Impulsan la creación de una Fiscalía especializada en violencia institucional en la Ciudad

El legislador porteño Andrés La Blunda presentó un proyecto de ley para modificar la Ley N.º 1.903, Orgánica del Ministerio Público de la Ciudad, y establecer con rango legal permanente la Fiscalía Especializada en Violencia Institucional e Integridad Policial (FEVIIP). La iniciativa busca que el organismo tenga competencias específicas para investigar delitos vinculados con el ejercicio abusivo, irregular o ilegal de funciones públicas.

La propuesta plantea que la fiscalía especializada no pueda ser eliminada, fusionada o restringida mediante modificaciones reglamentarias. De esta manera, el objetivo es otorgarle estabilidad institucional y evitar que su funcionamiento dependa de decisiones administrativas o de los cambios que puedan producirse en las distintas gestiones de Gobierno.

Qué hechos investigaría

De acuerdo con el proyecto, la FEVIIP tendría competencia sobre hechos de violencia institucional relacionados con aprehensiones, detenciones y controles de identidad, allanamientos, operativos de seguridad, desalojos y manifestaciones públicas. También intervendría en situaciones ocurridas durante la custodia de personas en comisarías, alcaidías y establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario de la Ciudad.

El alcance propuesto incluiría además a agentes de fiscalización y control del Gobierno porteño cuando intervengan en el espacio público o en dependencias estatales. La iniciativa busca concentrar en una estructura especializada las investigaciones sobre posibles abusos cometidos por agentes públicos durante el ejercicio de sus funciones.

Un capítulo especial para niños y adolescentes

El proyecto incorpora una protección específica para los casos que involucren a niños, niñas y adolescentes. La fiscalía tendría competencia para investigar hechos ocurridos en centros socioeducativos de régimen cerrado y en dispositivos de libertad restringida destinados a menores de 18 años.

La iniciativa establece además una regla para evitar superposiciones con la Unidad Fiscal Especializada en materia Penal Juvenil (UFEPJ). La condición de menor de edad de una persona involucrada en un expediente no desplazaría la competencia de la fiscalía especializada cuando el hecho investigado involucre a un agente estatal acusado de violencia institucional.

Las fuerzas investigadas no podrían actuar como auxiliares

Uno de los puntos centrales del proyecto establece que una fuerza de seguridad o un servicio penitenciario sospechado de haber participado en un hecho de violencia institucional no podrá intervenir como auxiliar de la Justicia en la investigación de ese mismo caso.

Según la iniciativa, las tareas de investigación quedarían a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) u otros organismos técnicos independientes. Además, las fiscalías o comisarías que tomen conocimiento de un posible hecho de violencia institucional deberían derivar las actuaciones a la fiscalía especializada dentro de un plazo máximo de 48 horas.

Cargos por concurso y control legislativo

Para garantizar la estructura permanente del organismo, La Blunda propone crear dos magistraturas: un Fiscal de Cámara y un Fiscal de Primera Instancia. Ambos cargos serían cubiertos mediante concursos públicos de oposición y antecedentes, con intervención del Consejo de la Magistratura y posterior acuerdo de la Legislatura porteña.

El proyecto también establece mecanismos de rendición de cuentas. La fiscalía debería presentar y publicar antes del 31 de marzo de cada año un informe estadístico sobre las causas tramitadas, los tipos de hechos investigados, las fuerzas involucradas y las medidas adoptadas.

El proyecto llega en medio de un debate sobre la actuación estatal

La iniciativa se presenta mientras la Legislatura porteña mantiene abierta la discusión sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y los mecanismos de control institucional. En agosto, La Blunda encabezó junto con otros legisladores una reunión con organismos y organizaciones de derechos humanos para analizar denuncias sobre el accionar policial frente a manifestaciones.

El debate también coincidió esta semana con la controversia generada por la decisión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de impulsar un juicio político contra la jueza Laura De Marinis a raíz de una resolución vinculada con el Régimen Penal Juvenil. La Blunda presentó un proyecto de declaración para repudiar ese avance y reivindicar la independencia judicial.

La propuesta para crear la FEVIIP suma así un nuevo capítulo a la discusión porteña sobre seguridad, actuación de las fuerzas estatales, control judicial y mecanismos de prevención de la violencia institucional. Su eventual tratamiento deberá determinar si la estructura especializada adquiere finalmente rango legal dentro del Ministerio Público de la Ciudad.