La reforma migratoria anunciada por Manuel Adorni en mayo de 2025 no quedó limitada a una declaración pública. El Decreto 366/2025 se publicó el 29 de mayo y el Ministerio de Seguridad informó el 18 de septiembre de 2026 que, desde febrero, más de 20.000 extranjeros fueron expulsados, rechazados en frontera o inadmitidos, una cifra nacional que reúne tres procedimientos y no discrimina nacionalidades.
Para Paraguay, el efecto concreto es más difícil de medir. No existe un registro público argentino que indique cuántos paraguayos integran esas 20.000 actuaciones, por lo que no puede sostenerse con datos oficiales que la colectividad haya sido expulsada masivamente ni que haya quedado al margen de los controles. NewsDigitales ya había cubierto la formalización del régimen en 2025.
El DNU 366 modificó la Ley de Migraciones y amplió los supuestos de rechazo, irregularidad y expulsión. También exigió seguro de salud para el ingreso y habilitó el cobro de atención sanitaria habitual a extranjeros sin residencia permanente en hospitales nacionales. Las universidades nacionales pueden fijar aranceles para estudiantes extranjeros sin residencia permanente y la residencia permanente incorporó requisitos económicos y de antecedentes.
El control fronterizo avanzó además por la cooperación entre Paraguay y Argentina. Durante 2026 ambos países prepararon el Reconocimiento Recíproco de Competencias en Puerto José Falcón-Clorinda, que concentra en un solo acto controles antes separados. Migraciones de Paraguay lo describe como la segunda frontera más concurrida con Argentina y sostiene que el sistema busca agilizar el tránsito sin eliminar verificaciones.

El escenario jurídico, sin embargo, sigue abierto. El 30 de junio de 2026, la Cámara Nacional Electoral declaró nulo el DNU 366/2025 en la causa Yang, Liping por considerar que el Ejecutivo intervino mediante decreto en una materia vinculada con ciudadanía y derechos políticos. El Gobierno recurrió ante la Corte, mientras Salud aprobó en agosto un procedimiento para cobrar atención habitual a extranjeros sin residencia permanente.

El próximo dato decisivo será la resolución de la Corte y la publicación de estadísticas por nacionalidad. Hasta entonces, la evidencia separa dos planos: el DNU enfrenta una controversia judicial, pero el endurecimiento de los controles sí tuvo aplicación administrativa y operativa. Para los paraguayos hay controles coordinados y requisitos más estrictos, aunque no datos oficiales que cuantifiquen expulsiones o inadmisiones específicas.