por Redacción NewsDigitales
Una auditoría realizada sobre la gestión de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó una diferencia de $158.717 millones entre los registros de deuda informados por dos áreas del organismo, que estuvo encabezado por Diego Spagnuolo hasta su desplazamiento en agosto de 2025.

Según publicó LA NACION, el desfasaje surgió de un análisis realizado por la intervención de la agencia y quedó registrado entre los listados de deuda exigible elaborados por distintas dependencias. Parte de esos compromisos, de acuerdo con el informe, no había atravesado los controles administrativos correspondientes.
La auditoría tomó como fecha de corte el 21 de agosto de 2025 y revisó distintos aspectos de la gestión, entre ellos pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.
El relevamiento incluyó pedidos de información a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), dependencia que implementaba programas como Incluir Salud y que informó el mayor volumen de deuda.
El informe consignó que “se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible”. La cifra surgió de la comparación entre la información presentada por las distintas áreas del organismo.

Los auditores también señalaron posibles imprecisiones en los datos proporcionados por la Dnass. Desde esa dependencia explicaron que tanto los importes como su clasificación podían haber sufrido variaciones debido a errores involuntarios en la carga realizada por los prestadores.
La dependencia se encuentra además bajo investigación del fiscal Franco Picardi, en una causa que analiza presuntas irregularidades en los procesos de compra y posibles pedidos de coimas. Según la acusación fiscal, algunos procedimientos podrían haber presentado sobreprecios y deficiencias administrativas.
Otro de los puntos observados fue el uso de la figura de legítimo abono, un mecanismo utilizado para pagar bienes o servicios que ya fueron entregados o prestados sin que hayan atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.

Según la auditoría, hasta la fecha de corte el organismo continuaba utilizando esta modalidad y solamente se habían iniciado seis procedimientos de compra vinculados con esos servicios.
El informe no pudo identificar cuáles fueron específicamente los pagos realizados bajo legítimo abono. Sin embargo, detalló que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
La auditoría vuelve así a poner bajo análisis la administración del organismo durante la gestión de Spagnuolo, mientras la Justicia mantiene abierta una investigación por presuntas irregularidades en los procesos de contratación.
El desfasaje de $158.717 millones entre los registros de deuda aparece como uno de los principales hallazgos del relevamiento y suma un nuevo elemento al análisis sobre el funcionamiento administrativo de la ex agencia.