El ARA San Juan volvió al centro de un fuerte reclamo de los familiares de sus 44 tripulantes. A casi nueve años de la tragedia, denunciaron el retiro de banderas, fotografías y mensajes que permanecían desde hacía años en el alambrado perimetral de la Base Naval Mar del Plata y advirtieron que el episodio se suma a una serie de situaciones que consideran parte de una historia de “maltrato” y olvido.
La denuncia fue realizada este 22 de septiembre por la abogada Valeria Carreras, querellante y representante de familiares de los submarinistas, mediante un comunicado titulado “No hundan de nuevo al ARA San Juan”. Según el documento, el 6 de septiembre la Base Naval Mar del Plata dispuso retirar los recuerdos que familiares, vecinos y turistas habían colocado en el lugar durante casi nueve años. El escrito atribuye la decisión a una orden del contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, comandante del Área Naval Atlántico y jefe de esa unidad.
La controversia excede el retiro de fotografías y banderas. Los restos del submarino permanecen en el Atlántico Sur y las familias no cuentan con una tumba individual donde homenajear a los tripulantes. Desde la desaparición del ARA San Juan, el 15 de noviembre de 2017, el cerco de la Base Naval se convirtió espontáneamente en un espacio de memoria.

“Ese cerco era, para muchas familias, el único sitio donde llevar una flor”, sostiene el comunicado. La querella cuestionó que los elementos fueran retirados bajo el argumento de trabajos de remodelación y consideró que la decisión representa un nuevo golpe para quienes continúan reclamando memoria, verdad y justicia.
El planteo de Carreras apunta justamente a que el episodio no sea interpretado como una decisión administrativa aislada. En el documento, la representante de los familiares reconstruye distintas situaciones atravesadas desde la desaparición del submarino y sostiene que, consideradas en conjunto, profundizan la sensación de abandono de quienes todavía buscan respuestas.
Entre esos antecedentes aparece la investigación por presunto espionaje ilegal durante la presidencia de Mauricio Macri sobre familiares que reclamaban respuestas por lo ocurrido con el submarino.

Macri y los entonces responsables de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron sobreseídos. El comunicado recuerda que la Cámara Federal de Casación Penal consideró que las tareas investigadas estaban relacionadas con la seguridad presidencial y que la Corte Suprema dejó firme esos sobreseimientos en octubre de 2025. Las querellantes cuestionaron aquella resolución al considerar que terminó legitimando el seguimiento de madres, esposas y hermanas de los tripulantes.
La discusión sobre las responsabilidades por el hundimiento tuvo este año otro capítulo central. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó en julio al excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los otros tres acusados, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, fueron absueltos.
Los fundamentos conocidos posteriormente expusieron las diferencias dentro del tribunal. La mayoría consideró que existió una cadena de omisiones atribuibles a Villamide y que la autonomía del comandante del submarino no eliminaba sus obligaciones como superior. El voto en disidencia sostuvo, en cambio, que no había quedado suficientemente acreditado el nexo causal necesario para responsabilizarlo por la pérdida de la nave.

El nuevo comunicado incorpora otra preocupación vinculada con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso el 17 de septiembre.
Carreras cuestiona una modificación que, según sostiene la presentación y las advertencias recogidas allí, podría afectar el principio de responsabilidad dentro de la cadena de mando militar. La discusión adquiere especial sensibilidad para las familias después de un juicio en el que precisamente se debatieron las obligaciones y responsabilidades de los superiores jerárquicos del submarino.
El proyecto permanece bajo tratamiento parlamentario y sus eventuales consecuencias jurídicas forman parte del debate. El Gobierno presentó la iniciativa como una reforma destinada a fortalecer el sistema de defensa y las herramientas del Estado para proteger la soberanía nacional.
La presentación también expone situaciones relacionadas con la atención sanitaria de familiares de los submarinistas. Según el comunicado, algunos denunciaron haber tenido que afrontar con recursos propios determinados gastos médicos, incluso costos de anestesia para intervenciones quirúrgicas, ante problemas con la cobertura de la obra social de las Fuerzas Armadas.

A eso se suman cuestionamientos por comunicaciones tardías o insuficientes sobre actos oficiales relacionados con el ARA San Juan. Los familiares sostienen que, en determinadas oportunidades, la falta de anticipación dificultó su participación debido a las distancias y los recursos necesarios para trasladarse.
La querella considera que la acumulación de estos episodios permite comprender la dimensión del reclamo actual. “Cada uno de estos hechos, tomado por separado, puede explicarse. Tomados en conjunto, dibujan una sola dirección: la de borrar una tragedia incómoda y a quienes todavía reclaman verdad y justicia por ella”, afirma el documento.
El comunicado concluye con un llamado dirigido a las autoridades de la Armada Argentina, el Ministerio de Defensa y el Gobierno nacional para preservar un espacio donde la sociedad y las familias puedan continuar homenajeando a los submarinistas.

“Los 44 tripulantes del ARA San Juan fueron servidores de la Patria. Sus familias merecen memoria, no maltrato. Merecen un lugar donde la ciudad y el país puedan seguir rindiéndoles homenaje”, sostiene el documento, que finaliza con una consigna directa: “No hundan al ARA San Juan”.
La nueva controversia se produce a menos de dos meses del noveno aniversario de la desaparición del submarino, ocurrida el 15 de noviembre de 2017. El ARA San Juan fue localizado un año después, a más de 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur. Sus restos permanecen allí junto a sus 44 tripulantes, mientras sus familias continúan reclamando memoria y respuestas por una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina.
🎙️ Valeria Carreras (@dravaleria) pasó por El Living de #NewsDigitales para conversar sobre una de las causas más sensibles de la historia reciente: el hundimiento del ARA San Juan y la lucha de las familias de los 44 tripulantes por verdad y justicia.
— NewsDigitales (@NewsDigitalesAr) July 8, 2026
⚖️ La abogada querellante… pic.twitter.com/GNPcD0FZex