Discapacidad: las 6 advertencias de los prestadores al plan “superador” de LLA

El proyecto libertario para reemplazar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad por un régimen permanente avanza en el Congreso, pero recibió una serie de observaciones técnicas de una organización que representa a prestadores de todo el país.

Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU) presentó un informe crítico ante las autoridades parlamentarias y reclamó modificaciones para evitar que la crisis de financiamiento que atraviesa al sector se prolongue bajo un nuevo marco legal.

El documento fue entregado al asesor del presidente de la Comisión de Discapacidad, Gustavo Fulco, y fue elaborado, según explicó la propia entidad, a partir de aportes de referentes de distintas provincias, profesionales de diferentes modalidades prestacionales y familias de personas con discapacidad.

El planteo central es que, si bien existe consenso sobre la necesidad de dejar atrás una emergencia que tiene fecha de vencimiento, el nuevo esquema debería resolver primero los problemas estructurales del sistema.

El dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo fue aprobado la semana pasada en un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de Diputados, con 42 firmas.

La iniciativa busca reemplazar la Ley 27.793 por un régimen permanente y contempla, entre otros puntos, la continuidad de la pensión vinculada al Certificado Único de Discapacidad (CUD), un esquema de actualización de prestaciones, el pago de compensaciones adeudadas y una previsión presupuestaria para el área.

La advertencia central: cambiar la emergencia no alcanza

Desde PDU valoraron que se busque avanzar hacia un sistema permanente y señalaron que es necesario "superar los marcos de emergencia recurrentes y avanzar hacia una estructura normativa estable, previsible y sostenible en el tiempo".

Sin embargo, la organización sostiene que el proyecto analizado mantiene vacíos presupuestarios y operativos que podrían afectar tanto a los prestadores como a las personas que reciben tratamientos.

Por eso presentó seis ejes que considera indispensables incorporar o modificar.

1. Actualizar por inflación sobre una base que ya está atrasada

El primer cuestionamiento apunta al mecanismo de actualización del nomenclador.

PDU considera insuficiente que los valores de las prestaciones se ajusten automáticamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) si la base sobre la que se aplica ese porcentaje ya quedó retrasada respecto de los costos reales.

Según el informe, el sector arrastra una pérdida de financiamiento como consecuencia del congelamiento y de la falta de aumentos suficientes durante distintos períodos de 2024 y 2025.

La organización sostiene que "aplicar una actualización por inflación sobre una base que ya se encuentra fuertemente devaluada no cubre los costos reales de funcionamiento". El problema, de acuerdo con el planteo, alcanza a centros educativos terapéuticos, centros de día, hogares y residencias, transportistas y prestadores independientes.

El proyecto oficialista contempla mantener un esquema de actualización del nomenclador, aunque durante la discusión legislativa algunos diputados plantearon que el mecanismo y su periodicidad deberían quedar expresamente establecidos para evitar interpretaciones posteriores.

2. Recomposición arancelaria y no solamente compensación

El segundo eje está relacionado con una diferencia conceptual que, para los prestadores, tiene consecuencias económicas concretas.

PDU reclama que la legislación no se limite a establecer una "compensación" por las diferencias acumuladas, sino que disponga una verdadera "recomposición del arancel".

La entidad explica que compensar permitiría cubrir parcialmente un desfasaje previo, mientras que recomponer significaría modificar el valor de base de las prestaciones para recuperar capacidad de afrontar los costos actuales.

"Se requiere reconfigurar el valor de base de cada prestación para devolverle su poder adquisitivo real", sostiene el informe.

3. Crear una comisión que determine los aranceles según los costos reales

El tercer cuestionamiento apunta a un problema histórico del sistema: la ausencia, según PDU, de un estudio integral y periódico de la estructura de costos de las prestaciones.

La organización sostiene que las actualizaciones del Nomenclador Unificado se determinaron históricamente sin contar con un análisis técnico que contemple de manera integral cuánto cuesta brindar cada servicio.

Por eso propone crear una comisión técnica mixta integrada por representantes de la gestión estatal y del sector prestador. La función sería analizar los costos reales de operación y utilizarlos como referencia para establecer y actualizar los aranceles.

4. El reclamo por los pagos: 30 días como máximo

El cuarto punto es uno de los reclamos más concretos: reducir los plazos de pago.

PDU asegura que actualmente existen demoras que pueden llegar a entre 90 y 120 días desde la realización de la prestación y la presentación de la facturación.

"En un contexto económico complejo, este desfasaje licúa el valor del trabajo y asfixia a los prestadores independientes, transportistas e instituciones", plantea el informe.

Por eso reclama que la futura ley establezca un plazo máximo de 30 días corridos desde la presentación de la factura.

En el caso del Mecanismo de Integración, la propia Superintendencia de Servicios de Salud estableció en 2024 que las obras sociales cuentan con hasta 20 días corridos desde la acreditación de los fondos para cancelar facturas impagas.

5. El Fondo Solidario de Redistribución, el punto financiero más sensible

El quinto eje está puesto en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y en el papel de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Para PDU, el proyecto no explicita suficientemente cómo se garantizará el flujo de recursos destinado a las prestaciones de discapacidad que son financiadas a través de obras sociales y empresas de medicina prepaga vinculadas al sistema de salud.

El Fondo Solidario de Redistribución constituye una fuente de financiamiento del sistema de obras sociales y, desde 2024, la normativa estableció en 15% la proporción de aportes y contribuciones destinada al FSR.

La organización advierte que una eventual caída de los recursos disponibles puede trasladarse a toda la cadena de pagos.

En su diagnóstico menciona dos factores: el aumento del desempleo y el crecimiento del trabajo informal, que reducen la masa de aportes sobre la cual se financia el sistema.

"Si el texto de la ley no define con precisión el financiamiento y el flujo de recursos para obras sociales dependientes de la SSS, el déficit de recaudación se traducirá en un ajuste directo sobre el sistema", advierte.

6. No trasladar prestaciones a Educación o a las provincias

El sexto y último eje está vinculado con la distribución de responsabilidades.

PDU rechaza cualquier alternativa que implique trasladar a las provincias o al Ministerio de Educación prestaciones que actualmente forman parte del sistema establecido por la Ley 24.901.

Así, el planteo se concentra especialmente en los Servicios de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE), los módulos de maestra de apoyo y las prestaciones de transporte.

Según la organización, estas actividades no pueden ser consideradas exclusivamente educativas porque tienen también una dimensión terapéutica y de rehabilitación.

Queremos una Ley superadora, no derechos transitorios. pic.twitter.com/wkoDLAnP1j

— Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) September 23, 2026

El reclamo por la continuidad de la emergencia

A partir de estos seis puntos, PDU plantea que el Congreso debería corregir el proyecto antes de eliminar definitivamente la lógica de emergencia.

La organización sostiene que la situación financiera del sector no se resolverá automáticamente con el vencimiento de la Ley 27.793 y considera que, mientras se discute un nuevo régimen, debería mantenerse la emergencia.

"Los parches no sirven", resume el documento al recordar una de las expresiones utilizadas durante la audiencia informativa realizada en el Congreso.

"Es necesario que, entre todos, podamos pulir y mejorar esta propuesta", plantea el documento, que también reclama que sean escuchadas las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores.