El 25 de septiembre de 1973, José Ignacio Rucci salió de su casa de la avenida Avellaneda 2953, en el barrio porteño de Flores. No llegaría a destino. Un grupo armado abrió fuego contra el dirigente sindical y lo asesinó en un atentado cuidadosamente preparado que conmocionó al país. Habían pasado apenas dos días desde las elecciones que consagraron por tercera vez a Juan Domingo Perón como presidente de la Nación.
Como secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Rucci ocupaba un lugar central en el movimiento obrero y mantenía una estrecha relación política con el líder justicialista. Cincuenta y tres años después, el crimen continúa siendo uno de los episodios más discutidos de la violencia política de los años 70. La investigación judicial avanzó sobre la posible participación de Montoneros y descartó la hipótesis de la Triple A, aunque no hubo condenados por el asesinato.
Rucci había construido su trayectoria sindical dentro de la Unión Obrera Metalúrgica y llegó a conducir la CGT en una de las etapas más convulsionadas de la historia del peronismo. Su figura quedó especialmente asociada al regreso de Perón a la Argentina: el 17 de noviembre de 1972, bajo una intensa lluvia, Rucci sostuvo junto al dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel el célebre paraguas que protegió al general durante su llegada al país.
La imagen se convirtió en una de las fotografías emblemáticas del retorno de Perón. Menos de un año después, Rucci estaría muerto. Para entonces, la relación entre Perón y Montoneros atravesaba una creciente tensión, en un conflicto que no era solamente ideológico: también estaban en disputa el poder dentro del movimiento, la conducción política del peronismo y el papel que tendrían las organizaciones juveniles y armadas frente a la dirigencia sindical y política tradicional.
El asesinato ocurrió cuando Rucci salía de su vivienda. Además del secretario general de la CGT, resultaron heridos Ramón Dionisio Rocha, Abraham Muñoz, José Antonio López y Rodolfo Francisco Díaz. El operativo fue ejecutado desde las inmediaciones de la vivienda y requirió una importante planificación. Con el paso de los años, el atentado comenzó a ser conocido como “Operación Traviata”, una denominación vinculada a la investigación periodística realizada posteriormente sobre el crimen.
El nombre hacía referencia a una popular galletita de la época, cuya característica era tener 23 agujeros. La expresión terminó incorporándose a la memoria pública del caso y quedó asociada a la reconstrucción periodística del atentado. Sin embargo, durante décadas la autoría del asesinato permaneció sin una definición judicial, mientras que en el debate público la principal hipótesis apuntó hacia Montoneros.

En 2008, la causa fue reabierta a partir de nuevas pruebas y de la investigación periodística desarrollada por Ceferino Reato en su libro Operación Traviata. El periodista sostuvo que el dirigente montonero Julio Juan Roqué había tenido un papel central en el atentado y posteriormente ratificó esa reconstrucción ante la Justicia. La investigación judicial avanzó, pero no transformó esa reconstrucción periodística en una condena penal contra responsables individuales.
En agosto de 2012, el juez federal Ariel Lijo consideró que existían elementos que vinculaban a integrantes de Montoneros con la decisión y ejecución del crimen y descartó la hipótesis que atribuía el asesinato a la Triple A. Al mismo tiempo, sostuvo que no existían elementos suficientes para llevar a juicio a personas concretas por el homicidio. También estableció que el asesinato no podía ser considerado un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, no era imprescriptible.
En consecuencia, la causa fue archivada sin que se dictara una condena contra los responsables materiales del asesinato. La resolución judicial pasó a constituir uno de los principales antecedentes para reconstruir el caso, aunque la ausencia de una sentencia contra individuos concretos mantuvo abierta la discusión histórica y política sobre las circunstancias y los protagonistas del atentado.
El asesinato de Rucci tuvo consecuencias políticas que excedieron la muerte de un dirigente sindical. Meses después, el enfrentamiento quedó expuesto públicamente durante el acto del 1.º de mayo de 1974, cuando Perón cuestionó duramente a los sectores juveniles enfrentados con la conducción del movimiento. Poco tiempo después, Montoneros anunció su regreso a la clandestinidad.
El asesinato del secretario general de la CGT fue así uno de los episodios centrales de un proceso de ruptura que venía desarrollándose desde antes y que terminó separando definitivamente a sectores que habían convivido, pese a sus profundas diferencias, dentro de una misma identidad política.