El regreso de Harry y Meghan al Reino Unido abrió un nuevo capítulo en una disputa que comenzó hace más de seis años. Las autoridades británicas iniciaron una evaluación formal para determinar qué nivel de protección deben recibir los duques de Sussex ahora que volvieron a instalarse en el país junto a sus hijos, Archie y Lilibet.
El proceso está a cargo del comité conocido como Ravec, encargado de decidir las medidas destinadas a miembros de la familia real y otras personalidades expuestas a riesgos especiales. El organismo realizará análisis separados sobre Harry y Meghan y deberá determinar si corresponde modificar el esquema que mantienen desde que abandonaron sus funciones institucionales.
Para completar la evaluación, el matrimonio deberá proporcionar información sobre sus actividades cotidianas, movimientos previstos y recorridos habituales. Entre esos datos se encuentran los traslados escolares de sus hijos, que se convirtieron en uno de los primeros problemas prácticos desde la mudanza.
Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, cambiaron recientemente de colegio después de apenas dos días porque el equipo privado encargado de protegerlos consideró complicado garantizar los desplazamientos diarios debido a la distancia y al intenso tránsito.
El procedimiento tiene una particularidad importante: será la primera revisión gubernamental de Meghan desde que dejó de trabajar para la Corona en 2020. La situación de Harry es diferente. El duque ya fue sometido este año a un análisis de riesgo iniciado en julio, aunque todavía espera una resolución definitiva.
Cuando la pareja decidió abandonar sus obligaciones reales, perdió el acceso automático al esquema policial que protege a los principales representantes de la monarquía. Desde entonces, Harry protagonizó una prolongada disputa con el Gobierno británico para conseguir una protección que considerara suficiente cuando él y su familia permanecieran en el país.

El conflicto llegó incluso a los tribunales. Sus intentos anteriores por revertir la decisión no prosperaron y el príncipe sostuvo repetidamente que las condiciones existentes dificultaban llevar a Meghan y a sus hijos a Gran Bretaña con tranquilidad.
El escenario volvió a modificarse después de que los Sussex regresaran a territorio británico a fines de agosto, tras aproximadamente seis años establecidos principalmente en California.
Su mudanza, sin embargo, no significa una reincorporación a la familia real activa. Carlos III reafirmó recientemente que Harry y Meghan mantienen el estatus acordado tras su salida: no representan oficialmente a la Corona y desarrollan sus actividades comerciales y benéficas de manera privada.
Esa condición será uno de los elementos a considerar, aunque las decisiones sobre protección dependen de la evaluación concreta del riesgo y no exclusivamente del lugar que una persona ocupa dentro de la institución. Por ahora no existe una resolución definitiva sobre quién financiará su custodia a largo plazo ni qué nivel de cobertura recibirán.
La evaluación podría convertirse así en una pieza fundamental para determinar cómo será la nueva vida británica de los Sussex. Después de años discutiendo desde la distancia sobre la protección de su familia, Harry vuelve a encontrarse en Reino Unido frente al mismo problema que marcó buena parte de su ruptura con la vida real.