El Gobierno de Javier Milei decidió acelerar la discusión por la Ley de Semillas y preparar una propuesta propia después de que productores y semilleros no lograran acordar quiénes deberán pagar regalías por el uso de las innovaciones.
La Secretaría de Agricultura y el INASE volvieron a reunir el último lunes a los sectores involucrados y si bien las partes destacan el buen diálogo, las posiciones quedaron todavía alejadas en uno de los puntos centrales del debate. Por ahora, no está definido si el texto volverá a la mesa de diálogo para ser discutido con las entidades o si avanzará directamente hacia el Congreso.
El apuro oficial tiene además un componente internacional: el Gobierno asumió inicialmente ante Estados Unidos el compromiso de avanzar hacia la adhesión argentina al Acta UPOV 91, un cambio respaldado por las empresas semilleras pero resistido por las entidades rurales, que reclaman una modificación por Ley producto del consenso.
El punto más arduo de la discusión pasa por el denominado uso propio, es decir, el derecho de los agricultores a reservar parte de su propia cosecha para utilizarla como semilla en la siguiente campaña dentro de su explotación.
La discusión puede resumirse en una pregunta que atraviesa a los productores: si la semilla fue comprada y la tecnología ya fue pagada, por qué habría que volver a pagar regalías cuando se utiliza parte de esa cosecha como semilla
Las empresas semilleras plantean, en cambio, que debe existir algún mecanismo que les permita seguir cobrando por la propiedad intelectual y la tecnología incorporada a las semillas cuando estas vuelven a utilizarse en campañas posteriores.
Por eso, la discusión no pasa solamente por establecer si existe o no el uso propio, sino por determinar qué productores deberán pagar, cuáles quedarán exceptuados y durante cuánto tiempo deberá abonarse por una determinada tecnología.
Según indicaron a este medio fuentes al tanto de la negociación, las entidades rurales plantearon que el esquema de pago alcance al 83% de la superficie de soja y contemple a los productores ubicados en los segmentos 1, 2 y 3 del SISA.
Los semilleros, en cambio, proponen alcanzar al 95% de la superficie y extender el esquema hasta el segmento 6 del SISA.
La diferencia en superficie ronda el 12%, pero el impacto cambia cuando se observa la cantidad de productores. Según las posiciones discutidas en la mesa, las entidades plantean un universo cercano al 30% de los productores, mientras que la industria semillera busca llevarlo hasta aproximadamente el 60%.
En la última reunión, tanto las entidades rurales como los semilleros plantearon hasta dónde estaban dispuestos a avanzar. Sin embargo, quedaron varios puntos sin acuerdo y aparecieron además cuestiones que, según fuentes del sector, todavía no habían sido discutidas en profundidad.
Entre ellas, cuánto tiempo deberían pagar los productores por una determinada tecnología y cuál sería el alcance concreto de la eventual adhesión a UPOV 91.
La Sociedad Rural Argentina participó del encuentro a través de su director Tomás Palazón y, de forma protocolar, destacó en sus redes sociales la importancia de mantener el ámbito de diálogo. La entidad anticipó que esperará la propuesta oficial para analizarla y fijar posición.
Participamos de una reunión de trabajo realizada en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, en la que junto a representantes de distintos sectores de la producción y de la industria semillera planteamos nuestras posiciones e intercambiamos miradas con el Gobierno sobre una…
— Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) September 28, 2026
CONINAGRO, en tanto, estuvo representada por su presidente Lucas Magnano y sostuvo que el Gobierno evaluará la información recibida para elaborar una propuesta, aunque remarcó que el objetivo debería ser alcanzar un proyecto con el mayor consenso posible.
Uno de los extitulares de la entidad, Carlos Garetto, cuestionó el enfoque de la discusión y planteó que ningún nuevo evento tecnológico incorporado genéticamente a la semilla de soja tendría un impacto sobre la rentabilidad comparable con la eliminación de las retenciones.
Ningún evento tecnológico nuevo que se incorpore genéticamente en la semilla de soja, podrá igualar o mejorar la rentabilidad que se lograría con la eliminación de las retenciones.
— Carlos Garetto (@CarlosGaretto) September 27, 2026
Federación Agraria no participó del encuentro porque estaba realizando su Congreso anual.
El debate por la Ley de Semillas también está atravesado por el compromiso del Gobierno de avanzar hacia la adhesión al Acta UPOV 91, que establece un esquema de protección más amplio para los obtentores de nuevas variedades vegetales.
El cambio tiene especial importancia para el uso propio. Bajo el esquema actual, basado en la Ley de Semillas de 1973 y la adhesión argentina a UPOV 78, el productor conserva un margen para reservar semilla de su propia cosecha. Con UPOV 91, ese uso pasa a estar sujeto a condiciones y excepciones dentro del régimen de protección de las variedades.
Los semilleros respaldan ese cambio porque consideran que permitiría mejorar el recupero de las inversiones en investigación y desarrollo. Las entidades rurales, en cambio, buscan preservar un límite claro al cobro de regalías y sostienen que la modificación debe surgir de una discusión amplia entre todos los actores.
En medio del debate, el consultor y exsubsecretario de Mercados Agropecuarios Javier Preciado Patiño explicó a NewsDigitales que la discusión también debe leerse en clave regional, particularmente por la competencia tecnológica entre Argentina, Brasil y Estados Unidos.
“Somos colaboradores, cooperadores, pero somos básicamente competidores”, señaló.
En la entrevista con @newsdigitalesar con @andreslobato74 abordamos el tema #semillas y por qué la misma empresa que en Brasil registró 112 variedades, acá solo 7. pic.twitter.com/HipdGvO2g4
— Javier Preciado Patiño (@jpreciadopatino) September 24, 2026
Preciado Patiño marcó además la diferencia en el desarrollo de nuevas variedades de soja: según ejemplificó, Syngenta registró en los últimos tres años 112 nuevas variedades en Brasil y siete en Argentina.
“Los semilleros miran Brasil y dicen: la tecnología la llevo allá porque la recupero”, sostuvo el especialista, al explicar uno de los argumentos de la industria para reclamar cambios en el esquema argentino.
El Gobierno ahora deberá transformar las posiciones recogidas durante estos tres meses de conversaciones en un texto concreto. El interrogante que queda abierto es si habrá una nueva instancia de negociación antes de que la propuesta llegue al Congreso o si, ante la falta de acuerdo, cada sector pasará directamente a defender allí su posición.