Si a una persona le roban o la agreden en la Ciudad de Buenos Aires, podría tener un abogado del Estado que defienda solo sus intereses y, en muchos casos, sin pagar nada. Eso propone un proyecto de ley del legislador porteño Andrés La Blunda, del bloque Fuerza por Buenos Aires, al que accedió NewsDigitales.
La iniciativa crea cuatro Defensorías Públicas de Víctimas dentro del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad. Ese organismo judicial hoy asigna defensores oficiales a las personas acusadas de un delito.
El objetivo es aplicar el artículo 39 del Código Procesal Penal porteño. Ese artículo obliga al Estado a garantizarle a la víctima un abogado para ejercer sus derechos y, si lo pide, presentarse como querellante, es decir, acusar en la causa junto al fiscal.

El proyecto fija dos grupos, los mismos que marca el Código:
La diferencia con lo que existe hoy está en el alcance. Según la web oficial del Gobierno porteño, su Patrocinio Jurídico Penal Gratuito atiende solo a residentes de la Ciudad que fueron víctimas o testigos de delitos contra la vida, la libertad o la integridad sexual, o con resultado de muerte. Las demás consultas se derivan a otros organismos.
El proyecto de La Blunda no pide vivir en la Ciudad. Toma como criterio que la causa tramite en la Justicia porteña. Tampoco obliga a querellar para recibir asesoramiento. Además, el trámite para probar la falta de recursos "no podrá demorar" las medidas urgentes.
La víctima podría pedir el servicio de forma directa. También podrían enviarla un juez, la fiscalía, el Ministerio Público Tutelar o el Ministerio de Justicia porteño. En todos los casos haría falta su consentimiento. La atención sería presencial y remota, con prioridad para los casos urgentes.
Si la Defensoría rechaza un pedido o corta la asistencia, deberá explicar el motivo "en lenguaje claro y accesible". La víctima podrá pedir una revisión gratuita, que resolverá una autoridad distinta de la que tomó la primera decisión.
CONTROL DEMOCRÁTICO ANTE LAS ARBITRARIEDADES Y ABUSOS DE JORGE MACRI: DOS PROYECTOS DE LEY
— Andrés La Blunda (@AndresLaBlunda) September 25, 2026
Hace unos días, Jorge Macri puso en riesgo la independencia del Poder Judicial. Ayer, volvió a desplegar un uso desproporcionado y violento de la fuerza pública, sin orden judicial, sobre… pic.twitter.com/lFaCrgByO7
El defensor representaría "exclusivamente" a la víctima. No dependería de la fiscalía ni del Gobierno porteño. Sus tareas serían:
Los fundamentos del proyecto explican por qué la víctima necesitaría un abogado propio además del fiscal: "Ambas intervenciones pueden coincidir, pero también pueden diferir respecto de un archivo, una salida alternativa, una medida de protección". Cada defensoría trabajaría con psicólogos y trabajadores sociales. Si la víctima es menor de edad, deberá resguardarse su identidad.
Habría una defensoría por cada zona judicial de la Ciudad: Norte, Este, Sur y Oeste. Sus titulares se elegirían por concurso en el Consejo de la Magistratura. Mientras tanto, en 30 días debería funcionar un equipo transitorio. El servicio se pagaría con el presupuesto propio del Ministerio Público.
Como el mismo organismo defiende a acusados, el proyecto exige equipos, jefes y sistemas informáticos separados. Toma como antecedente la Ley 27.372, que creó 24 cargos de Defensor Público de Víctimas en la Nación. Para convertirse en ley, debe pasar por las comisiones de la Legislatura y aprobarse en el recinto.

La Blunda asumió como legislador en diciembre de 2023 por Unión por la Patria. Preside la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación y encabeza Kolina en la Ciudad.
Esta semana también presentó un proyecto de declaración contra los dichos de Jorge Macri sobre la jueza Laura De Marinis. En ese texto advierte que el juicio político "no debe utilizarse como instrumento de disciplinamiento frente al contenido de una sentencia".