Ley de Soberanía: abogados advierten por "desinformación masiva” y libertad de expresión

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sumó un nuevo cuestionamiento mientras comienza su recorrido en el Congreso. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su preocupación por distintas disposiciones de la iniciativa enviada por el Gobierno y puso especialmente el foco en las figuras vinculadas con la “desinformación masiva”.

La entidad consideró legítimo que el Estado busque proteger la soberanía nacional y las instituciones democráticas frente a posibles injerencias extranjeras, pero advirtió que las herramientas utilizadas para hacerlo deben respetar los derechos y garantías establecidos por la Constitución.

El planteo apunta particularmente a la amplitud con la que, según el Colegio, están redactadas algunas de las conductas que podrían recibir sanciones penales o administrativas.

“Algunos de los comportamientos a los que se alude en el proyecto como merecedores de graves sanciones penales o administrativas tienen tal vaguedad e indeterminación que no permiten delimitar con suficiente claridad su alcance”, señaló la institución.

La “desinformación masiva”, bajo la lupa

Uno de los puntos que concentra los reparos está relacionado con la incorporación de nuevas figuras para combatir la influencia extranjera.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone incorporar al Código Penal penas de entre 5 y 12 años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”.

Para el Colegio Público de la Abogacía, la prevención de interferencias extranjeras no debería derivar en normas cuya amplitud pueda afectar otros derechos.

“La prevención de injerencias extranjeras no puede traducirse en disposiciones cuya amplitud afecte la libertad de expresión, la circulación de información o la participación en el debate público”, sostuvo la entidad.

En ese sentido, remarcó que el principio de legalidad requiere una delimitación clara de las conductas prohibidas, especialmente cuando las consecuencias previstas incluyen sanciones de considerable gravedad.

La presidenta del Colegio, Alejandra García, reforzó el planteo y sostuvo que la defensa de la soberanía constituye “un objetivo legítimo del Estado”, aunque consideró necesario que las herramientas utilizadas respeten rigurosamente la Constitución.

“Nos preocupan especialmente aquellas disposiciones del proyecto que, por su amplitud o falta de precisión, pueden comprometer el principio de legalidad, la libertad de expresión y el debido proceso”, afirmó.

También cuestionan las medidas preventivas

Las observaciones no se limitan a la figura de la desinformación. El Colegio también pidió revisar las facultades contempladas en la iniciativa para adoptar medidas preventivas antes de que exista una decisión definitiva.

Según la institución, las herramientas para actuar frente a situaciones que puedan comprometer la seguridad nacional deben compatibilizarse con el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.

“La protección de nuestras instituciones democráticas no puede hacerse a costa de las garantías que constituyen su fundamento”, sostuvo García.

El Gobierno envió el proyecto al Congreso el 17 de septiembre y lo presentó como un régimen integral para proteger los derechos soberanos argentinos. La Casa Rosada señaló que la iniciativa se estructura sobre tres pilares: sancionar la explotación ilegítima de recursos naturales, generar incentivos para que esas actividades cesen y otorgar al Estado nuevas herramientas frente a amenazas externas.

Un debate que suma advertencias

El pronunciamiento del Colegio se incorpora a un debate que ya había generado observaciones de entidades vinculadas con la actividad periodística.

FOPEA advirtió específicamente sobre la figura de las campañas coordinadas de “desinformación masiva” y planteó que la redacción debería modificarse para evitar que pueda alcanzar el ejercicio legítimo del periodismo, la crítica política o la discusión de asuntos de interés público.

ADEPA también expresó preocupación por las posibles “interpretaciones ambiguas” de algunos puntos del proyecto y anticipó que enviará a los legisladores un análisis jurídico de la iniciativa.

Ahora será el Congreso el encargado de discutir el alcance de esas disposiciones durante el tratamiento parlamentario. El Colegio Público de la Abogacía reclamó que ese debate preserve tanto las herramientas para proteger al Estado frente a injerencias extranjeras como las garantías constitucionales y las libertades públicas.