Un grupo de 23 diputados de Unión por la Patria, encabezado por el tucumano Pablo Yedlin, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para que la Ley de Emergencia Pediátrica, conocida como Ley Garrahan, deje de tener fecha de vencimiento.
La iniciativa ingresó el 25 de septiembre con el expediente 4981-D-2026 y se titula Ley de Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud. Llega pocas semanas antes del final de la norma actual. Según la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, la emergencia vence el 21 de octubre.
Yedlin anticipó el cambio ante la prensa en el Congreso: "No va a ser una prórroga de una emergencia, sino que va a ser un proyecto de ley". Y agregó: "La vamos a hacer sin plazo".
El artículo 2 del texto enumera cinco medidas:
La exención de Ganancias ya figura en la ley vigente. "Hoy eso no está ocurriendo en el país, así que vamos a insistir en ese tema", dijo Yedlin.
El proyecto crea impuestos cuya recaudación solo podría usarse para la salud pediátrica:
El cobro quedaría a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los firmantes explican el motivo en los fundamentos: "Una de las principales objeciones formuladas al régimen de emergencia anterior estuvo vinculada con su impacto presupuestario y sus fuentes de financiamiento".

El Congreso sancionó la emergencia pediátrica el 22 de agosto de 2025. El presidente Javier Milei la vetó completa con el Decreto 651/2025. Diputados insistió el 17 de septiembre y el Senado el 2 de octubre, los dos con dos tercios de los votos.
El Gobierno la promulgó el 21 de octubre con el Decreto 760/2025, pero en el mismo texto suspendió su aplicación hasta que el Congreso definiera de dónde saldría el dinero. "Hay cosas que nunca se aplicaron", sostuvo Yedlin.
El proyecto debe pasar por las comisiones de Diputados, conseguir dictamen y aprobarse en las dos cámaras. Si se sanciona, el Presidente puede vetarlo, y el Congreso necesitaría otra vez dos tercios de los votos para insistir.
El texto también crea una comisión de seguimiento. La integrarían legisladores de ambas cámaras, el Ministerio de Salud, el Consejo Federal de Salud (COFESA), la Sociedad Argentina de Pediatría y los gremios del sector, y tendría que publicar informes cada tres meses.