por Redacción NewsDigitales
El Gobierno de Javier Milei se refirió por primera vez a la situación patrimonial de Manuel Adorni después de que el exjefe de Gabinete presentara ante la Justicia un escrito de 77 páginas para responder a los cuestionamientos del fiscal Gerardo Pollicita.

Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier tomó distancia del exfuncionario y dejó en claro que la Casa Rosada no intervendrá en la investigación. “En relación con Manuel Adorni, es una persona que no forma parte de este Gobierno”, sostuvo ante una consulta sobre el expediente.
Ravier agregó que todo lo relacionado con el patrimonio del exfuncionario “está en manos de la Justicia” y que el Gobierno esperará que sea el Poder Judicial el que determine los próximos pasos. La definición marcó el primer posicionamiento oficial después de la presentación realizada por Adorni.

El caso también generó preguntas sobre la política de Inocencia Fiscal impulsada por el Gobierno, especialmente porque la administración nacional busca que los argentinos vuelquen al sistema financiero los dólares que mantienen fuera de los bancos.
Ante la consulta sobre una posible contradicción entre el caso Adorni y el incentivo oficial para exteriorizar dólares, Ravier buscó separar ambas cuestiones. “Tenemos que separar las cosas”, sostuvo el vocero.
Según explicó, la Ley de Inocencia Fiscal apunta a que el dinero que permanece fuera del sistema financiero vuelva a los bancos y se transforme en ahorro. El Gobierno sostiene que ese ahorro puede convertirse luego en inversión y contribuir al crecimiento económico.
Ravier también recordó los blanqueos impulsados durante los últimos años y planteó que la intención fue incorporar al circuito financiero fondos que permanecían fuera del sistema, ya sea en el exterior, en efectivo o en cajas de seguridad.
“Seguimos pensando que es una ley fundamental. No vamos a mezclarlo con el tema Adorni”, afirmó. Sobre la investigación patrimonial, volvió a remarcar que continuará en manos de la Justicia.
La presentación realizada por Adorni buscó responder los 20 puntos planteados por el fiscal Pollicita en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Su defensa sostuvo que el crecimiento patrimonial registrado entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 tiene un “sustento razonable y verificable”.

Uno de los principales argumentos apunta a operaciones con Bitcoin realizadas antes de su ingreso a la función pública. Según el escrito, Adorni habría obtenido US$591.544,61 mediante la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin utilizadas entre 2014 y 2018.
La defensa sostuvo que esas inversiones fueron realizadas con ahorros provenientes de la actividad privada de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Para acreditar la titularidad de las billeteras, presentó documentación y un acta notarial vinculada con las claves privadas.
Otro de los puntos cuestionados por la Fiscalía está relacionado con sumas de US$565.000, US$513.000 y US$388.961,52 declaradas en distintos momentos bajo el concepto de venta de activos. La defensa afirmó que esos fondos también tuvieron origen en las operaciones con criptomonedas.
El escrito también respondió sobre la propiedad ubicada en el Country Indio Cuá, uno de los puntos centrales de la investigación. Según la defensa, la vivienda fue adquirida por US$120.000, mediante un préstamo hipotecario de US$100.000 y otros US$20.000 en efectivo.

Adorni también cuestionó el monto atribuido a las refacciones de la propiedad. Mientras el contratista Matías Tabar había declarado un pago de US$245.929, la defensa sostuvo que el desembolso real fue de US$174.954,58, cifra que, según el escrito, coincide con un estudio contable y una valuación realizada por un arquitecto.
La presentación también respondió sobre rectificaciones de declaraciones juradas y compras realizadas a través de terceras personas. A su vez, la defensa cuestionó el cálculo fiscal de una diferencia de $43.068.549 entre ingresos y egresos y sostuvo que se trata de una “brecha residual” y no de una desproporción patrimonial manifiesta.

Ahora será Pollicita quien deberá analizar la documentación incorporada y determinar si las explicaciones de Adorni resultan suficientes o si corresponde avanzar con nuevas medidas. Entre las posibilidades figura una eventual declaración indagatoria.
Mientras tanto, el Gobierno eligió despegarse del exfuncionario y dejar el expediente exclusivamente en manos de la Justicia. La frase de Ravier abrió así una nueva etapa del caso, justo después de que Adorni presentara su descargo para explicar el origen de los fondos que están bajo investigación.