Luz y gas "baratos" en universidades: la tarifa diferencial que llegó a Diputados

Un proyecto de ley presentado por el diputado Marcelo Mango propone crear una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales, institutos universitarios estatales y establecimientos de educación superior de gestión estatal de todo el país.

La iniciativa establece que esos servicios no puedan superar el 50% de la tarifa plena correspondiente al nivel de consumo de cada institución.

El proyecto busca dar una respuesta al fuerte peso que tienen los servicios energéticos dentro de los presupuestos universitarios, especialmente en instituciones que sostienen aulas, laboratorios, hospitales, centros de investigación y sedes distribuidas en distintas localidades.

La propuesta también incorpora una cláusula de protección frente a eventuales interrupciones del servicio y prevé que las instituciones puedan recuperar parte de lo abonado durante 2026 si la tarifa diferencial finalmente se implementa con posterioridad.

Una tarifa de hasta la mitad del valor pleno

El punto central de la iniciativa del legislador de Río Negro es la creación de una tarifa diferencial para las universidades e institutos universitarios estatales y para los institutos de educación superior de gestión estatal que dependan de jurisdicciones nacionales, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires.

El artículo 2 establece que el monto a pagar por gas y electricidad no podrá superar el 50% de la tarifa plena correspondiente al segmento en el que cada institución esté categorizada según su nivel de consumo.

De esta manera, el proyecto no plantea una tarifa única para todas las universidades, sino un límite sobre el valor que deberían afrontar en función de la categoría tarifaria que corresponda a cada establecimiento.

La iniciativa se inscribe en un escenario energético en el que el esquema nacional diferencia distintos tipos de usuarios y niveles de consumo. La normativa vigente contempla, entre otros segmentos, categorías específicas para grandes usuarios y organismos públicos de salud y educación.

Sin cortes de luz ni gas por falta de pago

Otro de los puntos centrales del proyecto es que las instituciones alcanzadas no puedan sufrir la suspensión, el corte o la disminución del suministro de gas y electricidad por falta o demora en el pago.

La propuesta apunta así a garantizar la continuidad de los servicios esenciales para el funcionamiento universitario.

El texto también establece que las tarifas no podrán incrementarse cuando los recursos necesarios para afrontar esos aumentos no hayan sido contemplados en las partidas presupuestarias correspondientes, ya sea en el Presupuesto nacional o en el de las respectivas jurisdicciones.

En otras palabras, el proyecto busca vincular el costo de los servicios energéticos con la disponibilidad presupuestaria de las instituciones educativas.

Qué pasaría con lo que las universidades ya pagaron

El proyecto contempla además una cláusula retroactiva. Si las universidades y demás instituciones alcanzadas hubieran pagado, desde el 1° de enero de 2026 hasta la implementación efectiva de la tarifa diferencial, un monto superior al que correspondería con el nuevo esquema, se generaría un crédito a su favor.

Ese crédito podría utilizarse para compensar futuras obligaciones, aunque el proyecto deja los mecanismos concretos de aplicación sujetos a la reglamentación.

La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, que quedaría facultada para dictar las normas necesarias para poner en funcionamiento el régimen.

En los fundamentos, Mango plantea que las universidades atraviesan un escenario de fuerte restricción presupuestaria y que el costo de los servicios públicos representa una presión adicional sobre sus recursos.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) informó en marzo de 2026 que las transferencias a las universidades nacionales registraban una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. El mismo informe señaló que, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios universitarios habían perdido alrededor del 32% de su poder adquisitivo frente a la inflación acumulada en ese período.

En ese contexto, el proyecto sostiene que el aumento de los gastos de funcionamiento obliga a las casas de estudio a destinar una mayor proporción de sus recursos a servicios básicos, reduciendo el margen disponible para otras actividades.

El impacto en laboratorios, hospitales y centros de investigación

La propuesta no se limita a pensar en las aulas. El proyecto destaca que las universidades nacionales sostienen hospitales universitarios, laboratorios, bibliotecas, centros de investigación y otras instalaciones cuyo funcionamiento requiere un suministro energético permanente.

En esos establecimientos, el consumo puede ser considerablemente superior al de una institución educativa convencional debido al equipamiento científico, los sistemas de climatización, las instalaciones hospitalarias y la extensión horaria de muchas actividades.

Por eso, Mango sostiene que una política específica para el sector permitiría reducir una de las principales erogaciones vinculadas al funcionamiento cotidiano de las universidades.

Además, el proyecto dedica un apartado particular a las universidades ubicadas en la Patagonia. Se subraya que las condiciones climáticas de esa región implican mayores necesidades de calefacción durante buena parte del año. A esto se agregan las distancias geográficas y la dispersión de las sedes universitarias.

La iniciativa menciona especialmente a la Universidad Nacional del Comahue y a la Universidad Nacional de Río Negro como instituciones con una fuerte presencia territorial en la región.

En esos casos, el costo energético aparece asociado no solamente a las condiciones climáticas, sino también a la necesidad de mantener abiertas y operativas instituciones distribuidas en territorios extensos.