Nuevo programa contra el ciberdelito: qué cambia para tu seguridad online

El Ministerio de Justicia de la Nación creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), una nueva estructura destinada a coordinar las acciones estatales frente a los delitos cometidos en entornos digitales. La medida fue establecida mediante la Resolución 483/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El programa funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia y tendrá entre sus objetivos el fortalecimiento de las capacidades de prevención, investigación y persecución penal de la ciberdelincuencia. La normativa también contempla la articulación entre organismos públicos, autoridades judiciales, ministerios públicos, fuerzas de seguridad, sector privado y actores internacionales.

Inteligencia Artificial y nuevas modalidades delictivas

Uno de los ejes incorporados por el nuevo programa es el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes sobre la política criminal. La resolución advierte que estas herramientas pueden ser utilizadas para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos, pero también reconoce su potencial para mejorar las investigaciones y el análisis de información.

En ese marco, el PRONACIB deberá analizar los riesgos y oportunidades derivados del uso de estas tecnologías, además de desarrollar criterios y estrategias para su incorporación al diseño, implementación y evaluación de políticas criminales. El objetivo es que el avance tecnológico sea contemplado tanto desde la prevención del delito como desde las herramientas utilizadas por el sistema de justicia.

Criptoactivos y trazabilidad de las operaciones

Los activos virtuales constituyen otro de los ejes de la nueva política. La resolución señala que su utilización para cometer, facilitar u ocultar conductas delictivas plantea dificultades específicas para identificar y seguir las operaciones, preservar evidencia digital y adoptar medidas de investigación de manera oportuna.

Para enfrentar ese desafío, el programa contempla fortalecer la articulación entre autoridades judiciales, ministerios públicos, organismos estatales, entidades financieras y proveedores de servicios de activos virtuales. La normativa busca mejorar las capacidades relacionadas con la identificación, trazabilidad, obtención y preservación de evidencia vinculada con operaciones realizadas mediante activos digitales.

Evidencia digital y cadena de custodia

La nueva estructura también tendrá entre sus objetivos el fortalecimiento de las capacidades vinculadas con la evidencia digital, desde su obtención y preservación hasta su análisis y valoración en una investigación penal. La resolución reconoce que la naturaleza de la ciberdelincuencia exige actualizar de manera permanente los mecanismos utilizados para recolectar y proteger este tipo de pruebas.

En ese sentido, el programa contempla el desarrollo de protocolos y herramientas vinculados con la ciberseguridad, la gestión segura de la información y la protección de la evidencia digital. El tratamiento de los datos personales realizado en el marco del PRONACIB deberá ajustarse a la Ley 25.326 y a su normativa reglamentaria.

Cooperación internacional las 24 horas

La dimensión transnacional de los delitos informáticos también ocupa un lugar central en la nueva estructura. El PRONACIB deberá promover la coordinación entre la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital, que funciona como punto de contacto de la Red 24/7 prevista por el Convenio de Budapest, y la Cancillería argentina, que actúa como autoridad central en el marco de ese tratado.

El Convenio de Budapest establece mecanismos de cooperación internacional destinados a facilitar la investigación de delitos informáticos y la obtención de evidencia digital. La resolución busca fortalecer esos canales de cooperación y mejorar la capacidad de respuesta frente a investigaciones que requieren información o medidas en otros países.

Una nueva estructura para concentrar la política criminal

La creación del PRONACIB reemplaza distintos mecanismos que habían sido establecidos en años anteriores. La Resolución 483/2026 derogó las Resoluciones 69 y 640 de 2016 y la Resolución 317 de 2024, que habían creado y modificado programas y mesas de trabajo vinculados con la criminalidad informática.

El nuevo programa tendrá carácter permanente y podrá constituir mesas interinstitucionales de articulación, generales o especializadas, con organismos públicos y privados. La coordinación estará a cargo, con carácter ad honorem, del asesor de la Subsecretaría de Política Criminal Mariano Tomás Rivas, quien deberá coordinar y realizar el seguimiento de las acciones previstas.