Gabino Tapia volvió a reclamar la destitución de la jueza Laura De Marinis

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, volvió a cuestionar a la jueza Laura Beatriz De Marinis y sostuvo que espera que el proceso de enjuiciamiento impulsado por el Gobierno porteño concluya con su destitución. El planteo se produjo después de que la Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas revocara el sobreseimiento de un adolescente de 14 años y dispusiera el apartamiento de la magistrada del expediente.

En diálogo con periodistas, Tapia afirmó: “Espero que el jurado de enjuiciamiento entienda que hay un serio incumplimiento a sus funciones y que sea destituida”. El funcionario explicó que la Ciudad presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura porteño para que se analice la actuación de De Marinis y, eventualmente, se determine si corresponde avanzar con una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Una vez más, la Cámara revocó un fallo de la jueza Laura de Marinis y, además, la apartó de la causa.

La ley está para cumplirse. La Justicia, para hacerla cumplir.

— Gabino Tapia (@GabinoTapiaBA) September 25, 2026

El fallo que abrió la disputa

La controversia comenzó con una causa por tentativa de robo en Palermo, en la que estaba involucrado un adolescente de 14 años. De Marinis declaró inconstitucional, para ese caso concreto, el artículo 1° de la Ley 27.801, que establece en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal juvenil, y dispuso el sobreseimiento del joven. La magistrada había argumentado, entre otros aspectos, que la aplicación del nuevo régimen resultaba regresiva y estigmatizante dadas las circunstancias particulares del adolescente.

La resolución fue apelada por la Fiscalía. El viernes 25 de septiembre, la Sala III de la Cámara revocó por unanimidad el sobreseimiento, dejó sin efecto la decisión sobre la aplicación de la nueva legislación y ordenó que la investigación continúe bajo el Régimen Penal Juvenil. También dispuso que De Marinis fuera apartada del expediente y que se realizara un nuevo sorteo para designar al magistrado que continuará interviniendo.

La decisión de la Cámara y el proceso de enjuiciamiento impulsado por el Ejecutivo porteño son procedimientos diferentes. La revisión de la sentencia corresponde al ámbito judicial, mientras que el jury deberá determinar, en caso de avanzar, si existen responsabilidades vinculadas con el desempeño de la magistrada. La denuncia presentada por Tapia planteó posibles causales de “mal desempeño en el ejercicio de la función” y “desconocimiento inexcusable del derecho”.

Qué cuestiona el Gobierno porteño

Tapia sostuvo que el mecanismo de enjuiciamiento no constituye una forma de revisión de las sentencias, sino un procedimiento previsto para evaluar la conducta funcional de los magistrados. “Este mecanismo, el de jury, es un mecanismo que está contemplado en la Constitución”, afirmó el ministro al defender la presentación realizada ante el Consejo de la Magistratura.

El funcionario cuestionó particularmente la forma en que la jueza aplicó el control de constitucionalidad y sostuvo que la resolución no habría analizado de manera integral las herramientas previstas por la nueva legislación. La presentación oficial de Tapia también objetó que, luego de declarar inconstitucional el artículo 1° de la Ley 27.801, se recurriera al régimen anterior para considerar al adolescente no punible.

El expediente disciplinario deberá seguir su propio recorrido. Entre las posibles consecuencias del procedimiento se encuentran el apercibimiento, la suspensión o la destitución, según explicó Tapia. La eventual remoción, por lo tanto, no surge automáticamente de la revocación judicial del fallo y deberá resolverse dentro del mecanismo institucional correspondiente.

Seguridad, reiterancia y el traspaso de la Justicia laboral

El ministro también vinculó la discusión con la política de seguridad del Gobierno porteño y defendió las modificaciones destinadas a fortalecer las herramientas judiciales frente a la reiteración delictiva. En ese contexto, sostuvo que uno de los objetivos de la normativa es evitar que una persona detenida vuelva rápidamente a la calle y reincida.

Por otra parte, Tapia se refirió al traspaso del fuero laboral desde la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó, el nuevo esquema podría comenzar a funcionar durante 2027, una vez acordada la transferencia de recursos. La Ciudad estima inicialmente en unos 60.000 millones de pesos el costo asociado a ese proceso; otras declaraciones recientes del propio funcionario ubicaron la puesta en marcha del fuero para abril de 2027, condicionada al traspaso de esos fondos.