Clima digital
02/10/2026 - Edición Nº1333
Política
DIPUTADOS
La Alameda respaldó en el Congreso dos proyectos contra la trata y los prostíbulos
02/10/2026 | Las iniciativas de Carolina Basualdo y Alejandra Torres modifican las penas por trata y proponen un régimen nacional de clausura de prostíbulos.
La lucha contra la trata de personas volvió a ocupar un lugar en la agenda del Congreso a partir de dos proyectos de ley que buscan intervenir sobre distintos aspectos del fenómeno. Una iniciativa apunta a modificar las penas para las conductas vinculadas con la trata, mientras que la otra propone prohibir y clausurar establecimientos que puedan funcionar como ámbitos de explotación sexual.
Los proyectos fueron presentados por las diputadas Carolina Basualdo y Alejandra Torres y recibieron el respaldo público de la Fundación Alameda, organización que participa desde hace años en investigaciones y denuncias relacionadas con la trata de personas y distintas formas de explotación.
Se trata de los expedientes 4949-D-2026 y 4948-D-2026, que plantean herramientas diferentes dentro de una misma estrategia: intervenir tanto sobre las estructuras vinculadas con la trata como sobre los espacios donde puede desarrollarse la explotación.
Cambios en las penas
El proyecto 4949-D-2026 concentra su propuesta en el plano penal. El texto plantea incrementar las penas correspondientes a distintas conductas vinculadas con la captación, traslado, recepción o acogida de personas con fines de explotación y contempla circunstancias capaces de agravar la responsabilidad penal.
La iniciativa parte de considerar que la trata constituye una cadena de acciones en la que pueden intervenir diferentes personas y estructuras. Por eso, el proyecto busca ampliar la respuesta penal frente a las distintas etapas que pueden preceder o integrar una situación de explotación.
El debate, en este punto, excede la determinación de las penas. También involucra la capacidad de las investigaciones para identificar a quienes intervienen en las estructuras de trata, seguir el circuito económico y avanzar sobre los beneficios obtenidos mediante la explotación.
Un régimen para prohibir y clausurar establecimientos
El segundo proyecto, identificado como 4948-D-2026, aborda el fenómeno desde el funcionamiento de determinados establecimientos. La iniciativa propone prohibir, en jurisdicción federal, la instalación, funcionamiento, administración, promoción y explotación de lugares destinados a la explotación sexual, entre ellos whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, casas de tolerancia, saunas y casas de masajes con oferta sexual. También alcanza a agencias de acompañantes y locales de alterne.
El proyecto contempla además la clausura de los establecimientos alcanzados por la prohibición y establece restricciones para que los organismos estatales otorguen o renueven habilitaciones correspondientes a esas actividades. Uno de los aspectos centrales del texto es precisamente la relación entre la explotación sexual y las habilitaciones administrativas.
Mar Chiquita: jornada de sensibilización sobre trata y explotación de personas.
— Gustavo Vera (@gustavoveraok) September 28, 2026
En el marco del 23 de septiembre, Día contra la Trata y la Explotación Sexual, junto al intendente @WWischnivetzky, nos reunimos con equipos territoriales, comunidad educativa y poder judicial. pic.twitter.com/s5VvMYEUrE
La propuesta establece que los actos administrativos que autoricen el funcionamiento de establecimientos alcanzados por la prohibición sean considerados nulos.
El antecedente de la Ciudad de Buenos Aires
La propuesta tiene un antecedente en la legislación porteña. En 2016, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley 5639, impulsada por el entonces legislador Gustavo Vera, que modificó el régimen de habilitaciones y eliminó determinadas categorías de establecimientos y denominaciones comerciales asociadas con esas actividades.
La norma también contempló la caducidad de habilitaciones cuando se verificaran situaciones relacionadas con la explotación de la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual o trata de personas. Una década después, el debate aparece nuevamente, aunque con un alcance jurídico diferente. El proyecto presentado en el Congreso busca establecer prohibiciones en jurisdicción federal y, al mismo tiempo, promover la adhesión de las provincias.
No hay desarrollo posible si la educación no dialoga con el sistema productivo.
— Alejandra Torres (@Ale_Torres60) August 5, 2026
La creación del Colegio Tecnológico Preuniversitario de la UTN Córdoba marca exactamente el rumbo que necesitamos tomar: formar jóvenes en robótica, automatización y transformación digital.
Conectar… pic.twitter.com/FQhkXbWqWf
La cuestión tiene una dimensión constitucional: las competencias de la Nación y de las provincias no son idénticas. Por eso, la iniciativa no plantea simplemente reemplazar las regulaciones provinciales por un régimen único, sino establecer un marco federal e invitar a las jurisdicciones locales a adherir.
La clausura no alcanza si no hay asistencia
Otro de los puntos incorporados al proyecto es la situación de las personas encontradas en los establecimientos intervenidos. La iniciativa prevé mecanismos de asistencia médica, psicológica y jurídica, además de herramientas de emergencia económica, documentación, regularización migratoria y reinserción social y laboral.
El eje resulta relevante porque una clausura, por sí misma, no resuelve una eventual situación de explotación. La intervención estatal también debe permitir identificar a las víctimas, garantizar su asistencia y activar los mecanismos previstos por la legislación vigente. El proyecto incorpora, además, criterios vinculados con situaciones de vulnerabilidad y contempla supuestos en los que determinadas circunstancias puedan dificultar la acreditación de identidad, domicilio u otras condiciones personales.
La captación también aparece en las redes sociales
Los proyectos incorporan una dimensión que modificó las formas tradicionales de captación: Internet y las redes sociales. Entre las herramientas previstas aparecen acciones de prevención relacionadas con falsas ofertas laborales, plataformas de mensajería y mecanismos de captación digital, junto con la difusión de la Línea 145, destinada a recibir denuncias y brindar orientación frente a situaciones vinculadas con la trata.
De esta manera, la discusión legislativa no queda limitada al establecimiento físico donde puede producirse la explotación. También contempla el momento previo, cuando el contacto con una potencial víctima puede producirse mediante una oferta laboral falsa, una conversación en redes sociales o una plataforma de mensajería.
