Emergencia en Discapacidad: la promesa de Milei si el Congreso la prorroga

El presidente Javier Milei anticipó cuál será la postura de su Gobierno si el Congreso prorroga la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Lo dijo este miércoles, en una entrevista con el programa Argendata, del canal de streaming Neura.

Sus palabras llegaron el mismo día en que las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados empezaron a analizar la prórroga.

También coincidieron con la difusión del proyecto de Presupuesto 2027. Ese texto elimina cuatro artículos de la ley que hoy protege a las personas con discapacidad y cambia las reglas de las pensiones.

Qué prometió Milei

Consultado sobre la posición oficial ante una eventual prórroga, el Presidente respondió: "Vamos a cumplir la ley como venimos haciendo".

Sobre el dinero, explicó: "Si implica que algunas partidas tienen que subir, entonces se reasignarán". Es decir, el Gobierno movería fondos de otras áreas para cubrir el gasto. Y cerró: "Nosotros no nos corremos un ápice de la ley".

Los 4 artículos que el Presupuesto 2027 elimina

El artículo 41 del proyecto de Presupuesto deroga estos puntos de la Ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad:

• Artículo 5: define quién es una persona con discapacidad, según la convención internacional sobre el tema.
• Artículo 8: garantiza cobertura de salud a quienes cobran la Pensión No Contributiva por Discapacidad.
• Artículo 9: pasa de forma automática las pensiones anteriores al nuevo régimen.
• Artículo 14: iguala los aranceles que cobran terapeutas, transportistas e instituciones, y los actualiza cada mes con el índice de las jubilaciones.

La oposición dialoguista, que el Gobierno necesita para aprobar sus leyes, se enteró de estos cambios antes de la reunión informativa de este miércoles, según el diario La Nación.

Qué pasa con las pensiones y los aranceles

El proyecto vuelve al esquema de pensión por invalidez laboral. Quien tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD) y un empleo registrado no podrá cobrarla. El monto sería el 70% del haber mínimo jubilatorio.

Los aranceles también cambian. Para las prestaciones que paga el Estado nacional, dejarían de ajustarse cada mes y pasarían a fijarse cada tres meses por la Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud.

Cuándo se vota la prórroga

La Ley 27.793 mantiene la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y permite extenderla un año más. El 9 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el cronograma de tratamiento con 249 votos a favor y ninguno en contra.

Estos son los pasos:

• 16 de septiembre: reunión informativa de las comisiones.
• 23 de septiembre, a las 12: firma del dictamen.
• Fines de septiembre: si se cumplen los plazos, votación en el recinto.

La deuda con los prestadores

La postura oficial es la que expuso el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni en su último informe de gestión ante el Congreso: "El Gobierno cumple con la Ley N° 27.793 y su Decreto Reglamentario N° 84/2026".

El propio Gobierno informó que entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 acumuló una deuda de $69.559 millones con 770 prestadores. Las cámaras del sector reconocen aumentos mensuales, pero sostienen que lo que se paga está más de un 100% por debajo del costo real de cada prestación.

Por qué la ley llegó a la Justicia

La norma recorrió un camino de cinco pasos:

• Julio de 2025: el Congreso sancionó la ley.
• Veto: Milei la vetó por completo y ambas cámaras insistieron con dos tercios de los votos. En septiembre de 2025 quedó firme.
• Suspensión: al promulgarla, el Gobierno dictó el Decreto 681/2025, que frenó su aplicación hasta que el Congreso indicara cómo financiarla.
• Fallo: en diciembre de 2025, el juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró inconstitucional esa suspensión y ordenó aplicar la ley.
• Reglamentación: en febrero de 2026, bajo amenaza de sanciones, el Gobierno dictó el Decreto 84/2026.

La Cámara Federal de San Martín rechazó después el recurso con el que el Gobierno buscaba llegar a la Corte Suprema. Marta Lastra, abogada que impulsó el amparo colectivo, sostuvo que el Ejecutivo "mantiene al sector absolutamente ahogado". Según Lastra, la situación afecta a más de cinco millones de personas con discapacidad.

TM