El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas extendió este 29 de septiembre por seis meses el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, hasta el 31 de marzo de 2027. La resolución obtuvo 12 votos a favor, ninguno en contra y las abstenciones de China, Rusia y Pakistán. La misión continuará trabajando junto con la Policía y las Fuerzas Armadas haitianas, con apoyo logístico de Naciones Unidas.
La decisión llegó pocas horas después de otro episodio que mostró la dificultad de recuperar territorio sin dejar expuesta a la población. En Artibonite, una unidad de la GSF expulsó a integrantes de una banda que operaban puestos ilegales de cobro y mató a tres de ellos. Tras la retirada de la fuerza, hombres armados regresaron a la zona y mataron al menos a 11 personas y quemaron viviendas, según autoridades locales.
El desafío principal ya no consiste solamente en disponer de autorización internacional, sino en completar el despliegue. La GSF fue concebida con una capacidad cercana a los 5.500 efectivos, pero el embajador estadounidense ante Naciones Unidas informó durante la sesión que actualmente hay más de 1.500 sobre el terreno y que otros 4.000 deberían incorporarse durante los próximos meses. El despliegue parcial ha obligado a concentrar recursos en determinadas áreas mientras las bandas mantienen presencia en otras regiones.
La crisis tampoco permanece concentrada en Puerto Príncipe. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que casi 1,5 millones de haitianos han sido desplazados, y cerca del 80% se encuentra actualmente fuera de la capital. Artibonite, una zona agrícola que anteriormente recibió a personas que escapaban de Puerto Príncipe, registra ahora nuevos desplazamientos por el avance de la violencia.

La extensión también cubre un período político especialmente delicado. Haití tiene previsto celebrar elecciones el 13 de diciembre, las primeras nacionales en aproximadamente una década, mientras los resultados finales están programados para marzo. La falta de seguridad ha sido durante años uno de los principales obstáculos para recuperar un sistema institucional elegido por voto popular.

La renovación, por tanto, no resuelve por sí sola la crisis haitiana. Los próximos seis meses servirán para comprobar si la misión puede pasar de un despliegue parcial a una presencia capaz de mantener las zonas recuperadas, proteger corredores estratégicos y permitir que las instituciones haitianas asuman progresivamente esas funciones. Naciones Unidas ha advertido que los avances obtenidos hasta ahora siguen siendo frágiles mientras las bandas conservan capacidad territorial y de reorganización.