Los diputados bonaerenses de La Cámpora Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto presentaron un proyecto de ley que propone crear un Régimen Integral de Prevención y Regulación de las Apuestas en Línea en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa busca modificar las reglas para los operadores autorizados, reforzar los mecanismos de identificación y protección de los usuarios, restringir fuertemente la publicidad y crear nuevas herramientas contra las plataformas clandestinas.
El proyecto también plantea que parte de los recursos generados por la actividad sean destinados a políticas de salud mental, prevención y tratamiento de la ludopatía, fortalecimiento de clubes y entidades comunitarias y becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento.
El proyecto parte de una definición política y conceptual: sus autores proponen utilizar la expresión “apuestas en línea” y evitar el término “juego” para describir la actividad.
“Se tocan grandes intereses, es una pelea que hace falta dar y la vamos a llevar adelante”, sostuvo Tignanelli al presentar la iniciativa.
El titular del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense cuestionó además el destino de las ganancias generadas por el sector. “Estas empresas todos los meses sustraen de la economía de la provincia una suma exorbitante, una parte menor de sus ganancias queda en el país ya que más del 70% de las utilidades se giran al exterior”, afirmó.
Y agregó: “Vienen generando un daño muy grande desde hace mucho tiempo, creemos que es necesario regularlas, controlarlas y hacer que empiecen a pagar. Llamarlas juego es una trampa, son lugares donde se realizan apuestas”.
Uno de los principales cambios propuestos apunta directamente al acceso a las plataformas.
El proyecto establece que las cuentas sean personales e intransferibles y obliga a los operadores a utilizar reconocimiento biométrico facial en tiempo real para verificar la identidad y la mayoría de edad.
La comprobación deberá realizarse al abrir una cuenta, en cada inicio de sesión, al depositar o retirar fondos y cuando se superen determinados montos de apuesta que serán definidos por la reglamentación.
Además, se incorporan herramientas de “apuestas responsables”. Entre ellas:
La inscripción voluntaria en el Registro de Autoexclusión produciría el bloqueo inmediato en todas las plataformas autorizadas y el cierre de las cuentas, con devolución del saldo disponible dentro de los diez días hábiles.
Otra de las novedades centrales es la posibilidad de que una persona pueda ser incorporada al Registro de Autoexclusión por orden judicial.
El proyecto habilita al cónyuge o conviviente, familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad y al Ministerio Público a solicitar ante un juez una restricción cautelar de acceso a las apuestas online cuando existan indicios objetivos de juego compulsivo, problemático o patológico.
La iniciativa establece que el juez deberá resolver, como regla general, dentro de las 48 horas y contempla mecanismos de revisión de la medida.
A la vez, aclara que la restricción no implica una limitación de la capacidad jurídica de la persona y que deberá utilizarse el medio menos restrictivo posible de su autonomía.

El proyecto también apunta a uno de los principales mecanismos de promoción de las plataformas: la publicidad.
Toda campaña deberá contar con autorización previa, expresa y específica del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. La exigencia alcanzaría también a la publicidad dirigida a la provincia desde fuera de su territorio. La iniciativa prohíbe la publicidad en la vía pública, espacios públicos, transporte público y otros espacios privados de acceso público.
Además, no podrá estar dirigida a menores de 18 años ni utilizar imágenes, voces o recursos destinados a captar a ese público.
Toda publicidad autorizada deberá incluir las leyendas: “Prohibida la participación de personas menores de dieciocho años” y “Apostar no es un juego”, además de los canales oficiales de asistencia.
También se prohíben los bonos de bienvenida, apuestas gratuitas, créditos, bonos de recarga, programas de fidelización, beneficios por referidos y otros incentivos destinados a promover o prolongar las apuestas.

La iniciativa establece que los operadores no podrán presentar las apuestas como una inversión, una fuente de ingresos o una solución económica.
También quedaría prohibido asociarlas con el éxito social, profesional, deportivo o afectivo, sugerir que la habilidad reduce el efecto del azar o utilizar mensajes que generen presión o urgencia para apostar.
Un punto particular es la prohibición de utilizar la palabra “juego” o recursos que presenten la actividad como lúdica, recreativa o de entretenimiento.
Incluso se propone restringir el uso de imágenes generadas o alteradas mediante inteligencia artificial cuando simulen hechos reales, testimonios, resultados o experiencias vinculadas con las apuestas.