Legislatura
26/09/2026 - Edición Nº1327
Política
Legislatura
Villas de PBA: avanzó el plan "anti-desalojos" de la diputada de Grabois
26/09/2026 | El foco apunta al artículo 70 de la Ley 14.449. La propuesta es de la legisladora Cintia Romero. Los detalles.
Juan Grabois junto a la diputada provincial Cintia Romero.
La Cámara de Diputados bonaerense dio un nuevo paso en el tratamiento de un proyecto de ley de la diputada Cintia Romero, del espacio político que conduce Juan Grabois, que propone volver a suspender los desalojos en villas y asentamientos precarios registrados en la Provincia de Buenos Aires durante un plazo de diez años.
La iniciativa avanzó en la Comisión de Tierras y Organización Territorial de la Cámara baja bonaerense. Para llegar al recinto todavía deberá obtener dictamen en las comisiones de Legislación y de Asuntos Constitucionales y, recién después, podrá quedar habilitada para su tratamiento por el pleno de Diputados.
Así, el texto tiene tres artículos y apunta específicamente al artículo 70 de la Ley 14.449. La propuesta establece una nueva prórroga por diez años de la suspensión de las medidas judiciales o administrativas que impliquen el lanzamiento de personas o familias que habitan en villas y asentamientos precarios inscriptos en el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios.
El segundo artículo determina que la protección no quedaría limitada a nuevos procesos. También alcanzaría a las acciones judiciales iniciadas antes de la entrada en vigencia de la eventual ley y a aquellas que se inicien durante el período de diez años.
Cintia Romero, autora de la iniciativa
Qué establece actualmente la Ley 14.449
Para entender el alcance de la propuesta es necesario mirar qué ocurre hoy con el artículo 70.
La Ley 14.449 fue sancionada en 2012 y estableció un marco provincial destinado a garantizar el acceso a una vivienda y a un hábitat digno y sustentable, además de crear herramientas para avanzar en procesos de integración socio-urbana.
El artículo 70 estableció un mecanismo para suspender durante un año las medidas judiciales o administrativas de lanzamiento contra personas y familias que habitaran villas o asentamientos inscriptos en el Registro Público Provincial. Una vez cumplido ese período, la norma permitía que el juez, a pedido de los interesados o de la autoridad de aplicación, pudiera disponer una extensión de 180 días mediante una resolución fundada.
Ese mecanismo fue modificado posteriormente. La Ley 14.875, sancionada en 2017, volvió a establecer la suspensión por un año e incorporó el artículo 70 bis, que introdujo una excepción vinculada con situaciones de peligro real e inminente.
La excepción por riesgo de derrumbe o peligro para las personas
El artículo 70 bis es un punto central para comprender qué desalojos quedarían alcanzados por la protección.
La norma exceptúa de la suspensión aquellos lanzamientos fundamentados en un peligro real e inminente para la seguridad o integridad física de las personas por factores socio-sanitarios, ambientales o riesgo de derrumbe.
En esos casos, la ley establece que debe procederse a la relocalización de las personas afectadas y promoverse una solución habitacional definitiva mediante los instrumentos previstos por la propia Ley de Acceso Justo al Hábitat.
Por lo tanto, el proyecto de Romero no plantea una prohibición absoluta de cualquier desalojo en barrios populares. La iniciativa busca recuperar el esquema de suspensión para los asentamientos incluidos en el registro provincial, manteniendo el criterio de excepción previsto por el artículo 70 bis.
Por qué Romero busca una nueva prórroga
En los fundamentos del proyecto, Romero sostiene que la última prórroga del mecanismo provincial perdió vigencia y que, desde entonces, la Provincia quedó sin una herramienta propia con ese alcance para impedir los desalojos mientras avanzan los procesos de integración socio-urbana.
La diputada plantea que los procesos de urbanización, regularización dominial y acceso a soluciones habitacionales todavía se encuentran pendientes en numerosos barrios y que, por ese motivo, la ausencia de una protección provincial genera un escenario de incertidumbre para las familias alcanzadas.
El vínculo con la legislación nacional
Otro de los argumentos utilizados por Romero está relacionado con la normativa nacional sobre barrios populares.
Recordó que durante este período la protección de muchas familias se sostuvo principalmente mediante el régimen nacional de regularización dominial para la integración socio-urbana, establecido por la Ley 27.453 y posteriormente prorrogado por la Ley 27.694.
Según plantea la autora, esa normativa nacional no coincide exactamente con el universo alcanzado por el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios.
Por eso, el proyecto busca que la Provincia tenga un instrumento propio y que la protección no dependa exclusivamente de las decisiones adoptadas a nivel nacional.
Por qué propone diez años
El plazo de diez años es uno de los aspectos centrales de la iniciativa.
La legisladora de Grabois sostiene que los períodos de protección más breves pueden generar vacíos y obligar a renovar periódicamente el mecanismo mediante nuevas leyes. En cambio, según los fundamentos, una década permitiría dar mayor previsibilidad a las familias, a los jueces y a las políticas públicas destinadas a la integración socio-urbana.
El proyecto toma como referencia el plazo establecido por la legislación nacional y sostiene que los procesos de urbanización y regularización dominial requieren horizontes temporales más extensos que los ciclos legislativos ordinarios.
