CLAVES JURÍDICAS
13/11/2026 - Edición Nº1375
Política
Ley 27.801
Régimen Penal Juvenil: qué aprobó el Ministerio de Justicia para su implementación
26/09/2026 | El Ministerio de Justicia creó el Programa de Implementación del nuevo régimen y aprobó el Reglamento del Registro de Supervisores, el Manual del Supervisor Juvenil y normas de asistencia integral a las víctimas.
La nueva norma vinculada al Régimen Penal Juvenil se publicó en el Boletín Oficial
por Redacción NewsDigitales
La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a sumar instrumentos concretos. A través de la Resolución 484/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia creó el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil y aprobó una serie de herramientas destinadas a poner en funcionamiento el sistema establecido por la Ley 27.801 y reglamentado por el Decreto 875/2026.
La nueva normativa reemplaza el esquema establecido por la Ley 22.278 y establece un régimen de responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir 18. El Decreto 875/2026 designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito de la Justicia nacional y federal y estableció, entre otros mecanismos, un Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil.
Uno de los elementos centrales del nuevo sistema es precisamente la figura del supervisor especializado, cuya tarea será acompañar y controlar la evolución del adolescente sometido a las medidas previstas por el régimen.
¿Qué hará un supervisor juvenil?
Su función será la de realizar un seguimiento profesional de la situación del adolescente y controlar la evolución de las medidas que hayan sido dispuestas judicialmente.
Entre sus obligaciones se encuentran mantener entrevistas semanales con el adolescente, realizar el seguimiento de su evolución, elaborar informes mensuales y procurar la resolución de problemas personales, familiares, de salud mental y de adicciones que puedan incidir en su situación. La flamante Ley 27.801 también establece que el supervisor debe trabajar de manera articulada con los demás profesionales que intervengan en el caso.
El Decreto 875/2026 establece, a su vez, que los supervisores deberán reunir determinados antecedentes y formación profesional y atravesar instancias específicas de capacitación para desempeñar la función. El sistema contempla una etapa transitoria con un listado provisorio de profesionales y luego una convocatoria pública para conformar el Registro definitivo.
El seguimiento no se limita al control
La nueva estructura pretende que la intervención sobre el adolescente no consista únicamente en verificar si cumplió o incumplió una determinada obligación. El seguimiento deberá articularse, cuando corresponda, con recursos vinculados con educación, salud, protección de derechos y capacitación laboral. El objetivo es que la medida judicial pueda ser acompañada por intervenciones relacionadas con las circunstancias concretas del adolescente.
La propia Ley 27.801 asigna al supervisor tareas vinculadas con el acompañamiento y la evolución del adolescente, mientras que la reglamentación establece mecanismos de articulación con otros organismos y profesionales. De esta manera, el supervisor aparece como un punto de conexión entre la decisión adoptada en el expediente judicial y su cumplimiento efectivo fuera de los tribunales.
La Resolución 484/2026 profundiza la organización de este cuerpo profesional. El artículo 6 establece que el Programa impulsará los procedimientos de convocatoria pública, inscripción, evaluación, selección, capacitación inicial y continua, gestión de disponibilidad, evaluación de desempeño, suplencia, suspensión y baja de los supervisores, además de establecer el régimen de honorarios.
La misma resolución aprobó el Reglamento del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil y el Manual del Supervisor Juvenil, que pasan a formar parte del nuevo esquema de implementación. El Registro había sido creado previamente por el Decreto 875/2026. La reglamentación dispuso que, mientras se completa la primera convocatoria pública —que deberá realizarse dentro de los 180 días de la entrada en vigencia del decreto—, pueda utilizarse un listado provisorio de profesionales.
Las víctimas también forman parte
La Resolución 484/2026 no se limita al funcionamiento de los supervisores. También aprobó Normas sobre Asistencia Integral a las Víctimas y estableció que el Programa deberá coordinar con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia mecanismos de asistencia, orientación, derivación y acceso al patrocinio jurídico gratuito cuando corresponda.
La incorporación de este componente responde a uno de los ejes expresamente contemplados por la nueva normativa: la atención de las víctimas dentro del sistema penal juvenil.
Una estructura nacional para un sistema federal
El Programa de Implementación funcionará dentro de la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia. Entre sus objetivos se encuentran coordinar la implementación del régimen en la competencia nacional ordinaria y federal y desarrollar sistemas de información que permitan evaluar los resultados de la política criminal juvenil.
La implementación también deberá coordinarse con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Decreto 875/2026 creó para ello una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, además del Comité Interministerial destinado a la articulación entre las distintas áreas del Poder Ejecutivo Nacional.
