Jueces y fiscales endurecen la causa Malvinas: qué riesgo enfrentan las empresas

La Justicia argentina solicitó información a autoridades de Gran Bretaña e Israel sobre las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que participan de la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas.

El pedido fue dispuesto por el juez federal Julián Ercolini a partir de una solicitud del fiscal Carlos Stornelli, en el marco de la causa que investiga la exploración de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, donde se desarrolla el proyecto Sea Lion.

La investigación apunta a determinar quiénes son los responsables de las compañías y avanzar con eventuales citaciones judiciales por actividades que, según la denuncia y la posición argentina en la causa, serían contrarias a la legislación nacional.

Qué información se pidió a Gran Bretaña e Israel

En el caso de Gran Bretaña, el magistrado solicitó información societaria de las empresas vinculadas al grupo Rockhopper, además de la identidad de sus autoridades desde 2012 y antecedentes relacionados con las licencias petroleras otorgadas para operar en el área.

El requerimiento busca reconstruir la estructura empresarial y determinar quiénes fueron los responsables de las compañías durante el período investigado.

En tanto, a las autoridades de Israel se les pidió información sobre el registro societario y los directivos de Navitas Petroleum desde 2012, además de datos sobre los vínculos existentes entre esa compañía y Rockhopper Exploration.

Navitas Petroleum es la operadora del proyecto Sea Lion, ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

La causa por la exploración de hidrocarburos

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia presentada por el Gobierno argentino por las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera desarrolladas en aguas próximas a las Islas Malvinas.

El objetivo de la fiscalía es identificar a los responsables de las empresas involucradas y determinar si corresponde avanzar con citaciones a declaración indagatoria.

Según surge del pedido judicial, en caso de que los involucrados no se presenten ante la Justicia argentina, se analiza la posibilidad de solicitar medidas internacionales, entre ellas eventuales pedidos de captura a través de Interpol.

El expediente se encuentra relacionado con las medidas anunciadas por el Gobierno respecto de las empresas que participan de proyectos hidrocarburíferos en el área cuya soberanía reclama la Argentina.

También solicitaron informes y declaraciones testimoniales

Además de los requerimientos dirigidos a Gran Bretaña e Israel, la Justicia solicitó una serie de medidas destinadas a incorporar nuevos elementos a la investigación.

Entre ellas figura la declaración testimonial de la embajadora Paula Iris Di Chiaro y el pedido de informes a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Seguridad.

Los organismos deberán aportar información vinculada con actuaciones ambientales y con la intervención de las fuerzas federales en relación con las actividades investigadas.

El pedido coincide con la agenda de Milei

La decisión judicial se conoció el mismo día en que el presidente Javier Milei tiene previsto mantener un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, luego de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La causa había tomado impulso después de la cadena nacional encabezada por Milei el 3 de septiembre, cuando el mandatario se refirió al reclamo argentino por la recuperación de las Islas Malvinas y anunció un endurecimiento de las medidas contra empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la zona.

En ese contexto, el expediente judicial busca avanzar sobre la identificación de los responsables de las compañías involucradas en el proyecto Sea Lion y determinar las eventuales responsabilidades que correspondan dentro de la legislación argentina.

ND