por Redacción NewsDigitales
A más de cinco años de la sanción de la Ley 27.610, el acceso al aborto legal se mantuvo estable durante 2025, aunque con un creciente peso de las provincias para sostener la política. Así lo señala el nuevo reporte anual de Proyecto Mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto con Ibis Reproductive Health.
El relevamiento contabilizó 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público de 20 provincias, una cifra sin variaciones significativas respecto del año anterior en las mismas jurisdicciones. La tasa fue de 7,45 abortos cada mil mujeres de entre 15 y 49 años, prácticamente igual a la registrada en 2023.
Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires concentraron los mayores números absolutos, con 41.446, 9.341 y 9.458 procedimientos, respectivamente. En conjunto representaron el 72% de los casos informados.
“Que se hayan realizado más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público, en 20 provincias argentinas, similar a lo observado el año anterior es un buen indicador”, sostuvo Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del CEDES y el CONICET.

El informe pone el foco, sin embargo, en el financiamiento. Según Proyecto Mirar, 13 provincias utilizaron presupuesto propio para comprar insumos destinados a abortos seguros ante la discontinuidad de esas adquisiciones por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Se trata de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
“Frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra de mifepristona y misoprostol, el acceso se mantiene con mucho esfuerzo en 13 provincias que lo sostienen con presupuesto propio”, señaló Romero.
El reporte también calcula una caída del 57% entre 2023 y 2026 en el presupuesto del Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable. Según el estudio, la reducción de las compras de anticonceptivos hizo que la cobertura pasara de más de 1,2 millones de personas en 2024 a unas 63 mil en 2026.
Actualmente, de acuerdo con el relevamiento, existen 1.846 establecimientos públicos que realizan interrupciones voluntarias o legales del embarazo, un número similar al registrado en 2023. El 70% pertenece al primer nivel de atención.

Además, 11 jurisdicciones informaron que alrededor del 90% de los abortos se realizaron dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
El estudio también repasó la evolución de algunos indicadores demográficos. Durante la última década, la fecundidad cayó un 69% entre las niñas de 10 a 14 años y un 70% entre adolescentes de 15 a 19 años.
En el plano judicial y legislativo, Proyecto Mirar registró 38 causas iniciadas contra la Ley 27.610 desde su aprobación: 35 fueron rechazadas y tres continúan en trámite ante la Corte Suprema. Durante 2025 y 2026 se presentaron además 75 proyectos vinculados con la normativa, aunque las iniciativas destinadas a limitar su aplicación no tuvieron tratamiento en los recintos.
Para Silvina Ramos, socióloga e investigadora del CEDES, el escenario muestra que, pese a las dificultades de financiamiento, la política logró sostenerse en buena parte del territorio. El principal desafío, planteó, pasa ahora por mantener esa capacidad de respuesta provincial frente a la reducción de recursos nacionales.