobierno la educación es fundamental, es prioridad” y negó que exista una política destinada a perjudicar a las universidades. “No hay ninguna cuestión particular contra las universidades”, sostuvo.
Respecto del reclamo presupuestario, Ravier afirmó que durante la gestión de Milei se produjo una mejora de los salarios docentes en términos nominales y cuestionó los proyectos impulsados por la oposición que, según el Gobierno, no contemplan fuentes de financiamiento.

“La oposición generó políticas de gasto sin establecer el financiamiento de esas partidas”, afirmó.
Finalmente, el funcionario señaló que la discusión sobre los recursos destinados a las universidades deberá darse en el marco del Presupuesto 2027, cuya presentación está prevista para este martes en la Cámara de Diputados. “Hasta el día de hoy se está cumpliendo con la Ley y el Presupuesto”, concluyó Ravier.
El conflicto, así, continúa abierto entre el Gobierno y las organizaciones universitarias, mientras los gremios ya anticiparon que podrían volver a llevar su reclamo a las calles con una quinta Marcha Federal Universitaria si no obtienen respuestas antes de octubre.
ND