Inocencia Fiscal II es ley: qué quedó afuera para familiares de funcionarios

El Senado convirtió en ley este jueves la Inocencia Fiscal II, el régimen que impulsa el Gobierno para que las personas lleven al banco los dólares que guardan fuera del sistema. Fue por 44 votos a favor y 23 en contra.

El texto salió tal como había llegado de la Cámara de Diputados. El senador Fernando Salino, de San Luis, intentó introducir un cambio en el momento mismo de la votación. El oficialismo, con los votos ya cerrados, avisó que no aceptaría ninguna modificación y el proyecto se votó en general y en particular sin tocar una coma.

Lo que Salino pedía era una sola cosa, y es el punto que quedó afuera de la ley.

Qué quedó afuera para los familiares de funcionarios

Salino pidió que la restricción que la ley les impone a los funcionarios públicos también alcanzara a sus parientes directos. "Propongo que la restricción sea para personas políticamente expuestas, que se deba responder ante ARCA por el incremento patrimonial y que no solo lo hagan funcionarios, sino sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado", dijo en el recinto.

"Personas políticamente expuestas" es el término que usan los organismos de control para nombrar a quienes tienen poder de decisión pública y a su círculo íntimo. Es más amplio que "funcionario público".

Ese pedido no entró. Con la ley sancionada, la esposa, el marido, los hijos o los padres de un ministro pueden adherir al régimen y quedarse con todos sus beneficios, en las mismas condiciones que cualquier otra persona.

Salino también advirtió qué significa eso en la práctica: "Si accedo, no tengo que explicar mi incremento patrimonial. Esta ley, así redactada, lo permitiría". 

Qué funcionarios sí quedan limitados

La ley excluye de los beneficios a una lista concreta de cargos: funcionarios del Poder Ejecutivo con rango igual o superior a secretario de Estado, legisladores nacionales y provinciales, concejales, jueces, fiscales y defensores. También alcanza a quienes hayan ocupado esos cargos en los cinco años anteriores.

La restricción no es total. Un funcionario puede usar el trámite simplificado para presentar su declaración de Ganancias. Lo que no obtiene son las presunciones a favor que la ley les da al resto de los contribuyentes: ARCA puede revisarle cualquier diferencia y aplicarle multas con las reglas generales.

Por qué el reclamo no era abstracto

El pedido de Salino tiene un caso concreto detrás. En junio se conoció que Bettina Angeletti, esposa del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, había pedido el 31 de mayo su adhesión al régimen de la primera ley de Inocencia Fiscal, la 27.799, según documentación revelada por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación. Diez días después, Adorni hizo el mismo trámite para el período fiscal 2025. 

Desde el Gobierno aclararon entonces que el trámite no implicó blanquear dólares no declarados y que el origen de los bienes del matrimonio no se justificó por esa vía. Adorni renunció en junio y está investigado por presunto enriquecimiento ilícito. 

No es la primera vez que el reclamo por los familiares queda sin votos. El diputado Esteban Paulón presentó en junio un proyecto para excluir del régimen a los funcionarios y a sus cónyuges, convivientes y familiares hasta el segundo grado. Y la diputada Gisela Scaglia lo planteó en agosto: "Nos falta ahora incorporar también a los familiares, que deben seguir sujetos a las obligaciones que corresponden a las personas políticamente expuestas". 

Qué contestó Patricia Bullrich

La jefa del bloque de La Libertad Avanza defendió el texto tal como quedó. "Hemos incorporado los resguardos para los funcionarios públicos; van a poder utilizar el mecanismo de la simplificación, pero no los beneficios", dijo.

Bullrich sumó una definición más amplia: "Ni el Presidente de la Nación ni ningún funcionario ni todos los que estamos en este recinto vamos a poder usar este mecanismo".

El miembro informante, el libertario Bruno Olivera Lucero, defendió el fondo del proyecto: "¿Vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto?". Afirmó que unas 400.000 personas ya optaron por la declaración jurada simplificada desde la primera versión de la ley. 

Qué cambia para todos los demás

Los puntos centrales del texto sancionado:

• Solo pueden adherir personas humanas con residencia fiscal en el país.
• Se eliminan los topes que dejaban afuera a quienes tenían ingresos por más de $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones.
• Una diferencia con el fisco se considera "significativa" cuando llega al 15% y supera los $5.000.000.
• El plazo para corregir la declaración pasa a 15 días hábiles.
• Los beneficios se pueden usar hasta el 31 de diciembre de 2027.

El peronismo votó en contra en bloque. "Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados", anticipó José Mayans. Y Jorge Capitanich puso el reparo de fondo: "Adherir a un régimen simplificado no significa un certificado de buena conducta patrimonial".

Qué más votó el Senado

En la misma sesión, la Cámara alta aprobó por 44 votos a favor y 21 en contra el traspaso de la Justicia de Menores a la Ciudad de Buenos Aires. El acuerdo debe pasar ahora por Diputados.

Ese texto le da a la Justicia porteña la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes desde los 14 años y hasta el día en que cumplen 18. El peronismo lo rechazó por considerar que profundiza la desigualdad de recursos con las provincias. También se aprobaron, sin debate, tres pliegos de jueces.

TM