Discapacidad: subió 1,7% el Nomenclador en medio de la polémica por el Presupuesto 2027

El Gobierno nacional actualizó los valores del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad correspondientes a septiembre, con un incremento del 1,70%, equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

La medida fue oficializada por la Secretaría Nacional de Discapacidad mediante la Resolución 3487/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La actualización permite observar los valores que actualmente funcionan como referencia para una amplia variedad de prestaciones, desde centros de día y establecimientos educativos terapéuticos hasta rehabilitación, hogares, apoyo escolar y transporte.

Pero al mismo tiempo que aplica esta nueva suba, el Gobierno propuso en el Presupuesto 2027 modificar de manera sustancial el mecanismo que determina esos aranceles.

El cambio está incluido en el artículo 39 del proyecto y apunta a terminar con el principio de un valor universal para todos los financiadores, reemplazándolo por un esquema en el que cada obligado pueda determinar los montos en su relación con los prestadores.

El aumento de septiembre: 1,70% para todas las prestaciones

La Resolución 3487/2026 establece que los aranceles vigentes se incrementan 1,70% durante septiembre, sin diferencias según el tipo de prestación. El cálculo se realizó sobre los valores que habían sido actualizados en agosto.

El mecanismo actual viene aplicando actualizaciones periódicas vinculadas a la evolución de precios. En agosto, por ejemplo, se había dispuesto una suba del 2,10%, correspondiente a la inflación de julio.

Además, se mantiene un adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la Patagonia, tal como establece el artículo 7° bis de la Ley 24.901.

Cuánto pasan a cobrar algunas prestaciones

Los nuevos valores muestran la magnitud del esquema que actualmente se aplica a nivel nacional.

En la Categoría A, por ejemplo, un Centro de Día de jornada doble pasa de $1.101.566,06 a $1.120.292,68, mientras que la jornada simple pasa de $586.028,44 a $595.990,93.

Para un Centro Educativo Terapéutico, la jornada doble queda en $1.258.436,01 y la jornada simple en $687.261,23.

En Formación Laboral, los valores pasan a $1.099.562,74 para jornada doble y $597.925,91 para jornada simple.

Entre las prestaciones residenciales, un Hogar Permanente de Categoría A queda en $2.107.238,43, mientras que un Hogar con Centro de Día Permanente alcanza $3.276.799,92 y un Hogar con Centro Educativo Terapéutico Permanente llega a $3.421.018,65.

También hay prestaciones con valores mucho más específicos. La Estimulación Temprana queda en $422.231,69; el Módulo Maestro de Apoyo en $497.881,75 y el módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE) en $770.043,58.

En rehabilitación, el módulo integral intensivo pasa a $183.890,72, mientras que la rehabilitación con internación alcanza $5.982.158,61.

El transporte, por su parte, queda establecido en $915,31 por kilómetro, mientras que el valor de alimentación asciende a $5.015,63.

Qué es el Nomenclador y por qué es importante

El Nomenclador forma parte del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral creado por la Ley 24.901. Su función es establecer los aranceles correspondientes a las prestaciones que reciben las personas con discapacidad dentro del sistema.

La normativa vigente establece actualmente que los valores deben ser iguales para todas las personas jurídicas obligadas y que son determinados por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas. Además, la Ley 27.793 incorporó un mecanismo de actualización vinculado al índice de movilidad y dispuso un estudio anual de costos para contemplar componentes que no necesariamente quedan reflejados en el IPC.

Por eso, el Nomenclador no representa solamente una lista de precios: funciona como una referencia común para el financiamiento de tratamientos, rehabilitación, transporte y distintas modalidades de atención.

El cambio que propone el Presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 plantea modificar el artículo 7° bis de la Ley 24.901.

La redacción propuesta establece que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales”. En otras palabras, dejaría de existir un único arancel obligatorio para todos los financiadores.

Los valores pasarían a ser determinados por cada ente obligado en su relación con los respectivos prestadores. Esto comprende a los distintos financiadores que participan del sistema.

El proyecto mantiene la idea de una cobertura universal, pero establece expresamente que esa universalidad no implicará homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones.

También cambiaría el mecanismo de actualización. Con el esquema actualmente vigente, los aranceles se actualizan siguiendo el mecanismo establecido legalmente y las resoluciones de la Secretaría Nacional de Discapacidad vienen aplicando las variaciones mensuales correspondientes al IPC.

El proyecto de Presupuesto 2027 propone que, cuando el obligado sea el Estado nacional, los valores sean determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad, a propuesta del Directorio del Sistema.

Si esa determinación no se realiza dentro del período previsto, el proyecto establece que el Ministerio de Salud tome como referencia el IPC publicado por el INDEC.