La jueza que sobreseyó a un adolescente defendió su fallo y respondió a los pedidos de juicio político

La jueza de menores porteña Laura de Marinis rompió el silencio tras la controversia que generó su decisión de sobreseer a un adolescente de 14 años acusado de intentar robar un celular y defendió los fundamentos de su fallo, en el que declaró la inconstitucionalidad de la aplicación del Nuevo Régimen Penal Juvenil para ese caso concreto. Además, respondió a los pedidos de juicio político en su contra y advirtió sobre las consecuencias institucionales de cuestionar a un magistrado por el contenido de sus resoluciones.

En diálogo con Radio Con Vos, la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires explicó que su decisión estuvo vinculada con las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba el adolescente y consideró que someterlo a un proceso penal resultaba desproporcionado.

"Aplicar el sistema penal, la respuesta desde el sistema penal, es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante", sostuvo la magistrada.

En ese sentido, señaló que el menor se encontraba fuera del sistema educativo y atravesaba dificultades para alimentarse, una situación que, según explicó, recién llegó a conocimiento del Estado a partir de su intervención en una causa penal.

"Se trata de un chico que no fue conocido por el Estado, que estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional", argumentó.

El episodio que dio origen al expediente ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años denunció que había sido perseguido por un grupo de jóvenes que intentaron sustraerle su teléfono celular. El robo no llegó a concretarse y los sospechosos fueron demorados por la Policía.

Tras analizar las circunstancias particulares del adolescente, De Marinis resolvió sobreseerlo y dispuso la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que se implementen medidas de acompañamiento familiar, educativo y recreativo.

La defensa del fallo

La magistrada aclaró que su resolución no implica desconocer la vigencia del Nuevo Régimen Penal Juvenil ni impedir su aplicación a otros adolescentes alcanzados por la normativa, sino que se limita exclusivamente al expediente que tuvo bajo su análisis.

En esa línea, insistió en que la intervención de la Justicia penal debe constituir el último recurso frente a situaciones que involucran a menores de edad.

"Someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir", afirmó, y advirtió que incluso una amonestación puede convertirse en un antecedente que posteriormente dé lugar a respuestas judiciales más gravosas.

Al ser consultada sobre su opinión respecto de la nueva legislación, De Marinis aseguró que considera que ofrece herramientas para abordar los conflictos que involucran a adolescentes, aunque remarcó la necesidad de compatibilizar su aplicación con los tratados internacionales de protección de derechos.

"La ley me parece una herramienta hermosa para poder armonizarla con la Convención y poder trabajar con los chicos en el día a día", expresó.

Sin embargo, planteó que la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años alcanza a una población que, según su consideración, desconoce los cambios introducidos por la normativa.

La respuesta a los pedidos de juicio político

La jueza también se refirió a las iniciativas impulsadas para promover su destitución tras conocerse la resolución y cuestionó que se pretenda avanzar con ese procedimiento por los fundamentos jurídicos de una decisión judicial.

"Mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales. Un juicio político es cuando uno no cumple con el desempeño de su función", manifestó.

En ese marco, defendió la independencia judicial y rechazó las críticas que vincularon su resolución con una eventual responsabilidad por futuros delitos.

"Que por el fundamento de mis decisiones me digan que van a iniciar un juicio político debilita las instituciones democráticas. Hablar de un fallo manchado con sangre en este hecho me parece distorsionar lo que yo resolví", concluyó.