Cifras con peso: denuncian a Bullrich y Monteoliva por los "30.000 terroristas" de Milei

Una cifra particularmente sensible en la historia argentina quedó en el centro de una denuncia penal. La abogada Valeria Carreras pidió investigar a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y a su antecesora, Patricia Bullrich, luego de que Javier Milei asegurara que el Gobierno expulsó del país a 30.000 personas a las que calificó como “terroristas”.

La presentación busca determinar de dónde surgió ese número, bajo qué criterios se habría identificado como terroristas a esas personas y qué información oficial respaldó las afirmaciones del jefe de Estado. Carreras pidió investigar posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, además de cualquier otra figura que pudiera surgir durante la investigación.

La controversia comenzó después de una entrevista que Milei brindó el domingo 27 de septiembre en LN+. “Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado”, afirmó el mandatario antes de asegurar que durante 2026 el número ya ascendía a otros 20.000.

Ante la consulta sobre quiénes eran esas personas, Milei sostuvo que se trataba de extranjeros que ingresaban al país para intentar “dinamitar el modelo argentino”. De esa manera, el Presidente habló de un total de 30.000 personas en menos de dos años bajo la calificación de terroristas.

La denuncia contra Bullrich y Monteoliva no implica que ambas hayan cometido los delitos señalados. Será la Justicia la encargada de analizar la presentación y determinar si existen elementos para avanzar con las medidas solicitadas.

Una cifra grabada en la memoria

Más allá del interrogante sobre el sustento de las declaraciones presidenciales, el número elegido tiene un peso particular en la Argentina.

Los 30.000 están profundamente asociados en la memoria colectiva del país a los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y constituyen desde hace décadas una de las referencias centrales de los organismos de derechos humanos y de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Por eso, utilizar esa misma cifra acompañada por la palabra “terroristas” adquiere inevitablemente una sensibilidad especial. No existen elementos que permitan afirmar que Milei haya elegido deliberadamente el número para establecer esa asociación, pero los 30.000 difícilmente puedan ser considerados una cifra desprovista de significado dentro de la historia argentina.

La controversia judicial, sin embargo, tiene un interrogante mucho más concreto: qué representan exactamente esos 30.000 casos y qué documentación permite identificarlos como personas vinculadas al terrorismo.

Los números oficiales abren interrogantes

Los registros conocidos hasta el momento no utilizan esa categoría para describir las cifras mencionadas por Milei.

Según datos del Ministerio de Seguridad, durante 2026 se contabilizaron 744 expulsiones y 18.947 “incidentes de entrada”, correspondientes a personas a las que se les impidió ingresar al país por diferentes razones legales o administrativas. Las estadísticas oficiales difundidas no califican esos casos como terrorismo.

Dentro de los 18.947 incidentes registrados entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, 8.008 correspondieron a infracciones migratorias; 6.298, a personas que intentaron ingresar sin documentación habilitante; 4.566, a impedimentos judiciales; 42, a residencias canceladas; y 33, a problemas con documentación falsa, adulterada o robada.

La distinción es central: una expulsión de una persona que ya se encuentra en territorio argentino no es equivalente a impedir un ingreso en frontera y ninguna de esas situaciones supone, por sí sola, una vinculación con actividades terroristas.

Carreras sostiene en su presentación que los datos de Migraciones correspondientes a 2025 registraron 772 expulsiones por distintas causales, sin identificar casos específicamente vinculados con terrorismo. Para 2026 menciona las 744 expulsiones y los 18.947 incidentes de entrada registrados oficialmente.

La diferencia llevó a la denunciante a reclamar que se determine cómo fueron identificadas como terroristas las personas mencionadas por Milei y si existió algún registro o tipificación formal que respaldara esa caracterización.

De gravedad absoluta si se ocultó información sobre ingreso de terroristas
De gravedad total si le mienten al presidente @JMilei
De gravedad todo escenario

https://t.co/vF6BMmjAz2

— Dra.Valeria Carreras (@dravaleria) September 29, 2026

Qué pide investigar la denuncia

Entre las medidas solicitadas, Carreras pidió que la Dirección Nacional de Migraciones informe todas las expulsiones y rechazos registrados durante 2025 y 2026, discriminados según sus causales y especificando aquellos eventualmente relacionados con terrorismo o delitos conexos.

También reclamó conocer cuántas de esas personas figuraban en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), sus nacionalidades, las fechas de las medidas y las resoluciones administrativas correspondientes.

Al Ministerio de Seguridad le solicitó además informes, memorandos y comunicaciones internas vinculados con personas consideradas terroristas o con posibles amenazas de infiltración extranjera, junto con la documentación que pudiera haber servido de sustento para las declaraciones del Presidente.

La presentación requiere asimismo información a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al fuero federal para establecer cuántas denuncias, imputaciones, procesamientos y condenas contra ciudadanos extranjeros por terrorismo, financiamiento del terrorismo o delitos conexos se registraron durante 2025 y 2026.

Carreras plantea finalmente tres escenarios posibles ante la diferencia entre los registros y la afirmación presidencial: que los datos oficiales sean incorrectos o incompletos, que la información expresada por Milei no se corresponda con ellos o que efectivamente hayan existido 30.000 casos relacionados con terrorismo.

La última posibilidad abriría, además, un interrogante de seguridad de enorme magnitud: implicaría que decenas de miles de personas vinculadas al terrorismo intentaron ingresar o permanecieron en la Argentina en menos de dos años.

La Justicia deberá determinar ahora si corresponde avanzar con la investigación y qué sustento tuvo la información expresada por el Presidente. Mientras tanto, la pregunta permanece abierta: de dónde salieron los “30.000 terroristas” y por qué una cifra tan cargada de historia argentina terminó utilizada para describir una realidad que los registros oficiales conocidos, hasta ahora, no presentan en esos términos.