25/09/2026 - Edición Nº1326

Agro

COSTOS LOGÍSTICOS

Ramallo: el sector agropecuario se mete en la pelea por el peaje municipal

25/09/2026 | La Rural alertó por el impacto sobre insumos, granos y el acceso a puertos de la Tasa de Tránsito Pesado.


por Redacción NewsDigitales


La polémica por el cobro al tránsito de camiones en Ramallo llegó al sector agropecuario. La Sociedad Rural Argentina (SRA) advirtió sobre el impacto que la denominada "Tasa de Tránsito Pesado" que aplicará el municipio puede generar sobre las actividades productivas y logísticas de la región y puso el foco en un problema que excede a los transportistas: el costo de mover insumos, granos y mercadería hacia las industrias y los puertos.

El conflicto se concentra en el denominado Acceso Sánchez, un tramo de unos 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con establecimientos productivos, el parque industrial y áreas portuarias. Sobre ese corredor, el Municipio de Ramallo instaló un sistema de pórticos tecnológicos para controlar el tránsito pesado y aplicar, desde el 1 de octubre, una tasa cuyo alcance generó cuestionamientos de distintas entidades empresarias.

La primera reacción llegó desde el transporte de cargas. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) presentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte de la Nación y pidió suspender el esquema. Después se sumó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que calificó al mecanismo como una “aduana interior” y un “peaje municipal encubierto”.

Ahora, la Sociedad Rural Argentina incorporó al reclamo la mirada del campo. La entidad no se centró únicamente en la legalidad del cobro, sino en el efecto que cualquier incremento de los costos de transporte puede tener sobre una cadena agropecuaria que necesita trasladar producción e insumos hacia los centros industriales y las terminales portuarias.

Qué cobra Ramallo y por qué se generó la polémica

El esquema tiene como antecedente la Licitación Pública N° 3/25, mediante la cual el Municipio adjudicó a Plus Byte SRL la instalación y operación de un sistema de pórticos para el control del tránsito pesado. El corredor elegido es el ex Camino Provincial Ruta 87, conocido como Acceso Sánchez.

De acuerdo con la documentación cuestionada por FADEEAC, el sistema contempla importes de hasta $37.000 por pesaje dinámico y otros $25.000 vinculados al ingreso a predios industriales o playas de estacionamiento mediante TAG. La entidad transportista sostiene que el esquema genera un costo desproporcionado para atravesar un tramo de apenas 5,1 kilómetros.

El reclamo también se relaciona con otra carga que aplica el Municipio: una tasa equivalente al 2% sobre cada litro de combustible comercializado en estaciones de servicio del distrito, vigente desde enero de este año.

La discusión sobre los montos, sin embargo, tiene una particularidad. El Municipio sostiene que la Tasa de Tránsito Pesado es de $25.000 por ingreso y rechaza que exista un doble cobro, mientras que las entidades empresarias describen un esquema que puede alcanzar los $37.000 por el pesaje y sumar otros $25.000 según el ingreso a determinados predios.

La explicación del Municipio: “No es una nueva tasa”

La Municipalidad de Ramallo salió a responder los cuestionamientos y sostuvo que no creó un nuevo tributo. Según la explicación oficial, la Tasa de Tránsito Pesado está vigente desde 2002 y hasta ahora era abonada por un grupo limitado de empresas radicadas en el distrito (Bunge, Fiplasto, Xstorage, Loma Negra y la arenera Vázquez). 

La modificación, según el Ejecutivo de Mauro Poletti, consiste en extender su aplicación a todo el tránsito pesado que ingrese al Partido de Ramallo mediante el nuevo sistema de control. El Municipio asegura además que el pago reemplaza el importe que anteriormente se abonaba directamente en las playas de las plantas industriales y así se los hizo saber a transportistas locales en una reciente reunión. 

Desde Ramallo también remarcaron que la tasa tiene como contraprestación el mantenimiento de la infraestructura vial: calzada, demarcación, iluminación, cartelería, corte de pasto y asistencia vial. El esquema incorpora pesaje dinámico y tecnología TAG para identificar a los vehículos.

Para los transportistas radicados en el distrito, el Municipio informó además un régimen diferencial: un único pago diario permite hasta diez accesos al Partido de Ramallo.

La Rural pone el foco en el costo para el campo

En este escenario apareció la Sociedad Rural Argentina. La entidad manifestó su preocupación por los nuevos cargos y advirtió que cualquier incremento significativo del costo del transporte debe analizarse especialmente cuando recae sobre corredores utilizados para movilizar producción.

La mirada de la SRA apunta directamente a la estructura de costos agropecuaria. Según planteó, un mayor costo logístico no queda limitado al transportista, sino que puede trasladarse a diferentes eslabones de la cadena: desde el movimiento de insumos y granos hasta el acceso a plantas industriales, terminales y puertos.

“Los mayores costos logísticos terminan impactando sobre toda la cadena”, sostuvo la entidad, que remarcó que la producción agropecuaria argentina ya enfrenta elevados costos de transporte y logística.

En ese sentido, la entidad presidida por Nicolás Pino reclamó que las decisiones de los distintos niveles de gobierno apunten a facilitar la circulación de bienes y mejorar la infraestructura, antes que sumar cargas que puedan deteriorar la competitividad de las cadenas productivas.

La SRA anticipó además que acompañará las gestiones institucionales ante el ministerio de Economía de la Nación que se realicen para revisar la situación y preservar el normal funcionamiento de las actividades productivas y comerciales de la región.

Los transportistas hablan de un “peaje encubierto”

FADEEAC fue la primera entidad empresaria en llevar formalmente el conflicto al Gobierno nacional. La federación presentó el 17 de septiembre una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte y reclamó la intervención del Ministerio de Economía.

El argumento de los transportistas es que el esquema puede funcionar como un peaje obligatorio sobre un corredor sin alternativas para el tránsito pesado. La entidad también cuestionó la proporcionalidad entre los valores cobrados y la extensión del tramo vial y planteó objeciones sobre la naturaleza tributaria del mecanismo.

El reclamo todavía constituye una presentación administrativa: no existe hasta el momento una declaración judicial que haya establecido que el sistema sea ilegal ni una suspensión general del cobro.

La Cámara de Comercio sumó la figura de la “aduana interior”

La segunda gran reacción empresaria llegó desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. La CAC respaldó las acciones impulsadas por FADEEAC y reclamó la intervención de Nación y Provincia.

Su planteo fue todavía más amplio: sostuvo que, al no existir rutas alternativas para el tránsito pesado, el mecanismo funciona “en la práctica como una aduana interior y un peaje municipal encubierto”. También cuestionó el impacto que los cargos pueden generar sobre la actividad comercial e industrial.

La entidad vinculó además el caso Ramallo con su cuestionamiento más general a las cargas municipales y provinciales que, según sostiene, agregan costos a la circulación de mercaderías.

Para el sector agropecuario, el punto de fondo es otro pero está directamente relacionado: cada cargo sobre el transporte se incorpora y encarece a una cadena que necesita mover grandes volúmenes de mercadería hasta los puertos y las industrias.