El fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la sentencia que había frenado la derogación de la Ley de Tierras irrumpió este martes en plena sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
El peronismo intentó convertir el rechazo a la decisión del máximo tribunal en una declaración institucional de la Legislatura, pero la moción impulsada por el jefe del bloque oficialista, Facundo Tignanelli, no consiguió los dos tercios necesarios y finalmente fue rechazada.
La discusión se produjo prácticamente en simultáneo con la difusión del fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La resolución revocó el pronunciamiento de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei había derogado la Ley 26.737.
La Corte, sin embargo, aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto: sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para promover esa acción judicial.
COMUNICADO - LA CORTE DECRETÓ QUE LA SOBERANÍA NO ES UN BIEN JURÍDICO Y PUSO A LA ARGENTINA EN VENTA pic.twitter.com/C7yFOoDqc4
— CECIM La Plata (@cecimlaplata) September 29, 2026
El jefe del bloque peronista en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, referente de La Cámpora, aprovechó el desarrollo de la sesión para plantear el rechazo al fallo de la Corte.
La intención del oficialismo provincial era que la Cámara expresara formalmente su repudio a la decisión del máximo tribunal, en una reacción política que se produjo pocas horas después de que se conociera la sentencia.
Sin embargo, la moción no alcanzó los dos tercios requeridos para avanzar. De esta manera, el intento del peronismo de transformar el rechazo al fallo en una declaración de la Cámara de Diputados bonaerense quedó frustrado.
En su intervención, Tignanelli vinculó el fallo con una discusión más amplia sobre el funcionamiento de las instituciones y el peso de la Justicia sobre las decisiones políticas. “¿Cuánto más tiene sentido que funcione nuestro país de esta manera?”, planteó.
Y agregó: “Porque es indudable que la democracia se encuentra totalmente restringida y tomada de rehén por tres tipos que responden a los intereses económicos transnacionales y que incluso buscan disciplinar a la dirigencia política”. También los tildó de “delincuentes”.
El dirigente también apuntó contra los bloques que no acompañaron el pedido de repudio y cuestionó que parte de la oposición mantenga posiciones críticas hacia la política nacional sobre Malvinas, pero no acompañara, según su interpretación, el rechazo al fallo.
“Me parece bien que quede claro que es el peronismo, Unión y Libertad, el bloque de Gustavo Cuervo y el de la Izquierda el que repudia el fallo”, sostuvo, y agregó: "El resto de los bloques se embanderan con Malvinas y es todo sarasa. No pueden repudiar el fallo de tres tipos que son unos delincuentes". Y siguió: “Hacen bravuconadas en los medios pero después no se la bancan cuando hay que levantar la manito”.
El trasfondo de la disputa es la decisión de la Corte Suprema sobre la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establecía un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.
La norma había fijado distintos límites para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Entre ellos se encontraba un tope general del 15% para la titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones por nacionalidad y superficie.
El DNU 70/2023, dictado al comienzo del gobierno de Javier Milei, derogó la Ley de Tierras a través de su artículo 154.
La aplicación de esa derogación había quedado judicialmente frenada después de una presentación realizada por el CECIM. En marzo de 2024, la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU y mantenido el régimen establecido por la Ley 26.737.
El Estado nacional apeló esa decisión y el expediente llegó finalmente a la Corte Suprema.
El máximo tribunal revocó ahora aquella sentencia, pero lo hizo por una cuestión vinculada con la legitimación del CECIM para iniciar la acción. Según la Corte, no estaba configurado un caso judicial que permitiera avanzar sobre el fondo de la discusión.
Uno de los aspectos centrales del fallo es que la Corte no resolvió si el artículo 154 del DNU 70/2023 es constitucional.
El máximo tribunal consideró que la organización de excombatientes no estaba habilitada para promover la demanda porque no podía invocar un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo en los términos planteados.
La Corte sostuvo que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.
De esta manera, el tribunal dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras, pero no reemplazó ese pronunciamiento por una declaración expresa de constitucionalidad del DNU.
El efecto concreto de la decisión es que vuelve a quedar vigente la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023 y, por lo tanto, dejan de aplicarse los límites específicos que establecía esa norma para la propiedad extranjera de tierras rurales.
La Ley de Tierras había establecido un conjunto de restricciones que ahora dejan de regir como consecuencia de la derogación.
El principal era el límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales. Ese porcentaje se aplicaba sobre el territorio nacional y también de manera individual para cada provincia y departamento o municipio.
Además, dentro de ese porcentaje, las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no podían superar el 30% de la superficie correspondiente a la titularidad extranjera.
La ley también establecía límites para la superficie que podía adquirir un mismo titular extranjero. En la denominada zona núcleo, por ejemplo, se fijaba un máximo de 1.000 hectáreas, con parámetros equivalentes para otras regiones.
Otro de los límites estaba relacionado con los inmuebles que contenían o lindaban con cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
La derogación de la Ley 26.737 elimina específicamente ese régimen de restricciones. No significa, sin embargo, que desaparezcan todas las regulaciones aplicables a la propiedad rural o a las operaciones inmobiliarias en el país.
La misma corte corrupta integrada por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti que tiene secuestrada y proscripta a @CFKArgentina, ahora habilita la venta de nuestra tierra.
— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 29, 2026
No a la extranjerizacion de la tierra y libertad a Cristina, porque es inocente y la queremos presidenta. pic.twitter.com/wIyAbrrIke
La diputada provincia, Mayra Mendoza, también reaccionó al fallo y vinculó la decisión judicial con el debate político sobre el endeudamiento de las familias y las políticas del Gobierno nacional.
“Tuvimos un contraste fuerte. Por un lado, diputados y diputadas de la provincia que trabajamos para llevarles a los y las bonaerenses un alivio ante su endeudamiento creciente, causado por un gobierno que les desordenó la vida para ordenarse con el FMI”, escribió.
Y contrastó esa discusión con el fallo de la Corte: “Por el otro, casi a igual hora, el mismo bloque de poder real que lleva a la miseria al pueblo argentino, expresado en la Corte Suprema de ¿Justicia?, se llevó por delante la ley de tierras que hace semanas fue respaldada por la mayoría del Congreso y del pueblo en las calles”.
Finalmente, la quilmeña también proyectó la disputa hacia el escenario electoral: “En 2027, la disyuntiva va a ser clara: políticos que obedecen a su pueblo o que lo someten obedeciendo a poderes que nadie ni siquiera conoce ni viven en nuestro país, pero se sirven de él”.