El Gobierno de Sierra Leona, la Comisión para el Derecho de Acceso a la Información y la UNESCO convocaron desde este 28 de septiembre una conferencia internacional sobre información pública. El encuentro se realiza en Lungi hasta el 30 de septiembre y aborda información oficial confiable, publicación proactiva de datos y mecanismos para comprobar si el derecho reconocido por la ley produce respuestas cuando una persona consulta al Estado.
La cita reúne el Día Internacional del Acceso Universal a la Información de 2026 y la 17.ª conferencia internacional de comisionados de información. La discusión distingue entre reconocer un derecho y hacerlo utilizable mediante plazos, registros, publicación previa y revisión de negativas. El programa de UNESCO sigue en desarrollo, por lo que las declaraciones y los compromisos previstos todavía no pueden presentarse como resultados aprobados.
La ley sierraleonesa reconoce a toda persona el derecho a solicitar información a organismos públicos y admite que un pedido oral sea formalizado por el funcionario que lo recibe. La respuesta debe llegar dentro de 15 días hábiles y, si afecta la vida o libertad de alguien, en 48 horas. Los casos complejos pueden obtener una extensión limitada; incumplir el plazo equivale a una negativa para reclamar.
El acceso tampoco depende únicamente de presentar una solicitud. La normativa exige publicación proactiva de presupuestos, gastos previstos y desembolsos, y ordena divulgar de los contratos públicos su objeto, monto, proveedor y plazo de ejecución. Así, una comunidad puede seguir decisiones que la afectan sin esperar filtraciones; News Digitales mostró una lógica comparable al reconstruir gasto público mediante un pedido formal de información en Buenos Aires.
La distancia entre la norma y la respuesta efectiva sigue siendo un punto crítico. La comisión informó en 2026 que intervino para facilitar 28 solicitudes dirigidas al Parlamento y ha señalado problemas como registros incompletos o la creencia de que solo los periodistas pueden usar este derecho. La ley prevé excepciones, pero también revisión ante la comisión y control judicial, por lo que una negativa no necesariamente termina el trámite.
El programa continuará con debates sobre datos confiables, gobierno abierto y reforma del sector público, además de una declaración conjunta cuya adopción sigue prevista. Hasta que ese texto y los compromisos finales sean publicados, el resultado no puede darse por cerrado. La evaluación posterior deberá observar si las instituciones responden dentro de plazo, publican contratos y presupuestos y mantienen mecanismos de revisión accesibles para cualquier solicitante.