reactivación económica
22/09/2026 - Edición Nº1323
Política
Diputados
De las denuncias contra Bauen Pilay al Congreso: qué pasaría con los planes de ahorro
22/09/2026 | "Lo que comenzó como el sueño de la casa propia se ha transformado en una trampa financiera de asfixia económica", señalan los diputados.
Las denuncias por supuestos incumplimientos de Bauen Pilay ya llevan 10 años.
Un grupo de diputados peronistas de Santa Fe presentó un proyecto de ley para crear un Registro Nacional de Ahorristas y Suscriptores Afectados por Sistemas de Capitalización y Ahorro Edilicio.
La iniciativa apunta a relevar y centralizar los reclamos de consumidores que participan de planes de ahorro, capitalización o sistemas destinados a la adquisición de viviendas y que denuncian demoras, aumentos de cuotas, falta de entrega de unidades o problemas de información contractual.
El proyecto fue presentado por Caren Tepp, Agustín Rossi, Germán Martínez y Diego Giuliano y propone que el registro funcione bajo la órbita de la autoridad nacional de aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
La iniciativa no establece por sí misma la devolución de dinero ni la entrega inmediata de viviendas, pero busca crear una herramienta federal para dimensionar el conflicto, identificar patrones de incumplimiento y generar mecanismos de intervención colectiva frente a las empresas involucradas.
En los fundamentos señalan que los consumidores afectados denuncian situaciones como "incrementos desmedidos e imprevisibles en las cuotas", demoras que superarían los plazos originalmente previstos para las adjudicaciones, falta de entrega de unidades y dificultades para conocer el estado real de avance de las obras.
El proyecto pone especial atención en los sistemas de ahorro edilicio y menciona como antecedente la situación generada en torno a empresas como Bauen Pilay, con particular presencia en la región centro del país.
Según los fundamentos, "lo que comenzó como el sueño de la casa propia se ha transformado, para miles de ciudadanos, en una trampa financiera de asfixia económica".
Caren Tepp, autora de la iniciativa
Qué propone el Registro Nacional
El eje del proyecto es crear una base de datos nacional de personas que tengan reclamos o denuncias relacionados con estos sistemas.
El registro tendría como objetivos relevar, recopilar, sistematizar y diagnosticar la situación de los consumidores. La inscripción sería voluntaria y gratuita, y podría realizarse tanto de manera digital como presencial.
Entre los datos que se solicitarían figuran la empresa administradora del plan, las características básicas del contrato, la fecha y modalidad de contratación, la cantidad y el monto de las cuotas abonadas, la ubicación de la vivienda comprometida y la unidad actualmente ofrecida, además de una descripción del incumplimiento denunciado. Los consumidores también podrían adjuntar documentación respaldatoria.
La intención es que esa información permita detectar cuáles son los principales problemas y determinar si existen patrones que afecten simultáneamente a grupos de suscriptores.
Cuotas, demoras y falta de entrega
El proyecto establece expresamente algunas de las situaciones que el registro debería identificar a través de informes estadísticos periódicos.
Entre ellas aparecen las demoras en las adjudicaciones, la falta de entrega de las unidades, los aumentos de las cuotas y la falta de transparencia contractual.
De esta manera, la propuesta busca pasar de reclamos individuales a un diagnóstico colectivo. La información reunida permitiría determinar cuántos consumidores se encuentran afectados, qué empresas aparecen involucradas, cuáles son las modalidades de conflicto más frecuentes y en qué jurisdicciones se concentran.
Los autores sostienen que esa información también podría servir para diseñar mecanismos de mediación y resolución colectiva de conflictos.
Qué deberán hacer las empresas
Uno de los puntos centrales del proyecto está en las obligaciones que establece para las empresas administradoras de sistemas de capitalización, ahorro previo o planes de vivienda alcanzadas por reclamos incorporados al registro.
Las compañías deberían responder los pedidos de información de la autoridad de aplicación en un plazo máximo de diez días hábiles. Entre los documentos que podrían ser requeridos aparecen contratos, estados de cuenta y planes de obra.
Además, tendrían que participar de las audiencias de conciliación o mesas de mediación colectiva que se convoquen en el marco del registro.
La iniciativa también establece una obligación de información periódica: las empresas deberían presentar cada tres meses un informe sobre los plazos de entrega y el estado de los círculos de ahorro que tengan reclamos vigentes.
Multas y posible intervención de la IGJ
El proyecto propone que el incumplimiento de estas obligaciones sea considerado una infracción grave dentro del régimen de la Ley de Defensa del Consumidor.
La reticencia, el ocultamiento de información o la entrega de datos falsos o engañosos podrían derivar en sanciones.
Además, cuando una conducta afecte simultáneamente a un grupo de consumidores o exista reincidencia, la autoridad de aplicación debería aplicar el máximo de la escala de multas vigente en la Ley 24.240.
En esos casos, también podría remitir las actuaciones a la Inspección General de Justicia (IGJ) para que evalúe la situación de la empresa y, eventualmente, la suspensión o revocación de la autorización para operar el sistema de ahorro.
La propuesta, por lo tanto, no se limita a crear un registro de afectados: busca utilizar la información recopilada como insumo para eventuales actuaciones administrativas y de control.
Una red federal de oficinas de consumidores
Otro aspecto central es el alcance territorial. La iniciativa plantea que el registro tenga una implementación federal y que la autoridad nacional coordine con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a través del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC).
Las oficinas provinciales y municipales de Defensa del Consumidor funcionarían como puntos de recepción de información y de intercambio de datos.
También se habilitaría la firma de convenios con municipios, defensorías del pueblo y asociaciones de consumidores registradas.
El objetivo declarado es darle "capilaridad territorial" al sistema y permitir que una persona afectada pueda incorporarse al registro sin necesidad de trasladarse a una dependencia nacional.
El antecedente de Rosario
Los diputados santafesinos toman como antecedente directo una iniciativa aprobada por el Concejo Municipal de Rosario para crear un registro de presuntos damnificados vinculados con planes de Bauen Pilay.
En junio de 2026, el Concejo había informado que en su Comisión de Planeamiento se había solicitado la creación de un registro en el ámbito de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios.
Posteriormente, una resolución aprobada por el Concejo pidió información a Bauen Arquitectura, Pilay y Pilares sobre el estado de los planes de capitalización y ahorro comercializados en Rosario.
El proyecto nacional busca llevar esa lógica a una escala federal, bajo el argumento de que las empresas pueden desarrollar operaciones que exceden los límites de una ciudad o provincia.
