El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó este viernes el Decreto 1935. El decreto ordena al Fiscal de Estado de la provincia iniciar acciones judiciales contra la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La medida apunta al artículo 154 del DNU 70/2023, el decreto con el que el presidente Javier Milei eliminó en diciembre de 2023 los límites a la compra de campos por parte de extranjeros. Ese artículo volvió a regir el martes 29 de septiembre, cuando la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo que lo mantenía frenado.
Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales, y ante el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros, instruí al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes para… pic.twitter.com/1kolYPqzMl
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) October 2, 2026
"Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido", escribió Passalacqua en X.

La Ley de Tierras prohibía que los extranjeros tuvieran más del 15% de la tierra rural de cada departamento. En Misiones, al menos cuatro departamentos ya estaban por encima de ese tope, según el Observatorio de Tierras (Conicet-UBA), que trabaja con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales:
Iguazú, donde están las Cataratas, tiene casi el 40% de su superficie rural en manos de personas o empresas extranjeras: más del doble de lo que permitía la ley. Los cuatro departamentos están sobre el río Paraná, en la frontera con Paraguay, y en todos pesa el capital chileno.
En toda la provincia, el 11,29% de la tierra rural es de extranjeros. Es la segunda más alta del país, detrás de Salta (11,40%), según datos oficiales de agosto de 2026.
Esos porcentajes superaban el tope porque la ley no obligaba a vender lo que ya estaba en manos extranjeras: solo frenaba las compras nuevas. Con la Ley 26.737 vigente, en esos departamentos no podían sumarse más dueños de afuera. Sin la ley, sí pueden.
Además de ese tope del 15%, la ley ponía otros tres límites:
Hay una regla que sigue en pie: en las zonas de seguridad de frontera rige el Decreto-Ley 15.385 de 1944, que exige una autorización previa del Estado para que un extranjero compre.

El Decreto 1935 lleva también la firma del ministro de Coordinación General de Gabinete, Carlos Sartori. No fija un camino judicial concreto: deja en manos del Fiscal de Estado elegir las vías "técnicamente más oportunas".
Según el texto, la derogación deja a la provincia en "absoluta desprotección legal y vulnerabilidad institucional". También afirma que afecta "la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social" de Misiones.
No es su primer rechazo. En agosto, cuando el Gobierno intentó cambiar la Ley de Tierras en el Senado, Passalacqua impulsó el lema "Lo que se ama no se vende".

El fallo lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional el artículo 154 en una causa del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Para la Corte, esa asociación no estaba habilitada para hacer el reclamo.
Ante las críticas, el tribunal aclaró el jueves que "sólo se decidió un aspecto procesal". También dijo que el fallo no impide que "toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar". Milei respaldó la sentencia: "De eso se trata el republicanismo".
Con @Nicolas_Massot presentamos una cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras.
— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) October 2, 2026
Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros. Tras el fallo… pic.twitter.com/cr6z5mqdz9
Misiones no es la única que fue a tribunales. Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, presentaron una cautelar en el fuero Contencioso Administrativo para suspender el artículo 154. Buscan que las compras hechas mientras no hay límites no queden firmes después. "Lo que se pierda en estas dos semanas puede no recuperarse aunque el Congreso restablezca los límites", advirtió Massot.
La oposición pidió una sesión especial en la Cámara de Diputados para el jueves 15 de octubre a las 14, con el objetivo de rechazar todo el DNU 70/2023. El Senado ya lo rechazó en marzo de 2024, así que para que el decreto caiga falta el rechazo de Diputados. Según Clarín, a la oposición le faltan al menos 15 diputados para conseguir quórum. El Gobierno apuesta a que no lo logre.