Alfredo Cornejo: pedido de juicio político por los $400 millones de Los Pumas

Un partido de Los Pumas puede convertirse en algo más que un espectáculo deportivo. En Mendoza, el desembolso de $400 millones de fondos provinciales para la organización del encuentro entre la selección argentina y Australia derivó en un pedido de juicio político contra el gobernador Alfredo Cornejo.

La presentación –a la que NewsDigitales tuvo acceso- fue realizada por Aldo Sergio Parodi ante la Cámara de Diputados de Mendoza. El denunciante cuestionó el destino de los recursos utilizados para el encuentro disputado el 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas y pidió que la Legislatura investigue, además, el manejo de los fondos vinculados con el deporte provincial desde la sanción de la Ley 6457, en 1997.

Mendoza volverá a recibir a Los Pumas en un nuevo test match internacional frente a Australia, el próximo 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas.

Hoy participé en Buenos Aires de la presentación oficial de esta serie internacional junto al gobernador de Jujuy,… pic.twitter.com/gtRNZSCefZ

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 19, 2026

Qué pasó con los $400 millones

El punto de partida es el Decreto 1782, firmado por Cornejo el 31 de agosto y publicado en el Boletín Oficial el 17 de septiembre. La norma modificó el Presupuesto General de la Administración Pública de Mendoza para 2026 por $400 millones, destinados al Ministerio de Salud y Deportes, con financiamiento de Rentas Generales. El dinero fue incorporado para afrontar requerimientos organizativos, logísticos y operativos vinculados con el partido entre Los Pumas y Australia.

El decreto no establece en su parte dispositiva cuánto correspondió a cada uno de esos conceptos. Solo se limita a mencionar "la necesidad del refuerzo solicitado en la atención de los requerimientos organizativos, logísticos y operativos derivados de la realización del partido internacional de rugby que se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas" Es decir, fija el refuerzo presupuestario, pero no ofrece información adecuada y detallada sobre el destino de los $400 millones, entre seguridad, logística, organización, servicios u otros gastos asociados al evento.

El partido terminó 28-28 y reunió a más de 20.000 personas en el estadio Malvinas Argentinas. El encuentro fue el último compromiso de Los Pumas en el país durante 2026, pero el resultado deportivo quedó en segundo plano frente a la discusión que se abrió por los fondos públicos destinados a su organización. Ahora será la Legislatura mendocina la que deberá determinar si el planteo presentado contra Cornejo reúne las condiciones para avanzar y, eventualmente, abrir una investigación sobre el uso de esos recursos.

La ley que aparece en el reclamo

Para entender la denuncia hay que retroceder casi tres décadas. La Ley provincial 6457, sancionada en enero de 1997, estableció el régimen mendocino de promoción y desarrollo del deporte y creó el Fondo de la Dirección Provincial del Deporte y Recreación.

Ese fondo tiene distintas fuentes de financiamiento. Entre ellas aparecen los recursos provenientes de la concesión o explotación de infraestructura deportiva perteneciente al Estado provincial y también un porcentaje de la recaudación de eventos deportivos cuando así se determine mediante convenios entre la autoridad deportiva y los organizadores.

La norma también establece que esos recursos deben destinarse, entre otros objetivos, al funcionamiento de la Dirección de Deportes, la promoción de la actividad deportiva, subsidios a instituciones, capacitación, competencias y apoyo económico a deportistas locales.

Ese es el punto que Parodi pretende poner bajo la lupa: sostiene que durante años no se habría cumplido adecuadamente con las previsiones vinculadas con esos recursos y reclama que la Legislatura revise qué ocurrió con el dinero generado por los grandes eventos realizados en el estadio Malvinas Argentinas.

Qué pide el denunciante

En su presentación, Parodi solicita que se avance con un juicio político contra Cornejo y que se investigue tanto el decreto de los $400 millones como el manejo de los recursos del deporte provincial durante las últimas décadas.

También pide que sean convocados funcionarios y autoridades de organismos de control para aportar información sobre el destino de los fondos y menciona una investigación penal que, según afirma en su escrito, tramita bajo el expediente N/P/57.809/26.

El denunciante vincula además su planteo con distintos actores del negocio deportivo y de la organización de espectáculos, aunque esas afirmaciones deberán ser acreditadas en las instancias correspondientes.

Qué puede hacer ahora la Legislatura

El artículo 109 de la Constitución de Mendoza establece que el gobernador puede ser acusado en juicio político por mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones, entre otros supuestos. La misma norma permite que cualquier habitante de la provincia presente la acusación ante la Cámara de Diputados.

La presentación debe precisar los hechos que fundamentan el pedido. Una vez recibida, la Cámara debe votar nominalmente y por mayoría simple si los cargos planteados pueden constituir una falta o delito que dé lugar al juicio político. Si la decisión es negativa, la acusación queda desestimada.