Caso Chocolate Rigau: la dura respuesta sin grieta de los diputados de PBA

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires cuestionó la denuncia formulada por el juez de Garantías Guillermo Atencio, quien acudió a la Justicia tras el archivo de documentación vinculada con la investigación por el caso de Julio “Chocolate” Rigau.

A través de un comunicado, la Cámara defendió las garantías constitucionales que protegen a los integrantes del Poder Legislativo y sostuvo que “resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”.

El cuerpo legislativo citó el artículo 96 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que establece la protección de las opiniones y votos de los integrantes de ambas Cámaras cuando actúan en el ejercicio de sus cargos.

La declaración se conoció después de que Atencio presentara el 25 de septiembre una denuncia penal contra autoridades de la Cámara por el presunto delito de encubrimiento, a raíz del archivo de documentación que había sido requerida en el marco de la causa Rigau.

Qué cuestionó el juez Atencio

La denuncia del magistrado se produjo luego de que la Cámara archivara un requerimiento judicial destinado a obtener documentación que permitiera determinar qué legisladores habían impulsado las designaciones de empleados vinculados con la investigación sobre “Chocolate” Rigau.

La fiscal Betina Lacki había solicitado documentación administrativa relacionada con esos contratos y, ante la falta de entrega de la información, Atencio había ordenado una presentación para exigir los documentos.

Según trascendió, el juez consideró que debía investigarse si el archivo de esos expedientes podía constituir un “encubrimiento” u obstaculizar el avance de la investigación.

La denuncia quedó radicada ante la fiscalía de turno del Departamento Judicial de La Plata y dio origen a una investigación separada para determinar si existió alguna conducta delictiva.

La Cámara rechazó que haya existido ocultamiento de pruebas

Frente a ese planteo, la Cámara de Diputados bonaerense sostuvo que la resolución de archivo fue aprobada el 28 de mayo de 2026 por más de dos tercios del cuerpo, varios meses antes del requerimiento judicial que, según el Legislativo, ingresó el 19 de agosto.

Por ese motivo, la Cámara rechazó que haya existido un ocultamiento de pruebas y remarcó que la decisión fue adoptada públicamente, durante una sesión y con transmisión en vivo.

Además, el cuerpo legislativo señaló que, de acuerdo con la documentación analizada, los requerimientos administrativos mencionados en la denuncia no correspondían específicamente a la causa Julio Rigau, sino al expediente Rodríguez, relacionado con un hecho de hurto.

La situación del expediente Rigau

Respecto del expediente vinculado con Rigau, la Cámara aseguró que aportó a la Justicia la información que le fue requerida y afirmó que la investigación avanzó hasta ser elevada a juicio, con personas que permanecen privadas de su libertad.

El Legislativo bonaerense también indicó que respondió formalmente al requerimiento judicial y comunicó que las actuaciones habían sido archivadas administrativamente, decisión que posteriormente fue convalidada mediante un acto legislativo.

El caso “Chocolate” Rigau se inició luego de que el puntero político fuera encontrado con tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense cuyos salarios eran retirados en cajeros automáticos. La investigación busca determinar las responsabilidades vinculadas con ese esquema de contrataciones.

El planteo sobre la división de poderes

En su respuesta, la Cámara de Diputados también cuestionó que las facultades de control entre los distintos poderes del Estado puedan utilizarse “de manera abusiva para condicionar, limitar o inhibir el funcionamiento de otro poder”.

En ese sentido, sostuvo que el equilibrio institucional requiere preservar tanto la independencia del Poder Judicial como la autonomía del Poder Legislativo.

La controversia entre la Cámara y el juez Atencio quedó así vinculada a una discusión sobre el alcance de las facultades judiciales para requerir documentación a la Legislatura y las garantías constitucionales que protegen a los legisladores por sus opiniones y votos. La investigación deberá determinar ahora si existió algún delito en el accionar cuestionado por el magistrado.

ND