La Revolución Fusiladora: cómo cambió la vida política del país para siempre

El 16 de septiembre de 1955 comenzó la insurrección militar que terminaría con el segundo gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. La denominada “Revolución Libertadora” desplazó al presidente, instauró un gobierno de facto y abrió una etapa de profunda conflictividad política que tendría consecuencias durante las décadas siguientes.

El movimiento fue encabezado inicialmente por el general Eduardo Lonardi, quien asumió la presidencia provisional el 23 de septiembre. Poco después, sin embargo, Lonardi fue desplazado por el sector más duro de las Fuerzas Armadas y reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, con el almirante Isaac Rojas como vicepresidente.

El nuevo régimen sostuvo que su objetivo era restablecer las instituciones republicanas y las libertades políticas. Sin embargo, su gobierno implicó la disolución del Congreso, la intervención de las provincias, la proscripción del peronismo y, posteriormente, una política represiva que alcanzó su punto más dramático con los fusilamientos de junio de 1956.

Una sociedad atravesada por el conflicto

Para comprender el golpe de 1955 es necesario retroceder algunos años. La llegada del peronismo al poder había modificado profundamente la relación entre el Estado, los trabajadores y los sectores empresarios.

Durante los gobiernos de Perón se ampliaron derechos laborales y sociales, se fortaleció la negociación colectiva y se produjo una expansión de la participación política y sindical de los trabajadores. La nueva realidad social generó adhesiones masivas, pero también una fuerte reacción de sectores opositores.

La confrontación política fue creciendo durante el segundo mandato de Perón. A las disputas económicas y sociales se sumaron enfrentamientos con sectores de las Fuerzas Armadas, partidos opositores y parte de la dirigencia empresarial y eclesiástica. La violencia política dejó de ser una posibilidad abstracta y pasó a ocupar el centro de la escena.

El 28 de septiembre de 1951, el general Benjamín Menéndez encabezó un intento de golpe de Estado contra Perón que fracasó. Cuatro años después, la situación sería muy diferente. El episodio más sangriento de aquella escalada ocurrió el 16 de junio de 1955.

El bombardeo de Plaza de Mayo

Ese día, sectores de la Aviación Naval y de la Fuerza Aérea sublevados bombardearon la Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de provocar la caída del gobierno. El ataque se produjo durante el horario laboral y tuvo como escenario una zona densamente poblada. Las bombas y ametrallamientos alcanzaron a civiles y provocaron cientos de muertos y heridos.

El episodio quedó incorporado a la memoria histórica argentina como uno de los ataques políticos más graves ocurridos en el país durante el siglo XX. Documentos conservados por organismos oficiales y materiales de archivo educativo registran el carácter civil de parte de las víctimas y la magnitud del ataque.

El bombardeo no consiguió derrocar a Perón, pero modificó definitivamente el escenario político. La violencia había alcanzado un nivel que hacía cada vez más difícil una salida negociada. Tres meses después, la insurrección militar iniciada en Córdoba terminaría provocando la caída del gobierno.

Córdoba, la Marina y la caída de Perón

El 11 de septiembre de 1955, Eduardo Lonardi se trasladó a Córdoba para encabezar el levantamiento. El objetivo era tomar posiciones militares estratégicas y extender la rebelión hacia otras regiones del país.

El alzamiento encontró resistencia de sectores de las Fuerzas Armadas que permanecieron leales al gobierno constitucional. Sin embargo, la rebelión fue extendiéndose y adquirió una dimensión decisiva cuando la Marina se incorporó al movimiento.

La situación se volvió crítica durante los días siguientes. La posibilidad de una guerra civil comenzó a cobrar fuerza mientras las fuerzas sublevadas consolidaban posiciones en distintas zonas del país.

El 19 de septiembre, Perón comunicó su decisión de abandonar el poder. En una carta dirigida al general Franklin Lucero, sostuvo que había decidido “ceder el poder” para evitar que continuara el enfrentamiento armado. La renuncia dejó a las fuerzas leales sin una conducción política clara y aceleró el desenlace.

El 20 de septiembre, Perón se refugió en la embajada del Paraguay. Posteriormente se trasladó a una cañonera paraguaya y comenzó el exilio que se prolongaría durante casi 18 años. Lonardi ingresó finalmente en Buenos Aires y asumió la presidencia provisional. La etapa constitucional iniciada en 1946 había terminado por la fuerza.

De “ni vencedores ni vencidos” a la proscripción

Lonardi intentó inicialmente presentar al nuevo gobierno como una etapa de pacificación. Su consigna fue “ni vencedores ni vencidos” y procuró mantener abiertos algunos canales de diálogo con el sindicalismo peronista. El tono conciliador duró poco. El sector más intransigente de las Fuerzas Armadas desplazó a Lonardi y colocó al general Pedro Eugenio Aramburu al frente del gobierno. Isaac Rojas permaneció como vicepresidente.

La nueva conducción adoptó una política mucho más dura contra el peronismo. Se intervinieron sindicatos, se persiguió a dirigentes y militantes y se profundizó la prohibición de toda actividad política vinculada con el movimiento derrocado. El 5 de marzo de 1956 se dictó el Decreto-Ley 4161, una de las normas más emblemáticas de aquella etapa.

La disposición prohibió la utilización de símbolos, nombres, expresiones y elementos de propaganda identificados con el peronismo. Entre otras cosas, alcanzó el nombre de Juan Domingo Perón, el de Eva Perón y la utilización pública de expresiones vinculadas con el movimiento.

La medida no significó solamente la exclusión electoral de un espacio político. También intentó impedir la expresión pública de una identidad política que continuaba teniendo una presencia social significativa. El resultado fue paradójico: el peronismo había sido desalojado del poder, pero no había desaparecido de la sociedad. Había comenzado la Resistencia Peronista.

Los fusilamientos de 1956

La represión alcanzó su punto más extremo durante junio de 1956. El 9 de junio, un grupo de militares y civiles encabezado por el general Juan José Valle protagonizó un levantamiento contra el gobierno de Aramburu. La rebelión fue rápidamente derrotada.

La respuesta del régimen fue la aplicación de la ley marcial y la ejecución de militares y civiles vinculados con el levantamiento. Valle fue fusilado el 12 de junio de 1956 en la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires. El propio Estado argentino registra oficialmente su fusilamiento.

Los fusilamientos de José León Suárez, reconstruidos posteriormente por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, se convirtieron en otro de los episodios centrales de la memoria política argentina sobre aquellos años.

La represión de 1956 marcó un punto de quiebre. El gobierno que había llegado al poder invocando la restauración de las libertades terminó recurriendo a la pena de muerte contra integrantes de una rebelión política y militar.

Una democracia sin peronismo

La experiencia de la llamada Revolución Libertadora no se limitó a reemplazar a un presidente por otro. Modificó las reglas del sistema político argentino. El gobierno de facto intervino las provincias y ejerció funciones legislativas mediante decretos-leyes. El propio ordenamiento jurídico de la época refleja esa concentración de poder.

La proscripción del peronismo se convirtió en uno de los principales problemas de la política argentina. A partir de entonces, durante varios años, una fuerza política de enorme peso electoral quedó impedida de competir con su identidad propia.

El régimen convocó finalmente a elecciones en 1958. Arturo Frondizi llegó a la presidencia en un escenario condicionado por la proscripción del peronismo y por el acuerdo político que permitió canalizar parte de ese voto hacia la Unión Cívica Radical Intransigente.

La normalización institucional no significó, por lo tanto, el cierre del conflicto iniciado en 1955. La proscripción continuaría siendo una cuestión central de la política argentina durante buena parte de las décadas siguientes.

El otro legado: economía y FMI

El golpe también produjo un cambio importante en la orientación económica del país. El gobierno de la Revolución Libertadora recurrió al economista Raúl Prebisch para elaborar un diagnóstico y un programa económico. El denominado Plan Prebisch propuso modificaciones sustanciales respecto del modelo económico desarrollado durante los gobiernos peronistas y planteó una mayor apertura de la economía argentina.

El propio material histórico del Estado argentino caracteriza aquel período como un intento de avanzar hacia una economía de mercado y reducir el peso de la planificación estatal. En ese contexto, Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional en 1956, durante el gobierno de Aramburu.

La incorporación al organismo internacional se transformaría posteriormente en uno de los elementos recurrentes de las discusiones económicas argentinas. El vínculo con el FMI atravesaría distintas etapas y gobiernos y volvería a ocupar un lugar central en la política económica nacional décadas más tarde.