Las diputadas Gabriela Estévez y Agustina Propato presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe en detalle cómo avanza el proceso de traspaso del personal civil del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
El pedido se produce en el marco de la disolución y liquidación del IOSFA dispuesta por el Decreto 88/2026 y apunta particularmente a conocer qué medidas se están tomando para preservar los puestos de trabajo, las condiciones laborales y la cobertura de salud de los empleados civiles durante la transición.
La iniciativa plantea 11 pedidos de información al Gobierno, vinculados tanto con la situación contractual de los trabajadores como con los cambios en la estructura de la obra social y los conflictos sindicales registrados en distintas dependencias.
En ese marco, Estévez y Propato solicitan conocer qué grado de avance tiene el traspaso total de la plantilla del ex IOSFA hacia la nueva obra social.
También reclaman información sobre las medidas adoptadas para garantizar que, hasta el reencasillamiento definitivo, se mantengan la antigüedad, el nivel escalafonario y las remuneraciones vigentes, tanto para trabajadores de planta permanente como para contratados.
La disolución del IOSFA no puede dejar trabajadores en el camino.
— Gabriela Estévez (@gabiestevezok) September 22, 2026
El Gobierno disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y creó nuevos organismos. En medio de esa reestructuración, cientos de trabajadores civiles quedaron atravesados por la incertidumbre:… pic.twitter.com/phXIJSI3Yz
El proyecto solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Jefatura de Gabinete y los organismos correspondientes, responda sobre los siguientes puntos:
1. Estado del traspaso.
Qué grado de avance tiene la transferencia de la totalidad de la plantilla del ex IOSFA hacia la OSFA.
2. Condiciones laborales.
Qué acciones se implementaron para preservar la antigüedad, el nivel escalafonario y las remuneraciones del personal civil hasta su reencasillamiento definitivo.
3. Comisión Ad Hoc.
Qué actuaciones, informes y recomendaciones produjo la comisión especial creada para asesorar en el traspaso de los trabajadores.
4. Más de 300 contratos dados de baja.
Cuáles fueron las razones técnicas, áreas involucradas y nómina del personal alcanzado por la baja de contratos estacionales y administrativos en Mar del Plata, Tandil, Córdoba y distintas delegaciones provinciales.
5. Trabajadores de Ascochinga.
Cuál es la situación de los aproximadamente 30 trabajadores de la Estancia Golf Ascochinga, en Córdoba, cuyos contratos fueron notificados como no renovables a fines de septiembre. También solicitan precisar su antigüedad y las medidas previstas frente a las denuncias sindicales sobre precarización laboral.
6. Personal de planta permanente.
Cuántos agentes fueron puestos en disponibilidad o intimados a aceptar traslados geográficos como consecuencia del desmantelamiento o reorganización de farmacias, hoteles y centros recreativos.
7. Red hotelera y turismo social.
Qué plan de preservación laboral se implementó para proteger los más de 580 puestos directos vinculados con la red hotelera y turística.
8. Empadronamiento en la OSFA.
Cuál es el estado de incorporación del personal civil como afiliados titulares obligatorios de la nueva obra social, de acuerdo con el Decreto 88/2026.
9. Representante de los trabajadores.
Qué procedimiento, plazos y reglamentación se prevén para elegir e incorporar al representante del personal civil en el directorio de cinco miembros de la OSFA.
10. Cobertura de salud.
Qué medidas de emergencia se adoptaron para garantizar la atención médica de los trabajadores civiles afiliados ante interrupciones en prestaciones que, según el proyecto, habrían obligado a recurrir al sistema público o a hospitales militares.
11. Conflictos sindicales.
Qué instancias de diálogo fueron convocadas para atender los reclamos y medidas de fuerza de ATE Rosario y del personal y docentes civiles de dependencias como el Liceo Aeronáutico Militar de Funes.

En los fundamentos, las diputadas reconstruyen la crisis financiera que atravesó el IOSFA antes de su disolución.
Según los datos incorporados al proyecto, hacia diciembre de 2023 el organismo todavía contaba con reservas positivas estimadas en más de $25.000 millones. Sin embargo, los fundamentos sostienen que durante 2024 comenzó un deterioro que llevó el pasivo a niveles crecientes.
Las legisladoras citan auditorías internas según las cuales la deuda habría alcanzado unos $210.000 millones en junio de 2025, mientras que los ingresos ordinarios cubrían una proporción reducida de las obligaciones corrientes. También mencionan un auxilio financiero de $40.000 millones otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera.
Por otro lado, señalan además que, con la consolidación de los balances de 2026, el pasivo auditado habría superado los $213.900 millones, situación que antecedió a la disolución del IOSFA.
El proyecto vincula esa crisis con interrupciones de prestaciones médicas, dificultades para acceder a medicamentos y un incremento de reclamos y acciones judiciales por parte de afiliados.
El Decreto 88/2026 dividió la estructura que hasta entonces concentraba la cobertura de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
La OSFA quedó vinculada al Ministerio de Defensa para atender a las Fuerzas Armadas, mientras que la cobertura correspondiente a las fuerzas federales de seguridad quedó encaminada hacia la OSFFESEG, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
Para las autoras del proyecto, la transición no se limita al sistema sanitario. También involucra una estructura que históricamente administró farmacias, hoteles, centros turísticos y otras prestaciones sociales.
En particular, subrayan que la infraestructura turística del antiguo IOSFA comprende 18 unidades propias y emplea a más de 580 personas.
Uno de los principales cuestionamientos incluidos en el proyecto está relacionado con la situación de los trabajadores contratados.
Las diputadas sostienen que durante 2026 se produjeron bajas de más de 300 contratos, especialmente en Mar del Plata, Tandil, Córdoba y delegaciones provinciales. También ponen el foco en la situación de unos 30 trabajadores de la Estancia Golf Ascochinga, cuyos contratos, según los fundamentos, no serían renovados a fines de septiembre.
En el caso del personal permanente, el proyecto pregunta cuántos trabajadores fueron enviados a disponibilidad o enfrentan traslados geográficos como consecuencia de la reorganización de hoteles, farmacias y otros servicios.
También recogen críticas sindicales al denominado "nuevo encuadre" laboral. Según esas organizaciones, el proceso podría afectar categorías, adicionales y condiciones adquiridas. Se trata de una interpretación y una denuncia de los representantes gremiales que las autoras buscan que el Poder Ejecutivo precise y responda.