El Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso plantea una clara definición de la política de obra pública y de inversión en infraestructura.
El criterio central que atraviesa el documento es que el Estado nacional debe concentrar sus recursos en proyectos considerados prioritarios, mientras que otras obras pueden quedar bajo responsabilidad de provincias, municipios o mecanismos de financiamiento privado.
La estrategia aparece directamente vinculada con el objetivo de preservar el equilibrio fiscal. En el proyecto, el Gobierno sostiene que la discusión no pasa por maximizar el volumen de inversión pública, sino por mejorar la selección de proyectos y asegurar que los recursos se destinen a obras con impacto, viabilidad y capacidad de ejecución.
El enfoque coincide con los criterios establecidos para el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2027-2029, que priorizan obras en ejecución y, entre los nuevos proyectos, aquellos que generen empleo, impulsen exportaciones, mejoren la balanza energética o promuevan el desarrollo tecnológico. También se ponderan los proyectos con estudios de factibilidad, calificación técnica o financiamiento externo.

El Gobierno plantea que desde diciembre de 2023 se realizó una revisión integral de la cartera de infraestructura nacional para adecuarla a las restricciones fiscales y redefinir qué tipo de obras deben continuar bajo responsabilidad de la Nación.
El proceso tomó como referencia la situación física, contractual y financiera de cada proyecto, además de su escala, la competencia correspondiente al Estado nacional, el costo necesario para finalizarlo y las alternativas de financiamiento disponibles.
La conclusión plasmada en el Presupuesto 2027 es que la Nación debe concentrarse en aquellas obras cuya ejecución nacional esté justificada por razones de seguridad, interés general o impacto estratégico.
Al mismo tiempo, se propone profundizar la coordinación con provincias y municipios y habilitar una mayor participación privada.
Uno de los datos más significativos del capítulo de infraestructura es el reordenamiento de la cartera de obra pública.
Según el proyecto, sobre un universo de 2.339 obras, se dispuso la baja o el inicio de procesos de rescisión de 1.683, mientras que 457 fueron transferidas o están en proceso de transferencia a provincias y municipios.
De esta manera, la cartera que permanece bajo gestión directa del Estado nacional quedó reducida a 199 proyectos, de los cuales 55 ya fueron finalizados.
El Gobierno aclara que las cifras comprenden procesos que se encuentran en diferentes etapas y que la baja o rescisión de una obra no implica automáticamente la desaparición de las obligaciones contractuales o financieras existentes.
Para avanzar con las transferencias, se firmaron acuerdos marco con 21 provincias y nueve municipios bonaerenses, destinados a establecer responsabilidades de ejecución y financiamiento.
FIRMAMOS UN CONVENIO HISTÓRICO PARA DESENDEUDARNOS HACIENDO OBRAS PRIORITARIAS PARA CHUBUT
— Nacho Torres (@NachoTorresCH) June 25, 2025
Nos reunimos con el ministro de Economía de la Nación, @LuisCaputoAR, para avanzar en un paso clave: incorporar, en el marco del Acuerdo de Compensación de Deuda, la obra de reparación de… pic.twitter.com/MOtP5JQCgk
La infraestructura hídrica aparece entre las áreas en las que el Gobierno plantea concentrar esfuerzos.
Para 2027 se prevé promover el acceso al agua y el saneamiento, mejorar la gestión sostenible del recurso y avanzar con obras destinadas al manejo integral de cuencas y la prevención de inundaciones.
También se busca utilizar el agua como factor de desarrollo productivo, incluyendo proyectos destinados a ampliar las superficies irrigadas y mejorar la productividad agrícola y ganadera.
El esquema incluye una reorganización institucional del sector. El proyecto recuerda la disolución del ENOHSA y la absorción de sus funciones por la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
También incorpora el proceso de administración de los activos vinculados con el Fondo Fiduciario Pro.Cre.Ar. y la transformación de AySA. En este último caso, el Gobierno informó que el proceso de privatización contempla obligaciones de inversión para el futuro operador.
La política vial constituye otro de los ejes centrales. La red vial nacional tiene aproximadamente 40.000 kilómetros, mientras que la Red Federal de Concesiones comprende más de 9.000 kilómetros distribuidos en 16 corredores.
El modelo previsto busca que los concesionarios asuman la operación, conservación y mejora de determinados corredores mediante financiamiento privado y cobro de peajes, sin subsidios operativos del Estado.
La Nación conservará el dominio público de las rutas y las funciones de planificación, regulación y fiscalización, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad tendrá a su cargo el control del cumplimiento contractual.
Para 2027, el objetivo será combinar el seguimiento de las concesiones con las necesidades de conservación, seguridad y transitabilidad de aquellos corredores que continúen bajo atención directa estatal.
IMPORTANTE 5 👇🏻
— totocaputo (@LuisCaputoAR) June 30, 2026
Seguimos avanzando con la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada.
Firmamos los contratos de la Etapa II-A y, a partir de mañana, las empresas adjudicatarias asumirán la operación y el mantenimiento de 1.871 km de rutas nacionales y autopistas…
El transporte ferroviario aparece como una de las áreas donde el Presupuesto plantea una concentración de recursos públicos.
El Gobierno parte del diagnóstico que motivó la emergencia ferroviaria: problemas de mantenimiento, infraestructura y material rodante, restricciones de velocidad y menor disponibilidad de formaciones.
El plan contempla 309 intervenciones, entre ellas 226 obras y 83 acciones sobre material rodante y equipamiento.
Dentro de las obras figuran trabajos sobre vías, puentes y alcantarillas, señalamiento, infraestructura estratégica y obras eléctricas.
Para 2027, la prioridad será reducir riesgos operativos, sostener la continuidad de los servicios y atender el mantenimiento crítico.
También se prevé avanzar en la modernización y rehabilitación de la infraestructura ferroviaria metropolitana y evaluar el esquema de financiamiento del sistema.
El capítulo de obras públicas también contempla acciones sobre infraestructura urbana.
El Gobierno plantea mejorar la conectividad en las principales áreas urbanas y jerarquizar corredores interurbanos. También prevé continuar obras de valor patrimonial y aquellas vinculadas con infraestructura sanitaria.
Aparecen además objetivos relacionados con infraestructura carcelaria y con la integración socio-urbana de barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
La orientación general, sin embargo, estará condicionada por la disponibilidad de recursos y por la evaluación previa de cada proyecto.
Para el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2027-2029, el Gobierno estableció una serie de filtros para determinar qué proyectos recibirán prioridad.
Además de las obras ya iniciadas, se buscará favorecer aquellas que:
A nivel sectorial, el Presupuesto identifica como principales áreas de inversión para 2027 la infraestructura vial, energética y ferroviaria, especialmente las intervenciones vinculadas con la emergencia del sistema ferroviario. También aparecen las capacidades operativas y logísticas de defensa y seguridad.