Custodia, camioneta oficial y dudas: los 16 pedidos urgentes por Adorni

La diputada nacional Sabrina Selva presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique qué recursos humanos, materiales y presupuestarios del Estado Nacional continúan destinados al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, casi tres meses después de su salida del cargo.

El proyecto pone el foco principalmente en la custodia policial, el uso de un vehículo oficial y los gastos asociados a ambos servicios.

La iniciativa cuenta también con las firmas de los diputados Raúl Hadad, Sergio Palazzo y Carlos Castagneto, todos de Unión por la Patria. El proyecto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.

La salida de Adorni y el eje del pedido

El planteo toma como punto de partida el Decreto 548/2026, publicado el 30 de junio, mediante el cual el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y designó en su reemplazo a Diego Santilli.

A partir de ese momento, Selva busca determinar bajo qué fundamentos administrativos y legales el Estado habría continuado destinando recursos para la seguridad y movilidad del exfuncionario.

El proyecto sostiene que el propio Gobierno reconoció públicamente la continuidad de la custodia por razones de seguridad. Al mismo tiempo, cita las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier del 22 de septiembre, cuando afirmó que Adorni "no forma parte de este Gobierno". Esa sucesión de situaciones es presentada por la diputada como motivo para solicitar documentación sobre quién decidió mantener esos recursos, durante cuánto tiempo y con qué financiamiento.

Qué dice la normativa sobre la custodia

Uno de los principales puntos del pedido de Selva es la Resolución 389/2016 del Ministerio de Seguridad, que establece las pautas para el Servicio de Protección de Estado y Custodia.

La normativa dispone que el sistema se organiza sobre criterios objetivos de seguridad, entre ellos la función desempeñada, las circunstancias particulares de la persona y la existencia de hipótesis de amenaza. También establece que el servicio puede ser obligatorio y permanente para quienes el Ministerio de Seguridad considere que deben recibir protección.

El artículo 7 establece tres niveles. El vicepresidente y su núcleo familiar aparecen en el Nivel 1; el jefe de Gabinete, el ministro de Seguridad y el secretario de Seguridad, en el Nivel 2; mientras que el Nivel 3 comprende a ministros y funcionarios que el Ministerio considere que deben recibir protección, además de los expresidentes de la Nación.

El proyecto de Selva plantea precisamente si esa normativa alcanza a un exjefe de Gabinete que ya no ocupa un cargo público o si fue necesario dictar una decisión administrativa específica.

Los 16 puntos que Selva quiere que responda el Gobierno

El pedido de informes está dividido en 16 puntos, que abarcan la custodia, los recursos afectados, el vehículo oficial y los gastos derivados.

1. Custodia actual. Solicita confirmar si Adorni continúa con protección estatal y, en caso afirmativo, que se informe qué acto administrativo dispuso su continuidad, qué autoridad lo tomó, qué normativa invocó, cuánto tiempo rige y qué fuerzas participan. También pide copia del acto y sus eventuales prórrogas.
2. Fundamento legal. Quiere conocer cuál es la norma específica que permite mantener custodia a un exjefe de Gabinete y cómo se compatibiliza esa decisión con la Resolución 389/2016.
3. Evaluación de riesgo. Pregunta si existe un informe de riesgo que sustente la protección, quién lo elaboró, cuándo fue actualizado y qué organismo lo aprobó. Solicita conocer sus conclusiones generales, preservando la información operativa sensible.
4. Duración de la custodia. Pide confirmar o desmentir que la protección continuaría hasta diciembre de 2026 y pregunta si existe una regla general que establezca seis meses de custodia después de abandonar un cargo.
5. Protección para familiares. Busca determinar si la custodia se extiende a integrantes del grupo familiar de Adorni y cuál es la norma que autoriza esa extensión.
6. Fuerzas y efectivos. Solicita identificar qué fuerzas federales participan y conocer, en términos agregados, la cantidad de efectivos y vehículos afectados.
7. Costo de la custodia. Pide el detalle del costo mensual e incremental generado desde el 29 de junio, incluyendo horas extras, adicionales, viáticos, combustible, peajes, mantenimiento y movilidad, además de las partidas presupuestarias utilizadas.
8. Recursos materiales. Pregunta qué organismo afronta actualmente los recursos necesarios para la custodia y cómo se aplica el artículo 8 de la Resolución 389/2016, que establece quién debe hacerse cargo de los vehículos y otros recursos materiales.

El vehículo oficial que también quedó bajo la lupa

Otro de los ejes centrales es la Toyota SW4 modelo 2022 perteneciente al INPROTUR que, según información publicada por medios periodísticos, continúa siendo utilizada por Adorni después de su salida de la Jefatura de Gabinete.

Sobre este punto, Selva formula otros ocho pedidos específicos.

1. Situación administrativa del vehículo. Quiere conocer su dominio, organismo titular, quién tiene actualmente su guarda y a qué dependencia está formalmente asignado.
2. Permiso de uso. Solicita la copia completa del permiso otorgado el 7 de enero de 2025 por el cual el vehículo habría sido cedido a la Jefatura de Gabinete, incluyendo anexos, destino, duración, renovaciones y modificaciones.
3. Uso actual. Pregunta si el destino autorizado contempla el traslado personal de Adorni o de integrantes de su familia y cómo se compatibiliza ese uso con la finalidad original del vehículo.
4. Registro de utilización. Reclama información desde el 29 de junio sobre fechas de uso, kilometraje, combustible, peajes y mantenimiento, aunque excluyendo datos que puedan afectar la seguridad o privacidad de las personas.
5. Infracciones de tránsito. Solicita el listado de multas registradas desde el cese de Adorni, con fecha, jurisdicción, monto y estado. También pregunta si alguna fue anulada, condonada o dejada sin efecto.
6. Gastos del vehículo. Busca determinar qué organismo paga actualmente combustible, patente, seguros, reparaciones, mantenimiento, peajes y otros gastos vinculados con la camioneta.
7. Controles administrativos. Pregunta si la Jefatura de Gabinete, el INPROTUR o alguna Unidad de Auditoría Interna inició actuaciones para verificar la regularidad de la asignación y utilización del vehículo después del 29 de junio.
8. Eventuales decisiones políticas. Finalmente, Selva pide confirmar o desmentir si la continuidad de la custodia y de los recursos de movilidad fue definida políticamente por las máximas autoridades del Gobierno. En caso de existir instrucciones presidenciales o de otros organismos, solicita que sean identificadas y documentadas, siempre que su difusión no comprometa información de seguridad.

El debate sobre los recursos públicos

En sus fundamentos, Selva sostiene que el objetivo no es determinar de antemano si la custodia o el uso del vehículo son legales o ilegales, sino conocer cuál es el acto administrativo, la norma y el criterio que justifican esas decisiones.

La propia Resolución 389/2016 establece que la custodia debe organizarse a partir de criterios objetivos de seguridad y que los recursos humanos y materiales dependen del nivel de protección asignado. Además, la norma prevé que esos recursos puedan aumentar o reducirse según las circunstancias y las hipótesis de amenaza.

En ese marco, el proyecto busca establecer si la protección de Adorni responde a una evaluación de riesgo, a una decisión específica del Ministerio de Seguridad o a algún otro mecanismo administrativo.