por Redacción NewsDigitales
Un número quedó en el centro de un nuevo capítulo de la disputa entre el Gobierno y las universidades públicas: 312,19%. Es la inflación acumulada que el juez federal Martín Cormick tomó como referencia al analizar si el Poder Ejecutivo cumplió con la medida cautelar que ordenó aplicar puntos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario.
La conclusión del magistrado fue que el Estado no acreditó el cumplimiento total de la orden judicial. Por eso, volvió a intimarlo y le otorgó un plazo de cinco días para avanzar con lo dispuesto, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, multas ante un eventual incumplimiento.
La resolución del titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 llegó luego de que el Gobierno cuestionara la intimación anterior y sostuviera que ya había cumplido con las obligaciones establecidas por la cautelar. Cormick mantuvo su criterio, amplió sus fundamentos y volvió a exigir el cumplimiento.

Uno de los principales puntos de la controversia pasa por los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas.
La cautelar alcanza al artículo 5° de la Ley 27.795, que establece un mecanismo de actualización salarial desde diciembre de 2023. Al revisar la documentación aportada, Cormick reconoció que el Estado acreditó convocatorias a negociaciones paritarias y la efectivización de órdenes de pago.
Sin embargo, para el juez esos elementos representan un cumplimiento parcial: consideró que no quedó acreditado que los aumentos y actualizaciones hayan sido calculados con las variables de ajuste establecidas por la propia ley.
Es en ese punto donde aparece el número que endureció la discusión. Cormick tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y señaló que la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y junio de 2026 alcanzó el 312,19%.
Según sostuvo el magistrado, de la documentación presentada por el Ejecutivo no surge que las actualizaciones salariales hayan alcanzado ese incremento.
El Gobierno, por su parte, había informado un aumento acumulado del 226,8% desde diciembre de 2023 y defendió que esa recomposición superaba la inflación correspondiente al período que tomó como referencia. También señaló la reapertura de las negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.
De esta manera, la diferencia entre los parámetros utilizados por el Ejecutivo y el juzgado quedó en el centro del expediente y fue uno de los elementos considerados para sostener que todavía no se acreditó el cumplimiento total de la cautelar.

La discusión no se limita a los salarios. Cormick también puso la lupa sobre el artículo 6° de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla la recomposición de los programas de becas estudiantiles de acuerdo con la variación acumulada del IPC.
En su presentación judicial, el Estado sostuvo que la única beca alcanzada por los términos de la Ley 27.795 era la Manuel Belgrano y planteó que ni Progresar ni las becas de Enfermería quedaban comprendidas de la misma manera.
El juez consideró que esa interpretación tampoco permitía acreditar el cumplimiento de la cautelar, debido a que la norma contempla la recomposición de los distintos programas de becas y el propio Estado informó haber avanzado únicamente sobre uno de ellos.
Así, salarios y asistencia estudiantil quedaron como los dos puntos sobre los cuales la Justicia considera que todavía falta acreditar el cumplimiento integral de lo ordenado.
La nueva resolución ratifica la intimación que Cormick había dictado el 22 de septiembre. La medida cautelar se encuentra firme y había quedado respaldada luego de que la Corte Suprema rechazara en junio un recurso extraordinario presentado por el Gobierno.
Ahora, el Poder Ejecutivo vuelve a tener un plazo de cinco días para dar cumplimiento a lo dispuesto en relación con salarios y becas universitarias.
Si la Justicia determina que el incumplimiento continúa una vez vencido ese plazo, el magistrado podrá avanzar con la aplicación de astreintes, sanciones económicas destinadas a forzar el cumplimiento de una decisión judicial.
La discusión por el financiamiento universitario suma así un nuevo capítulo: mientras el Gobierno sostiene que avanzó en el cumplimiento de la cautelar, el juez considera que la documentación presentada todavía no demuestra que se hayan alcanzado todos los parámetros establecidos por la ley.