AySA: la decisión de la Justicia que complica el avance de la privatización

La Justicia bonaerense rechazó el intento de AySA de dejar sin efecto la medida cautelar que cuestiona el proceso de privatización de la empresa. La resolución fue dictada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que consideró inadmisible el recurso presentado por la compañía.

El planteo había sido realizado contra la cautelar impulsada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, que había advertido sobre un riesgo de deterioro del servicio y de abandono de obras previstas en el marco del proceso de reestructuración y privatización.

La Cámara rechazó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad presentado por AySA. Según el fallo, la empresa cuestionó la existencia de los requisitos necesarios para mantener la medida y planteó además una supuesta afectación al interés público y “gravedad institucional”.

Sin embargo, los jueces consideraron que el recurso no podía avanzar por tratarse de una decisión cautelar. El tribunal sostuvo que las medidas de este tipo no tienen carácter definitivo y, por lo tanto, no habilitan las vías extraordinarias que pretendía utilizar la empresa.

Una causa que ya pasó al fuero federal

La cautelar había sido dictada en el marco de la presentación realizada por Lorenzino, quien había planteado que el proceso impulsado sobre AySA podía generar consecuencias sobre la prestación del servicio y sobre las obras de infraestructura previstas.

Al confirmar la medida, la Sala II de la Cámara también había dispuesto que la causa pasara al fuero federal. Esa decisión fue apelada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, que pretendía que el expediente continuara bajo jurisdicción provincial.

El nuevo fallo no resuelve la cuestión de fondo sobre la privatización de AySA, sino que mantiene vigente la medida cautelar y rechaza la vía extraordinaria utilizada por la empresa para intentar revertirla.

El Gobierno mantiene abierto el proceso de privatización

La disputa judicial, de todos modos, no frenó el proceso impulsado por el Gobierno de Javier Milei. El Ministerio de Economía avanzó recientemente con la apertura de las ofertas técnicas y dejó definida la competencia entre el Grupo Roggio y un consorcio encabezado por Mauricio Filiberti.

La resolución judicial agrega así un nuevo capítulo a un proceso que avanza por la vía administrativa mientras continúa la discusión en los tribunales. La cautelar permanece vigente, pero el Gobierno mantiene en marcha el esquema para avanzar con la privatización de AySA.