30/09/2026 - Edición Nº1331

Política

Legislatura

La Cámpora pidió acelerar una Ley de Tierras en PBA: extranjeros y 22 municipios clave

30/09/2026 | Hay dos proyectos ya presentados. Facundo Tignanelli busca un rápido tratamiento tras caerse la ley nacional del 2011.



La decisión de la Corte Suprema de revocar el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras volvió a abrir una discusión que parecía haber quedado en segundo plano: qué límites deben existir para la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros.

El fallo del máximo tribunal tuvo un efecto concreto: al dejar sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, quedó nuevamente vigente la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por el Gobierno de Javier Milei.

En ese escenario, dos proyectos que ya habían ingresado a la Cámara de Diputados bonaerense cobraron una nueva dimensión.

Se trata de las iniciativas de Sofía Vannelli, del massismo, y de Noelia Saavedra, vinculada a la intendenta de Moreno Mariel Fernández, que plantean crear un régimen propio para limitar la extranjerización de tierras rurales y reforzar las herramientas de control provincial.

El pedido de Tignanelli para acelerar los proyectos

La discusión regresó al recinto de Diputados bonaerense este martes, prácticamente en simultáneo con la difusión del fallo de la Corte.

El jefe del bloque peronista, Facundo Tignanelli, referente de La Cámpora, intentó que la Cámara expresara su rechazo a la decisión del máximo tribunal. La moción no alcanzó los dos tercios necesarios y fue rechazada.

Pero, además de cuestionar el fallo, Tignanelli puso el foco en los proyectos de ley que ya se encuentran en la Legislatura y pidió acelerar su tratamiento en las comisiones.

El planteo modifica el escenario en el que esas iniciativas habían sido presentadas. Cuando Vannelli y Saavedra ingresaron sus proyectos, el temor dentro del peronismo bonaerense estaba puesto en otro frente: que el Gobierno nacional consiguiera avanzar en el Congreso con una reforma de la Ley de Tierras incluida dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ese escenario finalmente no se concretó.

Milei retiró el capítulo de tierras del proyecto de propiedad privada

En medio de un clima adverso, La Libertad Avanza decidió retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba el régimen de tierras rurales, ante la falta de consenso para aprobarlo en el Senado.

La iniciativa oficial originalmente planteaba modificaciones profundas a la Ley 26.737. El capítulo establecía cambios sobre las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

Finalmente, el Senado avanzó con una versión modificada del proyecto de propiedad privada, pero sin ese capítulo.

Así, el temor que había funcionado como uno de los argumentos para impulsar una legislación bonaerense específica quedó momentáneamente desplazado. La decisión de la Corte, sin embargo, volvió a cambiar el escenario.

Qué establecía la Ley de Tierras de 2011

La Ley 26.737 fue sancionada el 22 de diciembre de 2011 y estableció un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.

Entre sus principales restricciones fijaba un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre tierras rurales. Ese porcentaje se computaba tanto sobre el territorio nacional como sobre cada provincia y municipio o departamento, según correspondiera.

Además, una misma nacionalidad extranjera no podía concentrar más del 30% del porcentaje permitido y un mismo titular extranjero no podía superar las 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, o la superficie equivalente establecida para otras regiones. La norma también establecía restricciones sobre inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.

El DNU 70/2023 derogó esa legislación a través de su artículo 154. La Justicia había frenado esa derogación a partir de una demanda del CECIM, pero ahora la Corte revocó aquella sentencia por una cuestión procesal vinculada con la legitimación de la organización para iniciar la acción.

El proyecto de Sofía Vannelli: límites, registro y control provincial

La iniciativa de Sofía Vannelli propone crear el "Régimen de Protección al Dominio Estratégico sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales en la Provincia de Buenos Aires".

El proyecto tiene como punto de partida el control sobre la titularidad catastral y dominial de las tierras rurales y establece límites específicos para personas físicas y jurídicas extranjeras.

Uno de los ejes centrales es mantener un límite del 15% para la titularidad o posesión extranjera sobre el territorio bonaerense. También establece que una misma nacionalidad extranjera no pueda superar el 30% de ese porcentaje.

A su vez, fija un máximo de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la zona núcleo, con superficies equivalentes determinadas según la ubicación y las características productivas del terreno.

La propuesta también contempla prohibiciones específicas para inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, así como para determinadas zonas de seguridad de frontera.

Otro aspecto relevante es la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales y de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales, integrado por las áreas provinciales de Justicia, Desarrollo Agrario, Ambiente, Gobierno y Seguridad.

El proyecto también prevé un relevamiento catastral, dominial y de personas jurídicas para conocer quiénes son los titulares y poseedores de las tierras rurales.

El proyecto de Noelia Saavedra agrega zonas estratégicas y beneficiarios finales

La iniciativa presentada por Noelia Saavedra comparte buena parte de la estructura del proyecto de Vannelli, pero incorpora herramientas adicionales de control.

Además de establecer un límite del 15% para la titularidad extranjera, propone identificar al beneficiario final de sociedades, fideicomisos, fondos de inversión, sociedades controlantes o cualquier otra estructura jurídica utilizada para adquirir, administrar, explotar o controlar tierras rurales.

Ese punto busca evitar que una sociedad constituida en Argentina sea utilizada formalmente como titular mientras el control efectivo se encuentra en manos extranjeras.

El proyecto establece también que la falta de identificación del beneficiario final impediría emitir el certificado de habilitación y realizar la inscripción registral de la operación.

La Zona Núcleo: los 22 municipios incluidos en el proyecto

Uno de los puntos específicos de la iniciativa de Saavedra es la definición de la denominada Zona Núcleo bonaerense, donde un mismo titular extranjero no podría superar las 1.000 hectáreas, de acuerdo con el artículo 13 del proyecto.

El artículo 14 enumera 22 partidos que quedarían comprendidos dentro de esa zona: Leandro N. Alem, General Viamonte, Bragado, General Arenales, Junín, Alberti, Rojas, Chivilcoy, Chacabuco, Colón, Salto, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento, San Andrés de Giles, Pergamino, Arrecifes y Carmen de Areco.

Se trata, en buena medida, de distritos ubicados en el corazón productivo de la provincia. La delimitación no es nueva: esos mismos partidos bonaerenses ya habían sido identificados como parte de la Zona Núcleo por la reglamentación de la Ley Nacional de Tierras de 2011. El decreto reglamentario estableció además que, para determinar equivalencias de superficie, debían considerarse factores como productividad de los suelos, clima, valor ambiental, características sociales y culturales y los recursos naturales involucrados.

En el proyecto bonaerense, esa referencia adquiere especial importancia porque el tope de 1.000 hectáreas se aplicaría específicamente sobre los titulares extranjeros alcanzados por la norma.

El proyecto de Saavedra suma zonas de protección territorial estratégica

La propuesta de Saavedra incorpora además un capítulo específico sobre "zonas de protección territorial estratégica".

Allí incluye cuencas hídricas, humedales, islas, costas, áreas naturales protegidas, reservas, zonas de producción de alimentos, cinturones hortícolas, áreas periurbanas, territorios de agricultura familiar y sectores vinculados con políticas de hábitat e integración sociourbana.

En esos lugares, cualquier operación que implique dominio, posesión, tenencia, control o aprovechamiento económico por parte de personas o empresas extranjeras requeriría autorización previa de la autoridad provincial.

La autorización debería ser denegada cuando la operación pudiera afectar, según el proyecto, el acceso al agua, la producción local de alimentos, la agricultura familiar, los recursos naturales, el equilibrio ambiental o la planificación territorial.

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