La Asamblea General de la ONU debatirá el 24 de septiembre una declaración sobre aumento del nivel del mar destinada a dar estabilidad jurídica a los Estados más expuestos. El encuentro de alto nivel será en Nueva York y llega con un texto final acordado bajo procedimiento de silencio, pero todavía no adoptado. Hay un borrador negociado, no una norma ya vigente.
La discusión ya no se limita a cuánto territorio puede quedar inundado, sino a qué ocurre con un país si su geografía cambia de forma permanente. NewsDigitales contó el caso de Tuvalu desde la digitalización y la migración. El nuevo paso agrega una cuestión jurídica: continuidad estatal, representación internacional, fronteras marítimas y derechos económicos vinculados al océano.
El borrador de la declaración sostiene que las zonas marítimas establecidas conforme a la Convención sobre el Derecho del Mar pueden mantenerse aunque cambie la costa. También afirma una presunción favorable a la continuidad del Estado y menciona soberanía, derechos soberanos, responsabilidades y membresía en Naciones Unidas. La fórmula importa porque esas zonas sostienen acceso a pesca, recursos y otras competencias económicas.
Tuvalu ofrece el caso más concreto porque ya incorporó esa estrategia a acuerdos previos. El Tratado Falepili con Australia, vigente desde 2024, reconoce que su condición estatal y soberanía continúan pese al aumento del mar. Además, los países del Pacífico defendieron desde 2021 la permanencia de sus zonas marítimas. La propuesta de la ONU lleva esa lógica regional hacia un marco político de alcance global.
Funafuti concentra población e infraestructura en una franja de tierra de muy baja elevación.El límite jurídico sigue siendo importante. La declaración, aun si se adopta, no equivale por sí sola a un tratado y Tuvalu continúa reclamando un instrumento internacional específico. La nacionalidad tampoco aparece como cláusula autónoma en el borrador. El informe final de la Comisión de Derecho Internacional de 2025 sí plantea prevenir la pérdida de nacionalidad y la apatridia, vinculando esa protección con la continuidad estatal.

El próximo paso será la reunión del 24 de septiembre, cuando los Estados decidirán sobre el resultado preparado durante meses de consultas. Si el texto se adopta sin cambios sustanciales, fijará una referencia multilateral para sostener zonas marítimas, membresía internacional y funciones estatales aunque retroceda el territorio físico. Su efecto práctico dependerá luego de leyes, tratados y conducta estatal. La discusión busca evitar que el mar borre automáticamente la personalidad jurídica de un país.