por Redacción NewsDigitales
La relación que el empresario Marcelo Porcel había construido con los amigos de sus hijos y sus familias quedó en el centro de una causa que ahora llegará a juicio oral. El acusado está imputado de haber abusado sexualmente y corrompido a por lo menos diez adolescentes que frecuentaban sus casas, oficinas y distintas reuniones que él mismo organizaba.
El juez Carlos Bruniard, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, dio por terminada la etapa de instrucción y dispuso la elevación del expediente, luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazara los planteos de la defensa.
Por sorteo, el proceso quedó radicado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14. Todavía no fue fijada una fecha para el comienzo del debate. La acusación estará representada por la Fiscalía N°14 ante los tribunales orales, encabezada por Fernando María Klappenbach.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, quien en junio había pedido que Porcel fuera enviado a juicio.
De acuerdo con la acusación, los episodios habrían ocurrido entre 2022 y 2024 y tuvieron como víctimas a chicos de entre 11 y 15 años. Los encuentros se desarrollaban principalmente en propiedades del imputado ubicadas en Palermo y Puerto Madero, aunque también fueron investigados hechos en oficinas, viajes y otras actividades sociales.
La fiscalía describió un mecanismo basado en el vínculo de confianza que Porcel mantenía con los adolescentes y en la posición de adulto responsable que ocupaba cuando los menores quedaban a su cuidado.
Según el requerimiento de elevación, los chicos relataron que el empresario los incentivaba a tomar bebidas alcohólicas, quitarse prendas y mostrar sus genitales. También aseguraron que les hablaba sobre experiencias sexuales propias y que, en algunas oportunidades, los llevaba a saunas donde permanecían semidesnudos.
Para el fiscal, esas conductas formaron parte de un esquema de captación y manipulación que aprovechaba la diferencia de edad y la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

Uno de los elementos considerados relevantes durante la investigación fueron los peritajes realizados sobre los dispositivos electrónicos de Porcel. Allí, según consta en la acusación, se encontraron fotografías de menores desnudos.
“Del cuadro probatorio se evidencia que el imputado se aprovechó del estado de indefensión de los menores de edad, quienes se encontraban en muchos casos vulnerables ante el estado de ebriedad en que se encontraban y al cuidado de un supuesto adulto responsable”, sostuvo Turano en su requerimiento.
La fiscalía también señaló que algunos adolescentes habrían recibido ofrecimientos de dinero para exhibir sus partes íntimas frente a Porcel y otras personas.
Porcel llegará al debate acusado de abuso sexual agravado por haber configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante y por aprovechar una situación de guarda, en perjuicio de diez víctimas.
También se le atribuyen hechos de corrupción de menores agravada por la situación de guarda y otros doblemente agravados porque algunas de las víctimas tenían menos de 13 años. A eso se suma una imputación por producción de representaciones sexuales de un menor de 18 años.
Entre los delitos atribuidos aparecen figuras que contemplan penas de hasta 20 años de prisión.
La causa comenzó en 2024, después de que adolescentes y sus familias denunciaran situaciones ocurridas durante encuentros en los domicilios, oficinas y actividades organizadas por el empresario.
En abril de este año, Bruniard procesó a Porcel sin prisión preventiva y ordenó un embargo por $111.564.950.

Un mes después, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó el procesamiento. Los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López rechazaron tanto el recurso de la defensa como el pedido de prisión preventiva presentado por la querella.
Sin embargo, dispusieron que Porcel utilizara un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización. También ordenaron entregar a las víctimas dispositivos duales de alerta para advertir eventuales incumplimientos de las restricciones de acercamiento.
Con la instrucción ya cerrada, el expediente ingresará ahora en la etapa que definirá públicamente la responsabilidad penal del empresario por los hechos denunciados.