Tiene 90 años, fue alumna de Houssay y apuntó contra Milei en Plaza de Mayo

En medio de una jornada de protesta atravesada por clases públicas y atención gratuita frente a la Casa Rosada, el testimonio de una médica jubilada de 90 años se convirtió en la imagen más contundente del reclamo universitario en Plaza de Mayo. Exalumna del Premio Nobel Bernardo Houssay y con una vida dedicada a la medicina pública, la profesional se acercó hasta el centro porteño para expresar su indignación ante las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

“Yo adoro la UBA. Yo fui alumna de Houssay”, recordó la mujer ante los micrófonos al repasar una trayectoria atravesada por el compromiso social. Durante décadas, su labor profesional estuvo concentrada en la atención de los sectores más vulnerables: “Fui médica del Hospital Gutiérrez, fui jefa de servicio. Como yo era socialista me dediqué a trabajar con los más pobres. Fui jefa de tuberculosis”, relató sobre su paso por la salud pública.

 

 

 

 

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La médica también compartió una vivencia personal sobre la cotidianidad y el contexto social actual. Contó que su hijo le sugiere evitar la televisión para no amargarse y le pagó el servicio de Netflix. “A mí no me interesa Netflix. Son estupideces. Yo quiero ver cómo estamos viviendo, cómo este hijo de mil putas está destruyendo el país. Cómo está destruyendo todo, la educación, la salud”, sentenció con dureza al criticar la gestión del presidente Javier Milei.

El reclamo por el financiamiento universitario

La presencia de la profesional de 90 años se dio en el marco de una movilización convocada por docentes, nodocentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. La medida incluyó clases masivas al aire libre y la instalación de postas sanitarias gratuitas —como la de la Facultad de Odontología— en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La jornada coincidió con la presentación del Presupuesto Nacional en el Congreso. En ese contexto, las organizaciones gremiales y estudiantiles remarcaron la necesidad imperiosa de que la partida presupuestaria garantice el funcionamiento de la universidad pública y la recomposición de los salarios docentes, respaldados por resoluciones judiciales que ratifican el carácter alimentario de las remuneraciones.