José Antonio Kast participó en los homenajes al cabo segundo Cristopher Andrés Aguilera Fernández, asesinado durante un procedimiento policial en Lo Espejo. El presidente de Chile acudió al velorio en la parroquia institucional San Ramón junto con María Pía Adriasola y otras autoridades, donde acompañó a la familia y a funcionarios de Carabineros antes de la ceremonia fúnebre prevista para este martes.
Aguilera tenía 30 años, pertenecía a la 42ª Comisaría de Radiopatrullas y era padre de un niño de nueve meses. Murió después de recibir un disparo durante una fiscalización en el sector de Las Dunas. El Gobierno decretó duelo nacional para el 28, 29 y 30 de septiembre, y Kast encabezó además un minuto de silencio en La Moneda.
La respuesta presidencial no quedó limitada al duelo institucional. Kast pidió al Congreso acelerar la tramitación de la agenda presentada por su gobierno contra el crimen organizado y el terrorismo. El mandatario afirmó que los acontecimientos recientes obligan a avanzar con mayor rapidez, mientras el ministro de Seguridad, Martín Arrau, planteó la necesidad de coordinar esfuerzos políticos frente a la violencia.
El caso vuelve así a conectar un procedimiento policial concreto con una discusión más amplia sobre seguridad pública. Desde el Ejecutivo se plantea que las normas pendientes deben proporcionar nuevas herramientas para enfrentar organizaciones criminales, mientras el debate legislativo determinará cuáles de esas propuestas consiguen apoyo suficiente y qué modificaciones introducirán los parlamentarios.

Kast también vinculó públicamente el homenaje con el respaldo del Estado a Carabineros. Durante una actividad gubernamental sostuvo que la muerte de un funcionario policial representa una pérdida para el país y posteriormente acudió personalmente al velorio. En su mensaje tras la ceremonia afirmó que el Gobierno chileno mantendrá el combate contra el crimen organizado como una de sus prioridades.
El funeral de Aguilera cierra la despedida institucional, pero no la discusión que produjo su asesinato. El Congreso deberá resolver ahora el avance de los proyectos de seguridad mencionados por el Presidente, mientras la investigación judicial deberá establecer todos los antecedentes del ataque. Para el Gobierno de Kast, ambos planos quedan conectados: homenajear al funcionario fallecido y convertir la seguridad pública en una cuestión legislativa inmediata.