El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires creó un nuevo programa destinado a fortalecer las capacidades de las policías bonaerenses para detectar, investigar y actuar frente a casos de trata de personas y delitos conexos.
La medida establece un esquema de implementación que se extenderá durante los próximos años.
El objetivo central es construir una respuesta policial más homogénea frente a un delito que, por sus características, puede involucrar redes de captación, traslado, explotación, financiamiento y ocultamiento, además de modalidades que utilizan redes sociales y otras plataformas digitales.
La iniciativa se enmarca en la legislación nacional y provincial vigente. La Ley 26.364, modificada por la Ley 26.842, establece medidas para prevenir y sancionar la trata, además de asistir y proteger a sus víctimas. La normativa también establece que el eventual consentimiento de una víctima no exime de responsabilidad a quienes participan del delito.
La resolución crea el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de las Policías de la Provincia de Buenos Aires en la Lucha contra la Trata de Personas y Delitos Conexos.
La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal, que tendrá a su cargo las acciones necesarias para ponerlo en marcha y podrá dictar normas complementarias, interpretativas y aclaratorias.
El programa tiene cuatro grandes objetivos: mejorar la formación policial, fortalecer la producción y utilización de información, establecer pautas de actuación comunes y acelerar la coordinación con la Justicia y los organismos encargados de asistir a las víctimas.
Uno de los principales componentes será la capacitación del personal policial. El programa prevé incorporar contenidos específicos en distintas instancias de formación, incluido el Instituto Universitario Policial Provincial “Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich”.
También establece módulos obligatorios de reentrenamiento para policías en actividad y capacitaciones diferenciadas para áreas con funciones específicas, como la Policía Rural, la Policía Vial y las Fuerzas Barriales de Aproximación.
La intención es que los agentes puedan reconocer indicadores de trata durante una intervención concreta y sepan cómo actuar ante una posible víctima.
La capacitación también incorporará una dimensión vinculada con el delito digital. Allí se contempla la identificación de posibles mecanismos de reclutamiento mediante redes sociales y plataformas de contacto, el reconocimiento de material de explotación difundido por internet y pautas básicas para preservar evidencia digital.
A más largo plazo, el programa plantea formar capacitadores especializados, certificar competencias y vincular la especialización con incentivos de carrera.
Otro de los ejes será la creación progresiva de un sistema integral de gestión de información.
La resolución parte de un diagnóstico: si los casos se registran de maneras diferentes según la dependencia policial o el territorio, resulta más difícil comparar información, identificar patrones y utilizar esos datos para orientar investigaciones.
Por eso, el programa busca estandarizar los registros en toda la provincia y avanzar hacia un sistema que permita producir estadísticas comparables e inteligencia criminal.
Entre los objetivos aparecen la identificación de rutas utilizadas por las redes, modalidades recurrentes y estructuras de financiamiento.
La implementación comenzará con el actual “Programa de Seguimiento sobre Trata de Personas”, a cargo de la Superintendencia de Análisis Criminal, y contempla como horizonte un sistema centralizado de gestión de investigaciones.
También se incorporarán variables específicas para los casos vinculados con entornos digitales y mecanismos de articulación con las unidades de cibercrimen.
El tercer objetivo apunta a reducir las diferencias en la manera en que las distintas dependencias responden ante un presunto caso de trata.
Para eso se prevé sistematizar los protocolos existentes y desarrollar pautas específicas que permitan ordenar la primera intervención, preservar la evidencia, proteger la confidencialidad de la información y evitar la revictimización.
El programa también contempla homogeneizar los procedimientos vinculados con la cadena de custodia de la prueba, un aspecto relevante para que la evidencia obtenida durante una intervención pueda ser utilizada posteriormente en una investigación judicial.
La intención es que, independientemente del lugar de la provincia donde se detecte una situación, existan criterios comunes para actuar y derivar el caso.
La resolución otorga un papel específico a las áreas policiales con despliegue territorial.
La Policía Rural y la Policía Vial aparecen como actores relevantes debido a su presencia en rutas, caminos, accesos, corredores y zonas rurales que pueden formar parte de los circuitos utilizados para trasladar o explotar víctimas.
Por ese motivo, el programa plantea módulos de especialización adaptados a las tareas de esas fuerzas, con el objetivo de mejorar la detección temprana de indicadores durante controles y otras intervenciones preventivas.
El cuarto objetivo es reducir el tiempo entre la detección de una posible situación de trata y su derivación efectiva a la autoridad competente.
La propuesta contempla una articulación progresiva entre el Ministerio de Seguridad, el sistema judicial, el Ministerio Público Fiscal y los organismos encargados de la asistencia y protección de las víctimas.
La legislación nacional ya contempla mecanismos de coordinación y un sistema de denuncias específico para estos delitos, incluido el número 145, que funciona de manera gratuita y permanente.
En el caso del programa bonaerense, el objetivo es trasladar esa lógica de coordinación al funcionamiento cotidiano de las fuerzas provinciales y mejorar los circuitos de información y derivación.
La implementación fue diseñada en etapas de largo plazo.
En esta última etapa también se prevé integrar plenamente la dimensión digital a los sistemas de inteligencia criminal, incluyendo capacidades para rastrear redes de captación virtual y flujos financieros asociados al delito.