Presupuesto 2027: el ajuste que preocupa a las personas con discapacidad

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno Nacional al Congreso introduce una modificación de fondo en el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. El artículo 39 sustituye el artículo 7° bis de la Ley 24.901 y establece que el Nomenclador de Prestaciones Básicas dejará de incluir valores universales.

La propuesta sostiene que la universalidad del sistema deberá garantizar un piso mínimo de prestaciones, con estándares de calidad, oportunidad y adecuación en todo el territorio nacional, pero aclara expresamente que esa universalidad “no implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones”.

El cambio despertó preocupación entre organizaciones vinculadas a la discapacidad, que cuestionan que una modificación de este alcance sea incorporada dentro del proyecto de Presupuesto. El debate se centra especialmente en qué consecuencias puede tener la nueva modalidad de determinación de los aranceles para quienes brindan tratamientos, rehabilitación, transporte y otros servicios contemplados por la Ley 24.901.

Qué cambia con el artículo 39

El texto vigente de la Ley 24.901 establece un sistema de aranceles que funciona como referencia común para las prestaciones básicas. De hecho, las actualizaciones de los valores del nomenclador se vienen realizando mediante resoluciones oficiales a partir de las propuestas del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas. El proyecto plantea otra lógica. Si el artículo 39 fuera aprobado, el nomenclador ya no contendría “valores universales” y los montos serían determinados por cada ente obligado en su relación con los prestadores.

Para el Estado nacional, en cambio, el proyecto establece un mecanismo específico: los aranceles serían determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad, a propuesta del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas. Si esa determinación no se realizara dentro del período previsto, el Ministerio de Salud debería establecer los valores tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC. El propio proyecto sostiene que la modificación busca preservar un piso mínimo prestacional sin imponer un mismo esquema de financiamiento para todas las jurisdicciones.

La preocupación por la fragmentación

La discusión aparece en un momento particularmente sensible para el sector. Durante 2026, las autoridades nacionales dispusieron distintas actualizaciones de los aranceles del sistema. Una resolución de junio estableció un incremento del 2,10% sobre los valores vigentes y otra correspondiente a julio fijó una actualización del 1,90%, ambas vinculadas a la variación del IPC.

Para las organizaciones que rechazan la modificación, el problema no pasa solamente por cuánto se actualizará cada prestación, sino por el cambio en el criterio que determina esos valores. Daniela Aza, licenciada en Comunicación por la UBA, facilitadora en discapacidad y diversidad, speaker y creadora de contenido, cuestionó el rumbo planteado por el proyecto y puso el foco en la responsabilidad estatal frente a los derechos de las personas con discapacidad.

“Como persona con discapacidad y profesional en la materia no puedo dejar de rechazar lo que ya viene sucediendo en torno a la vulneración de derechos que tenemos como colectivo”, sostuvo Aza. La especialista consideró que el cambio representa, a su entender, un retroceso respecto del modelo social de discapacidad y recordó que los derechos del colectivo están contemplados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Una cosa es controlar y otra distinta que sea una variable de ajuste y eso no es aceptable”, afirmó.

El reclamo de las familias y los prestadores

Karina Herrera, titular de la Asociación Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión, también cuestionó el artículo incorporado al proyecto de Presupuesto. Según explicó, la modificación afecta directamente al nomenclador y cambia su carácter universal. “Te dicen ‘no es que se va a sacar, se va a modificar; ya no va a ser universal, aumentará de manera trimestral’”, señaló.

Herrera también cuestionó el mecanismo legislativo elegido por el Poder Ejecutivo. A su entender, incorporar modificaciones de este alcance dentro de la ley de Presupuesto supone avanzar sobre normas que regulan derechos mediante un trámite distinto del tratamiento específico de esas leyes.

“Una vez más, a través del Presupuesto, modifican leyes sin pasar por el tratamiento del Congreso y eso es algo que no podemos tolerar”, sostuvo. La dirigente anticipó además movilizaciones del sector para expresar el rechazo a la iniciativa y reclamó que las organizaciones vinculadas a la discapacidad sean escuchadas durante el debate parlamentario.

Una discusión que recién comienza

El artículo 39 todavía forma parte de un proyecto de ley que debe ser discutido por el Congreso. Por lo tanto, el texto puede sufrir modificaciones durante el tratamiento parlamentario. El punto central de la discusión será determinar si la nueva estructura permite garantizar efectivamente el acceso a las prestaciones básicas en todo el país sin que las diferencias entre financiadores, jurisdicciones y prestadores terminen generando desigualdades en el acceso.

El propio proyecto invoca como objetivo la universalidad, la equidad y el respeto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al mismo tiempo, elimina del nomenclador la referencia a valores universales y establece un esquema de determinación de aranceles diferente según quién resulte obligado a financiar la prestación. Ese contraste es el núcleo del debate que ahora deberá atravesar el Congreso.