Un año sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario: ¿cuánto perdieron los docentes?

Este viernes 2 de octubre, se cumple el primer aniversario de una fecha muy relevante para las Universidades Nacionales argentinas.

Es que hace un año, el Senado de la Nación logró alcanzar la mayoría agravada necesaria para voltear el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Con 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones queda aprobada la insistencia en la sanción del proyecto de ley que fuera vetado por el PEN sobre financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente

— Senado Argentina (@SenadoArgentina) October 2, 2025

Ese día, a las 18.30 horas, 58 senadores ratificaron que la Ley debía cumplirse, 24 más de lo que se necesitaban.

No obstante, habiendo transcurrido un año, el Ejecutivo sigue sin acatar lo dictado por el Poder Legislativo.

¿Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario?

La Ley 27.795 establece que los salarios universitarios deben actualizarse en un porcentaje no inferior a la inflación informada por el INDEC.

En función de los datos oficiales, el IPC acumulado desde diciembre de 2023 a julio de 2026 es de 336%, mientras que los salarios universitarios se actualizaron 227%.

Por ende, para cumplir la Ley, los salarios debieran aumentar un 33,4%. Ese es el reclamo de los gremios universitarios.

¿Cuánto perdieron los docentes desde la asunción de Milei?

Transcurridos casi 3 años de gestión libertaria, la pérdida del poder de compra de los salarios universitarios es millonaria.

A septiembre de 2026, los sueldos compran 26,4% menos que en noviembre de 2023. En el caso de los salarios que no están alcanzados por la garantía, la pérdida alcanza el 35%.

En todo el proceso, los docentes de las universidades públicas argentinas han perdido 9,36 sueldos: un deterioro enorme de la capacidad adquisitiva.

Las últimas noticias judiciales

El juez federal Martín Cormick intimó el pasado 22 de septiembre al Gobierno Nacional a cumplir con la ejecución de las partidas presupuestarias previstas en la Ley 27.795 para gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación.

Le otorgó 5 días al Ejecutivo para dar efectivo cumplimiento a la Ley. De lo contrario, comenzarían a correr multas por cada día de demora.

Una vez más, el gobierno libertario apeló el fallo, sin ningún sustento jurídico. El miércoles 30, Cormick volvió a intimar al Poder Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar en 5 días, que considerando los hábiles, vencerán el próximo 7 de octubre.

Mientras tanto, los gremios y la comunidad universitaria se preparan para marchar por quinta vez en todo el país, el próximo jueves 15 de octubre.