Malvinas: el “caballo de Troya” que la oposición ve detrás del proyecto de Milei

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno de Javier Milei comenzará a debatirse este miércoles en la Cámara de Diputados y ya genera fuertes cuestionamientos de la oposición. El texto incluye nuevas sanciones por la explotación de recursos en Malvinas, pero también crea un Consejo de Seguridad Nacional y modifica distintas herramientas vinculadas con defensa e inteligencia.

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12 y trabajará con un cronograma que prevé finalizar el martes 6 de octubre con la firma de los dictámenes.

El oficialismo controla la conducción de las tres comisiones, encabezadas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente. El objetivo será avanzar con el tratamiento de una iniciativa que el Ejecutivo presentó el 17 de septiembre como parte de su estrategia sobre la soberanía de las islas.

La oposición, en cambio, concentra sus críticas en los artículos que exceden la cuestión específica de Malvinas. El diputado de Unión por la Patria, Juan Marino, calificó al proyecto como un “caballo de Troya” y sostuvo que detrás de la defensa de la soberanía se incorporan modificaciones de mayor alcance en materia de seguridad nacional.

Las sanciones que propone el Gobierno por Malvinas

El proyecto reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía las prohibiciones sobre la explotación no autorizada de recursos naturales en las islas y los espacios marítimos e insulares circundantes.

Entre las principales modificaciones aparecen penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten o colaboren con la explotación de esos recursos, además de la posibilidad de inhabilitar a empresas para operar en la Argentina.

También se crea un registro público de infractores y se establece que el Estado y los particulares no podrán contratar con quienes estén incluidos. El texto incorpora, además, el juicio en ausencia para los delitos contemplados por la nueva normativa.

Pero el proyecto no se limita a las actividades económicas vinculadas con Malvinas. También crea un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

El organismo tendría a su cargo la coordinación de áreas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.

Entre las facultades previstas aparecen restricciones temporales sobre operaciones cambiarias y financieras, bloqueo de fondos y activos, suspensión de autorizaciones y contrataciones, restricciones a importaciones y exportaciones y modificaciones transitorias de derechos aduaneros.

El proyecto también contempla, como último recurso y bajo un protocolo de actuación, la posibilidad de derribar aeronaves o hundir buques considerados hostiles.

Por qué la oposición habla de un “caballo de Troya”

El principal cuestionamiento opositor apunta al alcance de las nuevas herramientas de seguridad. Marino sostuvo que el Gobierno utiliza la reivindicación de Malvinas para incorporar al ordenamiento argentino disposiciones que, según su interpretación, exceden la defensa de la soberanía.

"El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información"

Hoy llevamos adelante una audiencia informativa en la Cámara de Diputados titulada "¿Soberanía o patio… pic.twitter.com/XbaT0AVYoQ

— Juan Marino (@JuanMarinoTPR) September 25, 2026

El diputado también cuestionó la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Según advirtió, la inscripción podría habilitar la inmovilización de bienes y restricciones económicas a partir de “motivos razonables para sospechar”.

Otro de los puntos bajo discusión son los nuevos delitos vinculados con la revelación de secretos a Estados extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia y acciones financiadas desde el exterior destinadas a alterar procesos electorales o desarrollar campañas coordinadas de desinformación.

La iniciativa también prohíbe aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales.

La oposición cuestiona además la redefinición de las funciones de la Defensa Nacional, que permitiría su intervención en seguridad interna ante determinadas amenazas externas estatales y no estatales. Para los críticos, ese cambio amplía de manera significativa el alcance de las Fuerzas Armadas.

El debate comenzará este miércoles y tendrá como principal incógnita el alcance que finalmente conservará el proyecto después de pasar por las comisiones. Mientras el Gobierno buscará avanzar con su iniciativa bajo el argumento de reforzar la soberanía y la seguridad nacional, la oposición intentará modificar o rechazar los artículos que considera ajenos a la cuestión específica de Malvinas.